El Gobierno busca inversores para una obra eléctrica de u$s800 millones

El Gobierno puso oficialmente en marcha la búsqueda de inversores privados para ejecutar AMBA I.

Se trata de una obra de infraestructura eléctrica estimada en alrededor de u$s800 millones, considerada estratégica para reforzar el abastecimiento del Gran Buenos Aires y reducir uno de los principales cuellos de botella que enfrenta el sistema de transmisión.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 202/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este miércoles 12 de agosto en el Boletín Oficial y firmada por María Carmen Tettamanti.

La norma autoriza el llamado a una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple para entregar una concesión de obra pública que tendrá una particularidad, ya que el ganador del proceso no solamente tendrá que realizar la inversión y levantar la infraestructura, sino que quedará a cargo de su operación y mantenimiento.

En concreto, Energía autorizó el proceso para "la construcción, operación y mantenimiento de la obra de ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión 'AMBA I'", según establece textualmente el artículo primero.

La apuesta oficial es utilizar este proyecto como una de las primeras grandes pruebas del nuevo modelo elegido por el Gobierno para ampliar la red eléctrica: capital privado, concesiones de largo plazo e incentivos destinados a reducir el riesgo de los inversores, en lugar de financiar las obras íntegramente mediante recursos presupuestarios.

AMBA I es una de las 16 obras prioritarias incluidas en el Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico.

La dimensión de la inversión convierte a AMBA I en uno de los proyectos eléctricos más relevantes que el Gobierno intenta trasladar al sector privado.

El proyecto involucra alrededor de 270 kilómetros de nuevas líneas de 500 kV, 220 kV y 132 kV y permitirá incorporar aproximadamente 2.000 MW adicionales de capacidad de abastecimiento de demanda en el área metropolitana.

La necesidad de la inversión está reconocida explícitamente por el propio Gobierno en la resolución, ya que sostiene que "la ejecución del proyecto denominado AMBA I permitirá mejorar de manera significativa las condiciones de abastecimiento de la demanda del GBA, y de seguridad y confiabilidad del área, y del SADI en general".

No es un problema menor si se tiene en cuenta que el AMBA concentra una parte sustancial de la demanda eléctrica argentina y el crecimiento del consumo de los últimos años no estuvo acompañado al mismo ritmo por nuevas líneas de transporte.

De hecho, el proyecto había sido declarado prioritario mediante la Resolución 715/2025 del Ministerio de Economía, que justificó su realización también por razones económicas.

La norma calculó que AMBA I permitirá incorporar al Sistema Argentino de Interconexión nuevas centrales de generación más eficientes, con un ahorro estimado a valor presente de u$s912 millones.

Es decir que el proyecto persigue un doble objetivo: aumentar la capacidad física para transportar electricidad hacia el principal centro de consumo del país y permitir que energía producida de manera más eficiente pueda ingresar al sistema sin quedar limitada por la falta de infraestructura.

El diseño financiero elegido por el Gobierno agrega otro componente relevante para atraer jugadores privados.