En los últimos 365 días el país atravesó por varios cambios en el campo económico, desde el retiro de la subvención a los carburantes hasta la vigencia del tipo de cambio flexible del dólar pasando por el ingreso de préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras medidas.
Para conocer a detalle el alcance de las medidas del Gobierno, Los Tiempos conversó con el experto en temas económicos Fernando Romero, quien hace un análisis del alcance de las medidadas asumidas hasta hoy por el Gobierno de Rodrigo Paz.
Los Tiempos.- A un año de gestión, ¿cuáles considera sus logros más importantes del Gobiernos en el área económica y cuáles los desaciertos?
Fernando Romero.- Entre los principales avances se encuentran la flexibilización del régimen cambiario, el inicio de la eliminación de la subvención a los combustibles, la búsqueda de financiamiento internacional y el acuerdo con el FMI por $us 1.900 millones.
También destaca la intervención de YPFB mediante el DS 5697, con el objetivo de corregir deficiencias administrativas, operativas y logísticas. Estas medidas buscan atender problemas que afectan las finanzas públicas, las reservas internacionales y el abastecimiento energético.
Entre las dificultades están la ausencia de reformas estructurales aprobadas, la persistencia del déficit fiscal, la debilidad de la producción hidrocarburífera y el impacto social del ajuste.
La inflación de octubre, de 2,07% mensual, evidencia que las presiones sobre los precios continúan
Además, la intervención de YPFB y los cambios en los precios de los combustibles muestran que las soluciones de emergencia no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales. El Gobierno todavía debe demostrar resultados en inversión, producción, empleo y recuperación de ingresos familiares.
LT.- En los próximos años Bolivia enfrentará una crisis energética por la escasez de gas. ¿Considera que el Presidente está enfrentando adecuadamente esta situación?
FR.- El problema energético es estructural y viene acumulándose desde hace más de una década. La producción de gas natural descendió de aproximadamente 59,3 millones de metros cúbicos diarios en 2014 a 27,34 millones en 2025, una reducción cercana al 54%.
Asimismo, las reservas probadas pasaron de 8,95 TCF en 2018, según la certificación de Sproule, a 4,49 TCF en 2023, según la certificación de DeGolyer & MacNaughton. YPFB estimó alrededor de 3,7 TCF después de descontar la producción hasta finales de 2025, mientras se esperaba una nueva certificación internacional.
El Gobierno ha reconocido el problema y tomó medidas como la intervención de YPFB, la habilitación de importaciones de petróleo para procesamiento en refinerías nacionales mediante el DS 5701 y el anuncio de una nueva Ley de Hidrocarburos.
Sin embargo, estas acciones todavía no garantizan nuevos descubrimientos ni incrementos significativos de producción.
Bolivia necesita invertir urgentemente en exploración, perforación, recuperación de campos maduros y nuevas tecnologías. También debe diversificar su matriz energética hacia energías renovables.
La solución requiere varios años: no es posible reponer en meses las reservas que no se desarrollaron durante una década.
LT.- El Gobierno anunció un paquete de leyes para reactivar la economía, pero todavía no se aprobaron. ¿Cómo debe enfrentar la crisis? ¿Son fundamentales estas leyes o existen otras alternativas?
FR.- Las leyes son fundamentales porque establecen las reglas de largo plazo para atraer capital, desarrollar sectores productivos y garantizar seguridad jurídica. El Gobierno anunció normas de inversiones, hidrocarburos, minería y alianzas público-privadas, pero al cierre del primer año legislativo no se había aprobado ninguna de las grandes reformas económicas. La Ley de Inversiones fue devuelta al Ejecutivo con observaciones y las demás continuaban pendientes de presentación o tratamiento legislativo.
Sin embargo, el Gobierno no puede paralizar su gestión esperando la aprobación legislativa. Puede avanzar mediante reglamentos, simplificación administrativa, digitalización de trámites, licitaciones transparentes, reorganización de empresas públicas, proyectos de infraestructura y acuerdos de inversión dentro del marco legal vigente.
También debe priorizar la reducción del déficit y mejorar la ejecución de la inversión pública productiva. Las leyes son necesarias para transformar las reglas del juego, pero la reactivación también requiere capacidad de gestión, financiamiento, coordinación institucional y proyectos económicamente viables.
LT.- ¿Qué tan adecuada es la política del Gobierno para atraer inversión extranjera y si realmente va a reactivar la economía?
FR.- La estrategia anunciada apunta en la dirección de crear mejores condiciones para la inversión, mediante una nueva Ley de Inversiones, reformas hidrocarburíferas y mineras y mecanismos de participación público-privada.
No obstante, todavía existe una distancia entre los anuncios y la implementación. Como referencia, según el BCB, Bolivia recibió $us. 620 millones de inversión directa neta en 2025, pero aproximadamente el 76% correspondió a reinversión de utilidades y los aportes de capital fueron solamente $us. 16 millones.
Esto demuestra que una parte importante de la inversión registrada no representa nuevos recursos frescos ingresando al país.
Para atraer inversión extranjera se necesita algo más que una ley: seguridad jurídica, estabilidad tributaria, acceso a divisas, respeto a los contratos, procedimientos ágiles y reglas claras sobre impuestos y regalías.
LT.- A manera de conclusión, qué podría decir de l año de gestión de Rodrigo Paz en el tema económico.
FR.- El primer año de Rodrigo Paz estuvo concentrado principalmente en atender la emergencia macroeconómica y energética, conseguir financiamiento internacional y corregir distorsiones acumuladas.
Sin embargo, el país todavía enfrenta tres problemas que están estrechamente relacionados: un Estado con desequilibrios fiscales, una economía con insuficiente generación de divisas y un sector hidrocarburífero que perdió capacidad productiva.
La desaceleración de la inflación interanual hasta 7,08% es un dato favorable respecto a diciembre de 2025, pero el incremento mensual de 2,07% en octubre demuestra que el costo de vida continúa presionando a los hogares.
El principal desafío del segundo año es pasar de las medidas de emergencia a las reformas estructurales. Bolivia necesita recuperar su capacidad de producir gas, petróleo y combustibles, atraer inversión privada, diversificar exportaciones, modernizar su sistema tributario y ordenar las finanzas públicas. También debe garantizar que el costo de la estabilización no recaiga desproporcionadamente sobre las familias y los sectores productivos.
Mi recomendación es establecer un programa de transformación de 24 meses, con metas trimestrales y rendición pública de resultados en cinco áreas: finanzas públicas, energía, inversión, producción y protección social.
Cada ministerio debe tener objetivos cuantificables y responsables identificados.
