Por qué las clínicas advierten sobre una larga crisis, qué efectos llegan a los pacientes y qué le piden al Gobierno

Desde su punto más crítico, la brecha se redujo a la mitad en los últimos años, pero incluso así resulta amplia y, según referentes del sector, es un indicador de un problema heterogéneo, de larga data y con consecuencias para gran parte de la población.

De acuerdo con datos elaborados por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra-Cedim), haría falta una suba de 26% de los montos cobrados a los financiadores del sistema para empatarle al incremento promedio del costo del servicio, si se toma como punto de partida diciembre de 2020, un momento ya avanzado de la pandemia de Covid.

Alegando que la actividad necesita abordar “temas de acuciante necesidad” y con una particular alusión al caso de los prestadores del PAMI, cinco entidades nacionales (Adecra, Acami, Capress, Confeclisa y Salud Federal) y más de 30 instituciones de carácter local que representan a clínicas, sanatorios y hospitales privados, le pidieron dos semanas atrás “una audiencia de manera urgente” al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, frente a quien buscan exponer su situación y sus propuestas de medidas fiscales y de otras políticas enfocadas al sector.

Según se afirma en la carta enviada al funcionario, los prestadores privados concentran más de la mitad de las instituciones y de las camas de internación. Por eso, se advierte, “el cierre de clínicas afecta a sus trabajadores, al sistema de salud y a la comunidad toda”.

En julio pasado hubo en el Boletín Oficial una señal de la situación. El último día de ese mes, el Gobierno prorrogó, una vez más y ahora hasta el 31 de diciembre próximo, la suspensión del inicio de juicios ejecutorios ante el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de centros de salud. Dado ese paraguas protector, desde hace años hay entidades que acumulan deudas con el Estado.

La citada medida -la resolución 1158 del Ministerio de Economía- es una respuesta provisoria frente a un problema no menor que lleva ya más de dos décadas. Según afirmó, al participar este año del VIII Congreso de Salud Adecra+Cedim Enrique Camerlinckx, director general del Sanatorio Mater Dei, en el país hay unas 5000 instituciones de salud “virtualmente quebradas”, bajo la protección “de un sistema que les permitió no pagar impuestos ni contribuciones”. Se refirió, así, a la imposibilidad de ARCA de tomar acciones para hacer cumplir con las obligaciones. La estimación sobre el número de entidades fue hecha por Adecra un tiempo atrás.

En el último informe de precios de prestaciones y módulos elaborado por Adecra se sostiene que en el segundo trimestre de este año hubo una suba de esos ingresos del 6,8%, en tanto que el alza interanual fue de 30,5%. Ese indicador está referido a los importes que paga, por un conjunto de 17 prestaciones y módulos específicos, un grupo de financiadores del sistema de diferentes lugares del país.

Pero hay una heterogeneidad significativa, que hace que se diferencie la situación de las entidades según de qué financiadores dependen más. La medicina prepaga, según se consigna, otorgó “en el mejor de los casos” un aumento trimestral del orden del 8,3% (similar al del primer trimestre), mientras que el PAMI solo dio en junio un incremento del 1,9% sobre los valores de diciembre de 2025, y la obra social IOMA, de la provincia de Buenos Aires, modificó los aranceles en un 6,1% en el trimestre, mientras que entre enero y marzo había dado un alza de 3%.

En la nota enviada por las entidades a Santilli, se señala que las instituciones prestadoras del PAMI “padecen una combinación de atraso en los valores retributivos, dificultades financieras y problemas operativos que comprometen progresivamente” su sustentabilidad, al estar atadas a un “modelo retributivo” casi no actualizado en dos años.

Un relevamiento de la asociación de clínicas muestra, por otra parte, que el costo de los principales insumos prestacionales subió, en promedio, un 6% entre abril y junio y un 13,4% en el primer semestre, al tiempo que los precios promedio de las prestaciones avanzaron un 6,8% y un 14% en cada caso. Eso permitió una muy leve baja de la brecha entre las variaciones acumuladas de costos y de ingresos de los prestadores, que se redujo a partir de 2024, luego de que en diciembre de 2023 llegara al 57%, en un contexto marcado por controles para el aumento de las cuotas de las prepagas.

Según el economista Jorge Colina, asesor de Adecra y presidente del instituto Idesa, hubo varios momentos críticos para el financiamiento del sector. Uno se inició en 2012, con el estancamiento del PBI; en 2018, la ecuación se complicó por la crisis cambiaria y el repunte inflacionario. Y en la temprana pospandemia, el gobierno de Alberto Fernández “se enamoró”, según Colina, del modelo de cuotas de prepagas congeladas o con pocas y controladas subas, pese al alza de costos.

“Se soportó por el respirador de los subsidios a los salarios”, resumió Colina, respecto del tiempo en que, sin subas en las cuotas de las prepagas, tampoco las hubo para los prestadores, y en referencia a los planes de pandemia, cuando el Estado afrontaba parte de los sueldos del sector privado.

En el inicio de la gestión de Javier Milei, los precios de los planes de salud quedaron liberados, luego de que por decreto de necesidad y urgencia se derogara el mecanismo de regulación. Las subas inmediatas fueron de una magnitud importante y, según directivos del sector, reflejó parte del nivel de retraso acumulado. Pero esos aumentos afectaron fuertemente los bolsillos de los afiliados, impactados al mismo tiempo por otros reajustes de precios y sin la contraparte de un aumento en sus ingresos.

En los primeros meses, el Gobierno no reaccionó ante las altas subas de las cuotas de las prepagas, pero sí lo hizo tras las denuncias de la oposición y, de hecho, se generó un conflicto que terminó con un acuerdo en el ámbito de la Justicia, que implicó la devolución de algunos montos a los afiliados.

No hubo, ni en ese momento ni en otros de las últimas décadas, algún planteo oficial que haya avanzado y que buscara abordar los problemas de financiamiento del sector sin que la única respuesta sea la suba de cuotas de los planes de salud.