La respuesta del municipio bonaerense de Colón, que conduce Waldemar Giordano (Unión por la Patria), al pedido de información realizado por la Sociedad Rural local y productores independientes por el destino de los fondos de las tasas de Marcas y Señales y de la Red Vial abrió un nuevo capítulo en el conflicto por el estado de los caminos rurales. Tras presentar un detalle de ingresos, gastos, recursos provinciales, maquinaria y trabajos realizados, el abogado representante de productores y la entidad rural, Pablo Torres Barthe, cuestionó duramente la información y anticipó que pedirán documentación adicional.
En diálogo con LA NACION, sostuvo que la respuesta oficial no permite conocer con precisión qué ocurrió con los recursos y que, en lugar de despejar las dudas planteadas por los productores, incorporó nuevos interrogantes: “El informe es muy escueto, por eso vamos a pedir la rendición de cuentas; la que se presentó en el Tribunal de Cuentas, y no esta paparruchada. No hay especificaciones de nada”.
Su principal cuestionamiento apunta a la forma en que el municipio presentó los gastos, donde para calcular el costo del servicio vial no tomó únicamente los desembolsos directamente relacionados con los caminos, sino que incorpora “gastos indirectos prorrateados” correspondientes al funcionamiento de distintas áreas de la administración.
En el caso de la tasa de Marcas y Señales, la Municipalidad informó que recaudó $5,57 millones en 2023, $15,43 millones en 2024 y $33,45 millones en 2025. Hasta el 31 de agosto de 2026 ingresaron $52,53 millones.
Al mismo tiempo, informó gastos de recaudación y fiscalización por $2,62 millones en 2023, $7,14 millones en 2024 y $10,87 millones en 2025. A esos montos sumó salarios, aportes y cargas sociales del personal administrativo afectado por $4,28 millones, $12,18 millones y $17,38 millones, respectivamente.
La comparación muestra que, bajo esos conceptos, en 2023 y 2024 los gastos superaron la recaudación, mientras que en 2025 los ingresos quedaron por encima de los gastos informados. En 2023 el resultado fue negativo en unos $1,3 millones y en 2024 en casi $3,9 millones. En 2025, en cambio, hubo un resultado positivo de unos $5,2 millones.
Para Torres Barthe, sin embargo, la explicación del municipio sobre la tasa de Marcas y Señales genera más preguntas: “Dicen que en 2023 en control de Marcas y Señales ingresaron alrededor de $5 millones, pero ¿cómo van a gastar $2 millones en controlar el pago de la tasa?”. Y agregó que en 2024 se habrían destinado más de $7 millones y en 2025 unos $10 millones a ese concepto.
El abogado también puso el foco en la separación entre recaudación y fiscalización y los salarios del personal. “El concepto de recaudación y fiscalización no incluye los salarios del personal que lo hace. ¿Qué es eso?”, planteó. Y cuestionó que se informaran gastos superiores a los ingresos de la tasa en algunos ejercicios.
Según dijeron en la Sociedad Rural local, la entidad le alquila al municipio la oficina de Marcas y Señales por un valor de $80.000 por mes, pero nunca se lo pudieron cobrar: “Necesitamos cubrir gastos y todas las oficinas pagan un pequeño alquiler. Senasa paga $100.000 y, Fucosa, luz y gas. Ahora los del municipio quieren hacer un contrato de alquiler y dicen que nos van a pagar”.
Pero el punto central de su crítica está en la Red Vial Rural. Según el informe municipal, los gastos directos operativos afectados en un 100% a la Red Vial e Hidráulica fueron de $76,69 millones en 2023, $248,1 millones en 2024 y $461,43 millones en 2025. Hasta agosto de 2026, ese concepto acumulaba $461,68 millones. Allí se incluyen maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal de campo.
El problema, según el abogado, aparece cuando esos números se contrastan con la partida que el propio municipio identifica como “Obras Específicas de Infraestructura”, destinada en un 100% a puentes y caminos rurales. Allí la ejecución fue de $3,11 millones en 2023 y cero peso en 2024 y 2025. Para 2026, hasta el 31 de agosto, se informaron $15,65 millones.
“En 2023, en gastos operativos gastaron $76 millones; eso incluye, dice el informe, maquinaria, combustible, repuestos, insumos y personal para hacer una obra de $3 millones”, señaló Torres Barthe. Y fue más allá al analizar los dos ejercicios siguientes: “En 2024 fue peor porque gastaron $248 millones para hacer cero obra. Igual que en 2025, que gastaron $461 millones para hacer nada”.
La diferencia entre gasto operativo y obra específica es, precisamente, uno de los aspectos que atraviesa toda la discusión. La Municipalidad sostuvo que los cientos de millones imputados a gastos operativos corresponden al funcionamiento de la red vial. Pero, bajo la partida específica para infraestructura de puentes y caminos rurales, el documento no registra ejecución en 2024 ni en 2025.
A esos gastos se suman los costos que la comuna incorporó mediante un sistema de prorrateo. Para Recaudación y Fiscalización, asignó a la Red Vial el 20% del compromiso: $52,58 millones en 2023, $142,86 millones en 2024 y $217,43 millones en 2025.
También se imputó otro 20% correspondiente a Administración y Gestión, donde incluyó dirección técnica, logística de cuadrillas, compras, alquiler del inmueble del corralón municipal y supervisión de obras viales. Los montos fueron de $47,22 millones en 2023, $141,30 millones en 2024 y $221,26 millones en 2025.