Trump ordena nuevos aranceles sobre 60 países ante el vencimiento de gravámenes anteriores

WASHINGTON — El presidente Donald Trump procedió el jueves a imponer nuevos aranceles de dos dígitos sobre decenas de socios comerciales de Estados Unidos, un día antes del vencimiento de los gravámenes provisionales que ordenó tras la dolorosa decisión adversa de la Corte Suprema.

Estados Unidos impondrá aranceles de entre el 10% y el 12,5% a las importaciones procedentes de 60 naciones que representan el 99% de los productos que llegan al país desde el extranjero, después de acusarlos de no hacer lo suficiente en la aplicación de prohibiciones a bienes producidos mediante trabajos forzados.

“Estados Unidos tiene desde hace casi un siglo una prohibición a las importaciones vinculadas al trabajo forzado y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, afirmó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La entrada en vigor de los nuevos aranceles coincidirá con el vencimiento de los gravámenes temporales del 10% a nivel mundial que expiran al primer minuto del viernes. Trump recurrió a esos impuestos temporales a las exportaciones después de que la Corte Suprema invalidó a grandes rasgos su política arancelaria más amplia en febrero pasado.

Ahora, el mandatario recurrirá a estos aranceles de mayor duración en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, la cual permite que el presidente imponga gravámenes a las importaciones, así como otras sanciones contra países que se determine que incurren en prácticas comerciales “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”. Trump utilizó la Sección 301 para implementar pronunciados aranceles a China en su primer mandato, los cuales sobrevivieron a las impugnaciones judiciales.

Es probable que vengan más aranceles en virtud de la Sección 301: la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha iniciado una investigación para determinar si 16 países —que representan el 70% de las importaciones de Estados Unidos— han llevado a cabo una producción excesiva, la cual reduce los precios, colocando a las empresas estadounidenses en desventaja en los mercados globales. El gobierno aún no ha concluido esa investigación.

Trump, quien sostiene que los aranceles reactivarán la industria manufacturera de Estados Unidos, dio un vuelco el año pasado a una política estadounidense de varias décadas que impulsaba aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre. Al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés), impuso gravámenes de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países del mundo, afirmando que el prolongado déficit comercial de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional.

Pero la Corte Suprema dictaminó que la IEEEPA no autorizaba la implementación de aranceles. La decisión obligó al gobierno a pagar reembolsos a los importadores que habían pagado esos gravámenes.

En respuesta, Trump anunció aranceles mundiales del 10% en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Pero sólo puede usar los gravámenes de la Sección 122 durante 150 días, y su plazo vence el viernes.

El gobierno propuso en un principio los aranceles por trabajo forzado el mes pasado. Desde entonces, algunos países han endurecido la aplicación de medidas contra el trabajo forzado, volviéndose elegibles a gravámenes más bajos, según un alto funcionario del gobierno que habló bajo condición de anonimato al no estar autorizado a discutir el asunto públicamente. Indicó, por ejemplo, que el arancel sobre las importaciones procedentes de India se fijó inicialmente en 12,5%, pero ahora será del 10%.

Algunos productos, como el petróleo, el gas y los fertilizantes, quedan exentos de los nuevos aranceles. También se libran los productos que califican para el estatus libre de aranceles en virtud del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que Trump negoció en su primer mandato.

“La justificación de hoy basada en los trabajos forzados es demasiado conveniente como para tomársela en serio”, afirmó el representante federal Richard Neal, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Recursos y Arbitrios de la Cámara de Representantes. “El trabajo forzado es un problema real y generalizado en nuestras cadenas de suministro y exige una implementación seria. Nunca debería rebajarse hasta convertirse en un pretexto para una política arancelaria basada en teorías legales cuestionables y agravios personales”.

Brasil, que enfrenta un arancel del 12,5%, calificó la medida de “arbitraria e injustificada” en un comunicado. El gigante sudamericano tiene planeado activar su ley de reciprocidad —que podría contemplar aranceles de represalia contra Estados Unidos— y presentar una queja ante la Organización Mundial del Comercio. Estados Unidos, dijo el gobierno brasileño, “optó por manipular un tema de gran importancia para los derechos humanos y la problemática que enfrentan los trabajadores en todo el mundo para acusar a 59 países y a la Unión Europea de prácticas desleales”.

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Paula Estévez, dijo que el país cuenta con sólidas instituciones laborales, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzado”. El país también enfrenta un arancel del 12,5%.

Los aranceles van a la cuenta de las empresas estadounidenses que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores buscan trasladar los costos en forma de precios más altos al consumidor. Los estadounidenses ya se sienten frustrados por el alto coste de vida. Así que el gobierno asume un riesgo al implementar nuevos gravámenes antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre.