El Reino Unido desafía a Milei y ofrece apoyo a las petroleras que operan en Malvinas

El Reino Unido elevó el tono de la disputa con la Argentina por las Malvinas y publicó una guía destinada a respaldar a las empresas que realizan negocios en el archipiélago. El documento constituye la primera respuesta oficial de Londres después de que Javier Milei anunciara nuevas medidas contra compañías y proveedores vinculados con la explotación de recursos naturales en las islas.

La publicación lleva como título "Doing business with the Falkland Islands" ("Haciendo negocios con las Islas Falkland") y está dirigida a compañías que desarrollen actividades comerciales, provean bienes o servicios o participen de proyectos relacionados con la economía del territorio, incluida la explotación de recursos naturales.

El Gobierno británico sostiene allí que "apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado".

La iniciativa de Londres llega después de que Milei firmara un DNU para endurecer las sanciones contra empresas vinculadas con la extracción de petróleo y la actividad pesquera en las islas. El Presidente también anticipó el envío al Congreso de proyectos destinados a reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas todavía no habían ingresado al Parlamento.

En la guía, el Reino Unido deja en claro que considera legítimas las actividades económicas desarrolladas en las islas y reivindica la facultad de sus habitantes para administrar los recursos del territorio.

"El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación", sostiene el documento.

Londres también ratifica su posición sobre la disputa de soberanía con la Argentina. "Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen".

A continuación, el texto remarca que "las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas".

Uno de los puntos centrales de la guía es el eventual accionar judicial de la Argentina contra las compañías que tengan negocios vinculados con las Malvinas.

El documento reconoce que las empresas podrían recibir notificaciones judiciales argentinas, pero cuestiona la validez de esas medidas desde la perspectiva británica.

"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas", señala.

El Gobierno británico también relativiza el impacto que tuvieron las sanciones argentinas aplicadas durante administraciones anteriores y que ahora Milei busca profundizar. Según Londres, esas restricciones "no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa", pese a que permanecen vigentes desde hace años.

La nueva guía no se limita a fijar la posición política del Reino Unido. También contempla asistencia para las compañías que puedan verse afectadas por las medidas argentinas.

Londres ofrece orientación a las empresas que reciban amenazas o acciones legales desde la Argentina, aunque aclara que esa ayuda no constituye asesoramiento jurídico formal.

Además, pone a disposición de las compañías vinculadas con las islas a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO). Ese organismo podrá intervenir ante terceros países cuando una empresa sea objeto de presiones como consecuencia de sus actividades comerciales relacionadas con las Malvinas.