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La Federación valora los nuevos aranceles europeos, pero advierte de que no bastan para garantizar la competencia en igualdad de condiciones

El alcalde de Cádiz, Bruno García , ha anunciado que no subirá los impuestos municipales en 2027. Así lo ha confirmado este martes durante su participación en La Mirada Económica , el encuentro promovido por ABC-La Voz que ha congregado en el hotel Parador de Cádiz a las principales autoridades de la provincia. El foro cuenta con el patrocinio de CaixaBank, Bayport, el Puerto de Cádiz y Moneleg. Bajo la moderación de Javier Rodríguez, jefe de área de La Voz de Cádiz, la conversación ha trazado un diagnóstico completo de la capital. Durante el coloquio se han abordado cuestiones clave como la despoblación que sufre la ciudad desde hace años, el acceso a la vivienda, la tasa turística, el estado de la deuda municipal y el avance de proyectos estratégicos como el nuevo Hospital Regional. En este sentido, el regidor ha remarcado que, al igual que en los ejercicios anteriores bajo su mandato, «no se van a subir los impuestos en 2027» . Bruno García ha recordado que a su llegada al Ayuntamiento se encontraron con «una deuda de 101 millones», una cifra que en la actualidad se ha reducido a «76 millones, un 28% menos», fijando como meta antes de las elecciones municipales de mayo de 2027 «bajarla un 30%».Pese al rigor financiero, el alcalde ha subrayado que esta senda «no impide seguir invirtiendo en la ciudad», garantizando que «los proyectos importantes avanzan, lentamente, pero avanzan» . En este sentido, García ha detallado que Cádiz tiene asegurados «150 millones de euros en proyectos», de los cuales 20 ya se han ejecutado, 53 se encuentran en fase de ejecución y otros 77 están garantizados. «Tenemos asegurado el futuro de la inversión para los próximos años, y esto es muy importante», ha enfatizado.«Desde que llegamos no hemos subido los impuestos, no lo hemos hecho en tres años y medio y no lo vamos a hacer ahora», ha asegurado. En palabras del alcalde, «el problema de la financiación de un municipio no se arregla subiéndose los impuestos», sino que «las ciudades necesitamos una mejor financiación» .Otra de las vías sobre la mesa para captar recursos es la tasa turística, una herramienta de financiación que municipios vecinos como Chiclana ya han anunciado que pretenden aplicar, con un precio de tres euros por pernoctación, y que Cádiz también busca impulsar. «Hay dos caminos: que el Gobierno central habilite una normativa para poder aplicarla o que la Junta de Andalucía autorice a los ayuntamientos», ha expuesto el regidor. Llegados a este punto, García considera que la clave reside en la concertación: «Lo mejor es hablarlo con el sector y generar la posibilidad de hacerlo. Me gustaría avanzar de la mano del sector turístico» .El problema de la despoblaciónPara el alcalde, el verdadero desafío de la capital gaditana pasa por atajar la sangría demográfica. «El principal problema de la ciudad, nuestro gran reto, es la despoblación . Hemos perdido población y frenar esa curva es algo fundamental y lo que más nos preocupa», ha admitido Bruno García. Para revertir esta tendencia, el regidor ha fijado dos pilares estratégicos: «La vivienda y el empleo, que son los dos elementos que permiten a una familia asentarse y desarrollar un proyecto de vida».El alcalde ha señalado que la despoblación se puede atajar o combatir a través del fomento del empleo y la vivienda. En materia laboral ha destacado el liderazgo del sector naval: «La construcción naval funciona gracias al esfuerzo conjunto de las empresas auxiliares y de Navantia. Ningún astillero de Navantia en España presenta los números de Navantia Cádiz; estamos en un enclave geográfico fundamental en el mundo que nos consolida en logística y reparación de cruceros». Asimismo, ha subrayado el peso de la Economía Azul que representa el 17% del PIB local, el potencial del sector logístico y la pujanza de los servicios, donde ha situado «tres motores clave: la cultura, el turismo y el comercio».En cuanto a la responsabilidad directa de la administración local, el regidor ha abogado por adecuar la oferta formativa «a la realidad y exigencias de las empresas» y por acometer una simplificación de los trámites: «Las administraciones públicas no estamos respondiendo a la agilidad que nos requiere la sociedad civil; los procesos deberían ser mucho más ágiles» .Para lograrlo, García ha defendido que la certidumbre económica es indispensable: «Tener un presupuesto aprobado cada año aporta una estabilidad intangible muy positiva. El Ayuntamiento ha contado con cuentas anuales durante todos los ejercicios de nuestro gobierno, algo que casi nadie puede decir, y ya estamos elaborando las de 2027», ha remarcado, recordando que en etapas anteriores solo se aprobaban en «los años pares».En el capítulo de vivienda, uno de los ejes clave contra la despoblación, el primer edil ha aportado datos para ilustrar el impulso constructor en la ciudad, donde actualmente se contabilizan 1.063 licencias o solicitudes de obra (503 promovidas por particulares en 39 ubicaciones distintas).Respecto a la vivienda de protección oficial (VPO), ha detallado que hay 560 inmuebles en marcha: 291 impulsados por el sector privado, 67 por la Junta de Andalucía, ninguno por el Gobierno central y 202 por el propio Ayuntamiento. «El objetivo es superar las 200 y estamos en el camino de garantizar 273 nuevas viviendas» .En el plano de las grandes transformaciones urbanísticas de la capital, el regidor se ha referido al proyecto de Navalips, la macrooperación en los suelos del polígono exterior de la Zona Franca orientada a regenerar este enclave de extramuros y generar volumen residencial. «Navalips es un proyecto fundamental para la ciudad. Desde el primer día lo hemos defendido porque es una actuación bien promovida por la Zona Franca que busca generar masa crítica y dinamismo en Cádiz», ha destacado Bruno García. El desarrollo proyecta la construcción de 800 viviendas en la zona, repartidas a partes iguales entre 400 de renta libre y 400 de protección oficial (VPO), lo que convierte a este ámbito en una de las bolsas residenciales más importantes de la ciudad. «En ese camino estamos. Creo que se puede avanzar más y, como Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo posible», ha aseverado el alcalde, quien ha aprovechado para pedir mayor celeridad al Gobierno en la tramitación urbanística: «La Zona Franca ha hecho bien su trabajo, pero el impulso del Gobierno de España debe ser mayor».La lentitud en proyectos claves para la ciudadLa lentitud administrativa y los dilatados plazos en las grandes infraestructuras ha sido otro de los ejes del coloquio. «En veinte años he visto la Ciudad de la Justicia en dos ubicaciones distintas. Honestamente, son proyectos complejos que llevan su tiempo, pero para sacarlos adelante hace falta voluntad, presupuestos, diálogo y capacidad de acuerdo», ha reflexionado Bruno García, quien ha sacado pecho de la colaboración entre administraciones: «Mi experiencia en estos tres años y medio de gobierno ha sido estrechar lazos con la Diputación y la Junta para desatascar proyectos».Ha citado el desbloqueo del futuro Hospital Regional, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento, la Zona Franca y la Junta. «La Junta ya ha consignado 50 millones de euros en su presupuesto. La licitación se recurrió, pero se va a volver a sacar de inmediato» , ha explicado el regidor, que prefiere huir de los plazos para la colocación de la primera piedra: «No me atrevo a dar una fecha exacta, pero lo crucial es que el consejero de Salud ha puesto el dinero y ha iniciado la licitación. Más que la fecha de la foto, lo relevante es que el hospital está encaminado y se va a hacer». En ese mismo paquete de compromisos encarrilados, el alcalde ha situado la rehabilitación de Valcárcel, el Teatro Pemán y la reconstrucción del pabellón Portillo.
El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado que no subirá los impuestos municipales en 2027. Así lo ha confirmado este martes durante su participación en La Mirada Económica, el encuentro promovido por ABC-La Voz. El foro cuenta con el patrocinio de CaixaBank, colaborador principal, Bayport, el Puerto de Cádiz, Moneleg e Hidralia. Han acudido el director general de ABC Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart, la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, el delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, el Secretario III de la mesa del Parlamento Andaluz, Ignacio Romaní, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, la delegada de la Junta, Mercedes Colombo, el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y el presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, Javier Sánchez Rojas.
Bajo la moderación de Javier Rodríguez, delegado de La Voz de Cádiz, la conversación ha trazado un diagnóstico completo de la capital. Durante el coloquio se han abordado cuestiones clave como la despoblación que sufre la ciudad desde hace años, el acceso a la vivienda, la tasa turística, el estado de la deuda municipal y el avance de proyectos estratégicos como el nuevo Hospital Regional.
En este sentido, el regidor ha remarcado que, al igual que en los ejercicios anteriores bajo su mandato, «no se van a subir los impuestos en 2027». Bruno García ha recordado que a su llegada al Ayuntamiento se encontraron con «una deuda de 101 millones», una cifra que en la actualidad se ha reducido a «76 millones, un 28% menos», fijando como meta antes de las elecciones municipales de mayo de 2027 «bajarla un 30%».
Pese al rigor financiero, el alcalde ha subrayado que esta senda «no impide seguir invirtiendo en la ciudad», garantizando que «los proyectos importantes avanzan, lentamente, pero avanzan». En este sentido, García ha detallado que Cádiz tiene asegurados «150 millones de euros en proyectos», de los cuales 20 ya se han ejecutado, 53 se encuentran en fase de ejecución y otros 77 están garantizados. «Tenemos asegurado el futuro de la inversión para los próximos años, y esto es muy importante», ha enfatizado.
«Desde que llegamos no hemos subido los impuestos, no lo hemos hecho en tres años y medio y no lo vamos a hacer ahora», ha asegurado. En palabras del alcalde, «el problema de la financiación de un municipio no se arregla subiéndose los impuestos», sino que «las ciudades necesitamos una mejor financiación».
Otra de las vías sobre la mesa para captar recursos es la tasa turística, una herramienta de financiación que municipios vecinos como Chiclana ya han anunciado que pretenden aplicar, con un precio de tres euros por pernoctación, y que Cádiz también busca impulsar. «Hay dos caminos: que el Gobierno central habilite una normativa para poder aplicarla o que la Junta de Andalucía autorice a los ayuntamientos», ha expuesto el regidor. Llegados a este punto, García considera que la clave reside en la concertación: «Lo mejor es hablarlo con el sector y generar la posibilidad de hacerlo. Me gustaría avanzar de la mano del sector turístico».
Para el alcalde, el verdadero desafío de la capital gaditana pasa por atajar la sangría demográfica. «El principal problema de la ciudad, nuestro gran reto, es la despoblación. Hemos perdido población y frenar esa curva es algo fundamental y lo que más nos preocupa», ha admitido Bruno García. Para revertir esta tendencia, el regidor ha fijado dos pilares estratégicos: «La vivienda y el empleo, que son los dos elementos que permiten a una familia asentarse y desarrollar un proyecto de vida».
El alcalde ha señalado que la despoblación se puede atajar o combatir a través del fomento del empleo y la vivienda. En materia laboral ha destacado el liderazgo del sector naval: «La construcción naval funciona gracias al esfuerzo conjunto de las empresas auxiliares y de Navantia. Ningún astillero de Navantia en España presenta los números de Navantia Cádiz; estamos en un enclave geográfico fundamental en el mundo que nos consolida en logística y reparación de cruceros». Asimismo, ha subrayado el peso de la Economía Azul que representa el 17% del PIB local, el potencial del sector logístico y la pujanza de los servicios, donde ha situado «tres motores clave: la cultura, el turismo y el comercio».
En cuanto a la responsabilidad directa de la administración local, el regidor ha abogado por adecuar la oferta formativa «a la realidad y exigencias de las empresas» y por acometer una simplificación de los trámites: «Las administraciones públicas no estamos respondiendo a la agilidad que nos requiere la sociedad civil; los procesos deberían ser mucho más ágiles».
Para lograrlo, García ha defendido que la certidumbre económica es indispensable: «Tener un presupuesto aprobado cada año aporta una estabilidad intangible muy positiva. El Ayuntamiento ha contado con cuentas anuales durante todos los ejercicios de nuestro gobierno, algo que casi nadie puede decir, y ya estamos elaborando las de 2027», ha remarcado, recordando que en etapas anteriores solo se aprobaban en «los años pares».
En el capítulo de vivienda, uno de los ejes clave contra la despoblación, el primer edil ha aportado datos para ilustrar el impulso constructor en la ciudad, donde actualmente se contabilizan 1.063 licencias o solicitudes de obra (503 promovidas por particulares en 39 ubicaciones distintas).
Respecto a la vivienda de protección oficial (VPO), ha detallado que hay 560 inmuebles en marcha: 291 impulsados por el sector privado, 67 por la Junta de Andalucía, ninguno por el Gobierno central y 202 por el propio Ayuntamiento. «El objetivo es superar las 200 y estamos en el camino de garantizar 273 nuevas viviendas».
En el plano de las grandes transformaciones urbanísticas de la capital, el regidor se ha referido al proyecto de Navalips, la macrooperación en los suelos del polígono exterior de la Zona Franca orientada a regenerar este enclave de extramuros y generar volumen residencial. «Navalips es un proyecto fundamental para la ciudad. Desde el primer día lo hemos defendido porque es una actuación bien promovida por la Zona Franca que busca generar masa crítica y dinamismo en Cádiz», ha destacado Bruno García.
El desarrollo proyecta la construcción de 800 viviendas en la zona, repartidas a partes iguales entre 400 de renta libre y 400 de protección oficial (VPO), lo que convierte a este ámbito en una de las bolsas residenciales más importantes de la ciudad. «En ese camino estamos. Creo que se puede avanzar más y, como Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo posible», ha aseverado el alcalde, quien ha aprovechado para pedir mayor celeridad al Gobierno en la tramitación urbanística: «La Zona Franca ha hecho bien su trabajo, pero el impulso del Gobierno de España debe ser mayor».
La lentitud administrativa y los dilatados plazos en las grandes infraestructuras ha sido otro de los ejes del coloquio. «En veinte años he visto la Ciudad de la Justicia en dos ubicaciones distintas. Honestamente, son proyectos complejos que llevan su tiempo, pero para sacarlos adelante hace falta voluntad, presupuestos, diálogo y capacidad de acuerdo», ha reflexionado Bruno García, quien ha sacado pecho de la colaboración entre administraciones: «Mi experiencia en estos tres años y medio de gobierno ha sido estrechar lazos con la Diputación y la Junta para desatascar proyectos».
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La Federación valora los nuevos aranceles europeos, pero advierte de que no bastan para garantizar la competencia en igualdad de condiciones
La huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, ha puesto sobre la mesa las cuestiones que más preocupan a la sociedad: el mundo laboral, la crisis de la vivienda y la subida de precios. En la Marina Alta, una comarca con un fuerte peso del turismo, la hostelería y el pequeño comercio, el debate ha adquirido matices propios. Para analizarlos, 'El Debat Marina Alta' de COPE Dénia ha reunido a Eva Calleja, secretaria general de Comisiones Obreras (CCOO), y a José María González, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Ondara (ACO Ondara). Para Eva Calleja, la convocatoria responde a "un crisol de situaciones y de reivindicaciones", que van desde las huelgas sectoriales en educación y sanidad hasta la precariedad laboral. La representante sindical ha señalado que en sectores como la hostelería y los servicios "se echa de menos unos contratos a tiempo completo y la parcialidad campa demasiado a sus anchas". A todo ello se suma un contexto general en el que "los precios no paran de subir, no nos dan tregua y la vivienda nos asfixia". Por su parte, José María González ha calificado la convocatoria como una "huelga atípica" y de "tema mixto" por su fuerte componente social. Como abogado laboralista, ha defendido que el derecho a la huelga "no debe ser puesto en tela de juicio en ningún momento". Sin embargo, ha apuntado que, desde el punto de vista patronal, "no es exactamente el momento más adecuado" porque el interlocutor principal, el Gobierno, está en funciones a la espera de las elecciones del 29 de noviembre, lo que dificulta un escenario de negociación. Frente a las dudas de la patronal, Eva Calleja ha defendido que el momento "no por atípico deja de ser oportuno", ya que uno de los objetivos es que los programas electorales recojan sus demandas. "Queremos que en los programas electorales se recojan las reivindicaciones que estamos clamando desde la sociedad, y además aseguramos que estaremos absolutamente vigilantes para que se cumplan", ha advertido. Para la líder de CCOO, la situación es límite: "Las familias tienen que elegir entre pagar la vivienda o comer, pagar la luz o comer, es insostenible". José María González ha coincidido en que el problema de la vivienda es "transversal" y afecta "tanto a trabajadores como a empresarios". No obstante, ha interpretado la huelga como un movimiento para que las organizaciones sindicales se posicionen "como un lobby a nivel electoral". En este sentido, ha pedido a los partidos que dejen de "tomar el pelo a toda la sociedad" y expliquen de una vez "cómo van a gestionar el problema" de la vivienda y del coste de la vida en general. Respecto a la repercusión en los pequeños negocios, José María González ha previsto que el impacto en el sector del comercio será "más llevadero o más relativo". Ha argumentado que el 95% del tejido comercial está formado por microempresas de menos de 10 trabajadores donde el propio autónomo suele estar al frente del negocio, lo que permite mantener la actividad si algún empleado secunda el paro. En su opinión, el efecto será "más contundente" en otros sectores como el transporte o la logística. Eva Calleja ha mostrado su "respeto total y apoyo a ese comercio local", del que ha dicho que "en muchos casos los autónomos y las autónomas son trabajadoras en precario". La sindicalista ha destacado que este tejido, que forma parte de la "identidad de nuestro territorio", también sufre "la dictadura de los alquileres" con la subida de precios de los locales, que provoca el desplazamiento de negocios tradicionales por franquicias y negocios de "alto standing". Uno de los puntos clave de la huelga es la pérdida de poder adquisitivo. "No han ido en consonancia en los últimos años la subida del IPC con las subidas salariales", ha denunciado Eva Calleja, quien ha acusado a la patronal de no querer negociar. Ha criticado que la media de subida en los convenios colectivos esté en un 2,5% o 3%, mientras se hablaba de un marco del 7%, y ha lamentado que la CEOE no haya suscrito el acuerdo estatal de negociación colectiva. "Nos encontramos en una trampa donde vivir es toda una aventura en la selva", ha sentenciado. Además, Eva Calleja ha exigido "políticas valientes" a todas las administraciones, incluida la Generalitat Valenciana, a la que ha acusado de no aplicar la ley estatal de vivienda con una "actitud partidista y poco constructiva". También ha apuntado a las grandes empresas energéticas, como Repsol, que "están incrementando los beneficios brutalmente" con la crisis bélica y repercutiendo la subida de combustibles en los precios finales, y ha pedido "un ejercicio de responsabilidad" para que reduzcan sus márgenes. José María González ha respondido que el incremento de costes afecta a "todos los agentes de la cadena" y que la solución no pasa por cargar a un único actor. Ha defendido que la patronal también exige a las administraciones "una simplificación de trámites y de costes tributarios", y ha sugerido que una bajada del IRPF también podría aliviar la carga de los trabajadores, un punto que Calleja ha visto "muy difícil" si se quieren mantener y mejorar los servicios públicos. Finalmente, Eva Calleja ha animado a secundar el paro, que contará con manifestaciones en Dénia, Benidorm y Alicante, para reclamar "una vivienda digna, por unos precios asequibles, por unos salarios competitivos y por unos servicios públicos de calidad". Por su parte, José María González ha deseado que sea una "jornada pacífica", insistiendo en que las reivindicaciones "no son exclusivamente laborales, sino también sociales".