‘Pacto de Valledupar’ planteaba excarcelaciones y cambios en la extradición de exparamilitares

Un nuevo escándalo rodea a la polémica ’Paz Total’ del expresidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta del denominado ‘Pacto de Valledupar’, en el que el Gobierno habría intentado que exjefes paramilitares declararan sobre Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Los fines serían meramente políticos y se iban a dar en plena época preelectoral.

El ‘Pacto de Valledupar’, que reunió en octubre de 2025 a representantes del gobierno Petro con excomandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), dejó un documento que no se conoció públicamente en su momento y que permite reconstruir parte de los compromisos discutidos durante aquellos encuentros.

Se trata de una declaración conjunta de dos páginas, fechada el 24 de octubre de ese año, en la que ambas partes establecieron tareas para avanzar en el cierre del proceso de paz iniciado hace más de dos décadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La logística para el traslado a Valledupar de exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, Edward Cobos, Rodrigo Pérez, Carlos Mario Jiménez y Fredy Rendón Herrera la adelantó el Inpec por orden del Ejecutivo. Los exjefes paramilitares estuvieron en un centro de eventos reunidos con altos funcionarios como Angie Rodríguez, Armando Benedetti, Víctor de Correa-Lugo y Jorge Lemus.

De acuerdo con información de El Tiempo, se ese encuentro quedó un documento titulado ‘Declaración de Valledupar por el cierre del proceso de paz con las extintas autodefensas’ y aparece identificado como el Comunicado Conjunto No. 1. Su contenido da cuenta de una agenda que incluía la actualización de los planes de trabajo de los exjefes paramilitares, la organización de información relacionada con su participación en el conflicto armado, el reconocimiento de los obstáculos que enfrentó la desmovilización y la búsqueda de acompañamiento de organismos internacionales.

La declaración surge de las reuniones realizadas entre el 22 y el 24 de octubre de 2025, cuando delegados del Ejecutivo y antiguos integrantes de las AUC se encontraron en la capital del Cesar para poner en marcha un mecanismo que permitiera abordar los asuntos pendientes del Acuerdo de Santa Fe de Ralito. Aunque en aquella oportunidad el Gobierno anunció la instalación de un comité técnico, el contenido del comunicado muestra los compromisos que las partes dejaron consignados al término de las sesiones.

Uno de los primeros asuntos abordados fue la responsabilidad de los exintegrantes de las autodefensas frente a las víctimas del conflicto. La declaración establece: “Reconocemos la voluntad de paz de las partes hacia un mejor país. En este sentido, los Gestores de Paz reiteran su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación, para garantizar el valor supremo de la no repetición y la reparación integral de las víctimas”.

Esta manifestación precede uno de los apartados que permite identificar el propósito de los encuentros. Las partes reconocieron que las jornadas de Valledupar constituían el comienzo de un trabajo dirigido a terminar formalmente el proceso que había permitido la desmovilización de las estructuras paramilitares. “Reconocemos, igualmente, que estos días de trabajo son un punto de partida hacia un proceso, cuya meta fundamental es el cierre del proceso de paz entre el Estado colombiano y las extintas Autodefensas Unidas de Colombia”, señala el comunicado.

Otro de los puntos del documento aborda el tratamiento que se daría a la información relacionada con la actuación de las AUC durante el conflicto armado. El comunicado introduce una distinción entre los testimonios entregados por los antiguos comandantes y el trabajo que correspondería desarrollar a la instancia creada para acompañar el proceso. “La verdad de la participación de las Autodefensas en el conflicto armado ya ha sido ampliamente dicha y corresponde a la Mesa Técnica la organización, sistematización y divulgación de la información ya disponible”, establece el texto.

Aunque el documento no menciona a Uribe, De la Espriella ni a Vargas Lleras, ni tampoco ordena suspender o modificar extradiciones, sí incorpora esa figura entre los mecanismos que el Estado se comprometía a estudiar para los que se vincularan al cierre del proceso de Ralito, como lo buscaba el presidente Petro.

“El Estado estudiará mecanismos legales como la reubicación carcelaria, la extradición, las tareas de los gestores de paz en los centros de reclusión, la acumulación jurídica de penas, etc. como incentivos para las personas comprometidas en este cierre”, finaliza el documento.

La inclusión de este punto, junto con eventuales beneficios carcelarios, quedó en el centro de las críticas de sectores opositores, que expresaron sus reparos y pidieron a los entes de control una investigación profunda.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del exministro del Interior Armando Benedetti y en contra de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez por el presunto intento de instrumentalización de los exjefes paramilitares para que declararan contra Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, con fines electorales en el llamado ‘Pacto de Valledupar’.

La decisión se conoció luego de las recientes declaraciones de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quienes señalaron que el encuentro, presentado inicialmente como un espacio institucional, habría tenido un propósito diferente al que se expuso públicamente. Según las denuncias, durante esa reunión se habría buscado que antiguos integrantes de las autodefensas entregaran testimonios contra varios dirigentes políticos.

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