Hacienda confirma que los centros de datos deberán pagar el Impuesto de Actividades Económicas a los ayuntamientos

Hacienda confirma que los centros de datos deberán pagar el Impuesto de Actividades Económicas a los ayuntamientos. / Javier Cebollada

Los centros de datos que prestan servicios de nube, gestión y protección de información deben tributar por el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en los municipios donde estén ubicados. Así lo establece una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, un criterio que cobra relevancia para Extremadura ante los grandes proyectos anunciados en Mérida, Badajoz, Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros tras la polémica sobre la tributación de estas instalaciones en Aragón.

La respuesta de Hacienda encuadra esa actividad en el grupo 845 del impuesto, denominado 'Explotación electrónica por cuenta de terceros', que únicamente tiene asignada una cuota municipal. Por tanto, para los servicios descritos en la consulta, no contempla sustituirla por una cuota nacional que cubra la actividad en toda España. El criterio sitúa la tributación en el municipio donde radique el establecimiento desde el que se prestan efectivamente los servicios. Si la empresa realiza otras actividades, como montaje, venta o reparación de equipos o construcción del edificio, deberá darse de alta en las rúbricas que correspondan.

La cuestión ha generado controversia en Aragón después de conocerse que Amazon Web Services abona en Madrid el IAE correspondiente a los centros de datos que tiene en la comunidad. Según la información recogida por la Cadena SER, la compañía viene tributando mediante una cuota nacional, una situación que ha llevado a representantes empresariales aragoneses a reclamar que estos ingresos se queden en el territorio donde se desarrolla la actividad.

El debate pone el foco en el retorno económico de estas instalaciones para los municipios que las reciben. A las inversiones y los empleos anunciados se suma la recaudación tributaria que puede generar su funcionamiento, una aportación distinta de los ingresos vinculados a la construcción de los complejos. Como referencia, la documentación de la primera ampliación de los centros de datos de Amazon en Aragón contempla una previsión de unos 523.000 euros anuales de IAE entre cuatro municipios.

El alcance de las consultas vinculantes no queda limitado a una comunidad autónoma. La Ley General Tributaria establece que la Administración debe aplicar sus criterios a otros contribuyentes cuando exista identidad entre los hechos y circunstancias de estos y los recogidos en la respuesta. Por ello, el encaje de la actividad de cada empresa resulta determinante.

La región ha situado los centros de datos entre sus grandes apuestas para atraer inversión industrial y tecnológica. La plataforma pública Invest in Extremadura cifraba el pasado febrero en más de 6.000 millones de euros las inversiones comprometidas durante el último año en tres grandes iniciativas relacionadas con estas instalaciones y la inteligencia artificial.

Una de ellas es Lusitanus, promovida por FRV en ExpacioMérida, con una inversión anunciada de 2.800 millones de euros y unos 240.000 metros cuadrados. A ella se suma Nostrum Evergreen, impulsada por Ingenostrum en la Plataforma Logística de Badajoz, con una inversión prevista próxima a los 2.000 millones y una potencia proyectada de 300 megavatios.

Recreación del futuro centro de datos de Badajoz. / Nostrum Evergreen

El tercer bloque corresponde a Merlin Properties y Edged, con campus planteados en Navalmoral de la Mata y Valdecaballeros. Las iniciativas se encuentran en distintas fases de tramitación, por lo que todavía no puede concretarse qué recaudación aportarán a las arcas locales cuando entren en funcionamiento.

La aplicación del criterio tributario requiere distinguir qué servicios prestará cada sociedad. En el caso de Navalmoral, el anuncio ambiental publicado en el DOE del 22 de mayo describe el proyecto como una instalación destinada a proporcionar emplazamiento y soporte físico a equipos informáticos de terceros mediante el alquiler de las instalaciones.

Esa descripción obliga a diferenciar entre la empresa que ofrece la infraestructura y los operadores que puedan instalarse en ella para prestar servicios tecnológicos. La consulta aborda una actividad que incluye servicios de nube, gestión y protección de datos, alojamiento y conectividad; su aplicación a los proyectos extremeños dependerá de las funciones que efectivamente desempeñe cada empresa.

El importe final tampoco es uniforme para todos los centros. Influyen la superficie computable, la cifra de negocios, los coeficientes municipales y las posibles bonificaciones, además de las exenciones que resulten aplicables. La consulta aclara el lugar de tributación de determinados servicios, pero no fija cuánto pagará cada instalación.