La Conferencia Industrial que se realizó esta semana dejó, entre sus conclusiones, la necesidad de bajar la carga impositiva para nivelar la cancha y atraer inversiones
La UIA presentó un análisis fiscal esta semana durante su Conferencia Industrial
El ministro de Economía, Luis Caputo, realizó diversos anuncios en su discurso durante la 32° Conferencia Industrial realizada en Buenos Aires. Entre las principales medidas fiscales, mencionó la postergación de ejecuciones y embargos por parte de ARCA hasta mayo del año que viene. Del mismo modo, se dará mayor plazo para los deudores fiscales con el fin de aliviar las dificultades financieras que atraviesa el sector privado.
Otra de las medidas anunciadas es la devolución de los reintegros de exportación que suelen demorar entre 6 y 9 meses con las dificultades que ello implica. Este saldo a favor podrá compensarse más rápidamente a cambio del pago de impuestos. En esta línea, el próximo objetivo del Gobierno nacional es que las provincias eliminen el impuesto a los sellos debido a que se trata de una de las tantas cargas que agregan costo a las empresas y a casi todas las transacciones comerciales.
Para incentivar a las provincias a que prescindan de ese impuesto, la Nación aportaría la mitad del dinero que van a perder sin dicha recaudación. Aunque muchos gobernadores podrían estar de acuerdo, otros no aceptarán la propuesta en un contexto general de baja de recaudación. Habrá que ver cómo actúan los gobernadores frente a un pedido tan concreto por parte de la Nación.
Más allá de esto, la propuesta mostró dos cosas. Por un lado, el beneplácito de los empresarios de que llegara finalmente un pequeño alivio fiscal debido al ahogo que presentan cada vez mayor cantidad de empresas, en especial las pequeñas y medianas (pymes). Por el otro, la sensación generalizada de que las medidas llegan tarde, cuando buena parte de las firmas se encuentran con graves problemas financieros y ejecuciones sobre la nuca si es que ya no sufrieron esa penalidad.
Los datos presentados por el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en el cierre de la Conferencia muestran la difícil situación que atraviesa la industria: “Los últimos datos de nuestro Centro de Estudios muestran que la actividad industrial volvió a caer en septiembre y en lo que va del año acumula una baja de 2,8% respecto al mismo período de 2025”.
Agregó que hoy hay sectores que producen entre un 15% y un 20% por debajo de los niveles de 2022. En materia de empleo, desde agosto de 2023 hasta julio 2026 se perdieron casi 95.000 puestos de trabajo formales en la industria, con un promedio de 3.700 por mes en lo que va de este año.
Los empresarios presentes en el encuentro de la UIA, que se realizó el martes 3 de noviembre en el Golden Center de Buenos Aires, hicieron foco en la necesidad y en la urgencia de adherir a un pacto fiscal federal para la competitividad. “El desarrollo es un proceso acumulativo de construcción de capacidades y, si durante la transición las destruimos, también destruimos el futuro”, señaló Rappallini.
Entre otras patas, muchas provincias han comenzado a ofrecer incentivos impositivos con el fin de que mayor cantidad de empresas se radiquen en su territorio. El régimen que impulsa la Unión Industrial tiene el objetivo de acercar de forma gradual las condiciones de producción argentinas a las de los competidores regionales. “En definitiva nivelar la cancha para que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones”, comentó el empresario.
La propuesta contempla reducir progresivamente los impuestos que afectan a la producción y promover nuevas inversiones. La tarea debe ser conjunta entre Nación, provincia y municipios. En un contexto desafiante para la industria, Rappallini fue claro: “Las pymes industriales intensivas en mano de obra no pueden esperar a que se complete una reforma integral de toda la economía”. En este marco, se solicitó tender un puente para atravesar la transición.
Entre los puntos que también se consideraron urgentes se encuentran: la disponibilidad de crédito a tasas razonables, la defensa por la competencia leal, la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal. Además: la implementación de la ley de modernización laboral, la infraestructura, la logística y la formación de recursos humanos.
El Pacto Fiscal Industrial Federal para la Competitividad contempla permitir que las contribuciones patronales puedan computarse a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias. También propone que el impuesto a los débitos y créditos bancarios pueda utilizarse como pago a cuenta de esos dos tributos.
Entre las medidas incluidas figuran la exclusión de los regímenes de retención y percepción de impuestos nacionales y una alícuota única del 25% para Ganancias de sociedades. El esquema también contempla la amortización acelerada en Ganancias y una superamortización para inversiones estratégicas, el incremento de los reintegros para exportaciones industriales y el establecimiento de estabilidad fiscal por 30 años.
El planteo de la industria también apunta a modificar la carga tributaria que aplican provincias y municipios. En el caso de Ingresos Brutos, propone una reducción gradual de las alícuotas hasta alcanzar la exención para el sector industrial. Respecto de las tasas municipales, el documento plantea que tengan una correspondencia con los servicios efectivamente prestados y que su costo sea proporcional.