El rearme de la UE impulsa la reindustrialización en España

La estrategia de remilitarización impulsada por la Comisión Europea a raíz de las crecientes tensiones geopolíticas ha insuflado nuevos recursos a la industria europea de la seguridad y la defensa. El programa ReArm, que nació como una respuesta de Bruselas al distanciamiento de Estados Unidos como socio en materia militar, está acelerando los planes de crecimiento de un tejido empresarial que hasta ahora veía sus oportunidades copadas por el amigo y competidor americano. En el caso concreto de España, el sector está aprovechando el mayor gasto presupuestado por el Ministerio de Defensa para ampliar sus instalaciones productivas y poder llegar a cumplir con la previsión de incremento de pedidos.

Las grandes compañías de esta industria suman inversiones de 600 millones de euros sólo en ampliaciones y nuevas instalaciones fabriles en los últimos dos años. La consultora Cushman & Wakefield tiene contabilizadas una quincena de operaciones de las principales empresas del sector. “El aumento cada vez mayor del gasto en defensa por parte de los gobiernos europeos ha engrosado la cartera de pedidos de los fabricantes. Esta oportunidad comercial, sumada a las políticas públicas y al apoyo institucional, está impulsando una rápida ampliación de la capacidad industrial nacional en el ámbito de la defensa”, señala en su informe Future Flows sobre inversión inmobiliaria en suelos industriales. El documento sitúa a España como el cuarto mercado con más captación de inversión por detrás de Alemania, Francia y Reino Unido.

La multinacional que más está invirtiendo en el país es Indra, la gran empresa española de seguridad y tecnología. La compañía presidida por Ángel Simón tiene inversiones en marcha por valor de 200 millones de euros para multiplicar por más de cuatro veces su superficie productiva, pasando de aproximadamente 36.000 m² a más de 154.000 m². Fuentes de Indra apuntan que en el norte de España ha puesto en marcha la planta de Gijón, especializada en la fabricación e integración de vehículos terrestres, y trabajan ahora en iniciar la actividad en As Pontes (A Coruña), también centrada en el mismo cometido. En este sentido, se está buscando emplazamiento para una tercera planta. En León, en el Polígono de Villadangos del Páramo, la compañía va a construir una fábrica de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), mientras que en Córdoba se puso en marcha el año pasado la fábrica de radares de Las Quemadas, ya operativa y en la que se produce distintos tipos de radares. Recientemente, se ha ampliado con una nave para estructuras metálicas avanzadas para puestos de mando y control desplegables.

Indra no es la única empresa que está reforzando su perfil industrial. En total, la consultora Cushman tiene identificadas una quincena de operaciones. Por ejemplo, Escribano Mechanical & Engineering tiene inversiones por valor de 120 millones de euros en sus plantas de Guadalajara, su principal centro productivo, y Córdoba, con una nueva fábrica de torretas y cañones. Por su parte, Navantia invirtió 110 millones en la fábrica digital de bloques en Ferrol, unas instalaciones que cuentan con importantes contratos don la Armada española para la construcción de fragatas. Otro ejemplo es la alemana Rheinmetall, con inversiones por valor de 120 millones en Burgos, donde fabrica distintos tipos de explosivos y municiones, y Albacete, también centrada en municiones.

El gasto público en defensa se ha disparado en España. El Gobierno ha elevado esta partida del 1,5% del PIB en 2024 hasta el 2,1% (unos 40.000 millones de euros) en 2025 y 2026. Se trata de un incremento de más de 10.000 millones de euros para potenciar la seguridad del país. La cifra todavía está lejos del 5% que Estados Unidos, el principal valedor de la OTAN, reclama a sus socios, pero supone un primer paso en esa dirección. “El aumento de la inversión en defensa tiene que ir acompasado con la evolución del propio tejido industrial. Si hubiera un incremento sustancial del presupuesto de Defensa, la industria no tendría capacidad para asumir esa subida y tendríamos que recurrir a la compra de productos de terceros”, explica el presidente de la Fundación Feindef, Ángel Olivares.

“No se trata únicamente de invertir más, sino de cómo se invierte y qué capacidades conseguimos desarrollar. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de abril de 2025 preveía que en torno al 87% de los 10.471 millones adicionales fuera a empresas y trabajadores españoles. El seguimiento de su ejecución permitirá valorar el retorno efectivo y, sobre todo, el grado de desarrollo tecnológico que aporta”, comenta, por su parte, Clara Tébar, directora de operaciones de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), la patronal del sector.

CaixaBank Research señala en una nota de análisis que “el objetivo del 5% del PIB es, sin duda, muy ambicioso”. “Si se toma como referencia un 3%-3,5%, esta cifra ya supondría compensar en 10 años el déficit de gasto en defensa acumulado por los gobiernos europeos durante las últimas décadas, un esfuerzo considerable”, añade. El economista del centro de estudios David Martínez Turégano señala que la factura fiscal podría rebajarse con “una identificación precisa de las prioridades críticas, una mejor coordinación para reducir costes y evitar duplicidades, y el fomento de sinergias con el sector privado en materia innovadora”.

Pese al incremento de la inversión en defensa, España se encuentra por debajo de la media de los países europeos de a OTAN (2,53% del PIB) y del total de la OTAN (2,86%). Las grandes economía europeas se encuentran justo por encima, con Italia (2,1%), Alemania (2,69%) y Francia (2,22%). Estados Unidos se sitúa en el 3,17%. La OTAN acordó en junio alcanzar un gasto en defensa del 5% del PIB en 2035. La decisión la impuso el presidente norteamericano, Donald Trump, quien acusó a Europa de descargar la responsabilidad de su defensa en EE.UU. y de esta forma destinar los recursos al bienestar social. Las acciones de Trump se enmarcan dentro de su estrategia militar de cesar el apoyo a Ucrania ante la invasión rusa, aunque es cierto que durante las administraciones de Biden e incluso Obama ya se había mostrado cierto malestar. “La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha puesto de relieve que en la Unión Europea hay una carencia de capacidad industrial instalada. No hay medios suficientes para prestar toda la ayuda que Ucrania necesita. Esto es consecuencia de la disminución de los presupuestos de defensa en los años, desde el año 88, desde que acabó la Guerra Fría”, señala Olivares. El experto apunta que la reindustrialización militar puede parecer un fenómeno, pero tiene “todos los visos para convertirse en una necesidad estructural”.

En este sentido, un informe de Deutsche Bank ofrece un diagnóstico similar. Los conflictos recientes en Ucrania y Oriente Medio también han subrayado “la creciente intensidad de costes de la guerra moderna y la necesidad de una inversión sostenida en defensa aérea y antimisiles, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), y sistemas avanzados de mando y control”. El análisis apunta que “la era posterior a la Guerra Fría –caracterizada por la primacía estadounidense– está dando paso a un orden más fragmentado y multipolar, marcado por una competencia estratégica cada vez mayor y una coordinación multilateral más débil, proporcionando un incentivo adicional a los países para reconstruir sus capacidades”.

La industria militar española facturó un 11,6% más en 2025, hasta los 18.034 millones de euros. El último informe sectorial de TEDAE y PWC señala que las exportaciones representaron cerca del 60% de sus ventas. Durante los años de la crisis económica, esa cifra llegó a situarse sobre el 80% del total. “Otra cuestión diferente es que España tenga capacidad para ser exportador de grandes sistemas de armas o de sistemas de armas muy complejos. La competencia es muy dura y en realidad el libre mercado no existe. En cuanto que intervienen factores de soberanía nacional, se dificulta mucho que un producto estrictamente nacional sea exportado a otros Estados. Para consolidar la capacidad industrial de España, es necesario que sus empresas sean socios tecnológicos de grandes proyectos europeos”, apunta Olivares.

Las empresas españolas participan ya en varios programas europeos relevantes, como el IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) o el programa MARTE (Main Armoured Tank of Europe). “El reto es facilitar que más empresas puedan acceder a estas oportunidades y que su participación se traduzca en oportunidades de crecimiento, desarrollo tecnológico y capacidades industriales. Para ello, es importante reforzar la interlocución en Europa y ayudar a las empresas a desenvolverse en unos programas cuyos procedimientos administrativos pueden resultar complejos”, comenta Tébar. Sin embargo, existen todavía fuertes resistencias nacionales para desarrollar estos productos. El ejemplo más claro es lo sucedido recientemente en el programa FCAS (Future Combat Air System) para el desarrollo de un avión de combate europeo. Francia (Dassault) ha decidido romper la alianza liderada por Alemania (y en la que participa Indra) y desarrollará su propio sistema.

Periodista de la sección de Economía. Actualmente, centrado en Energía, Farmacia, Logística, Inmobiliario e Industria. También es profesor asociado de la UAB.

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