Cambio clave en el RIGI: para ser proveedor local ya no hay que ser argentino
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iprofesional
16 de noviembre de 2026

Cambio clave en el RIGI: para ser proveedor local ya no hay que ser argentino

Por un nuevo decreto, para ser proveedor local del RIGI ya no necesita accionistas argentinos, sino solo domicilio o residencia en la Argentina

Un nuevo decreto introdujo adecuaciones al RIGI para la definición de proveedores nacionales, los plazos de inversión en proyectos de exportación y el ingreso de divisas de accionistas. Para ser proveedor local no hace falta ser argentino o tener accionistas argentinos, sino solo tener domicilio en el país para las sociedades o residencia fiscal para personas humanas.

El Gobierno aprobó una nueva reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes 13 de noviembre en el Boletín Oficial, e impacta a los beneficios de pymes de Vaca Muerta, entre otras.

Los proyectos adheridos al RIGI deben comprometerse a contratar proveedores locales por un monto equivalente, como mínimo, al 20% del total destinado al pago de proveedores del proyecto, y estas empresas locales gozan de beneficios aduaneros para las importaciones que necesiten realizar. Hoy día estas normas están otorgando beneficios del RIGI  para pymes de Vaca Muerta.

Para que una persona jurídica sea considerada "proveedor local" a los efectos del RIGI, ahora bastará con que se encuentre constituida y domiciliada en el país, sin atender a la nacionalidad o residencia de sus accionistas ni a la composición de su capital social. En el caso de las personas humanas, se exige que tengan domicilio fiscal en la Argentina, según publica Errepar.

Asimismo, estos sujetos deberán prestar servicios o proveer bienes destinados a uno o más Vehículos de Proyecto Único (VPU) adheridos al régimen. Cuando provean bienes, deberán cumplir con criterios del MERCOSUR para ser considerados de origen nacional.

De acuerdo con el decreto, esta medida busca favorecer la integración de empresas radicadas en el país en las cadenas de suministro y promover encadenamientos productivos locales.

En materia de cumplimiento de inversiones, el decreto precisa el concepto de "fecha límite", que se define como la fecha antes de la cual el VPU se compromete a alcanzar y haber cumplido el monto mínimo de inversión en activos computables previsto en la Ley 27.742 (que incluye a los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), sin que dicha fecha resulte ajena a las prácticas del sector correspondiente.

Los considerandos aclaran que se establece una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión del Proyecto Único en su conjunto, diferenciándola de los compromisos y montos mínimos previstos para cada una de sus etapas específicas, los cuales mantienen sus propios parámetros de cumplimiento.

El decreto detalla las reglas aplicables a adquisiciones, fusiones y reorganizaciones:

Se ratifica que un VPU adherido no puede realizar adquisiciones o fusiones que impliquen incorporar un proyecto distinto al Proyecto Único, salvo que constituyan ampliaciones reglamentadas.

Si la operación involucra dos o más Proyectos RIGI, requerirá aprobación de la Autoridad de Aplicación para conformar un Proyecto Único, aplicándose los derechos y obligaciones del proyecto con fecha de adhesión más antigua.

La adquisición de acciones, cuotas o participaciones de un VPU con posterioridad a su solicitud de adhesión no altera los derechos del vehículo ni del proyecto, pero tampoco permite computar esa operación como inversión en activos computables para alcanzar el monto mínimo legal.

Se habilita a los miembros de estos vehículos a ceder total o parcialmente su participación o incorporar nuevos integrantes sin afectar los derechos del RIGI.

La operación debe informarse a la Autoridad de Aplicación dentro de los 15 días corridos de su inscripción en el Registro Público, acreditando el consentimiento de los demás miembros, la ausencia de causales de exclusión del nuevo integrante, la afectación de bienes al proyecto y la asunción de compromisos y garantías.

La autoridad tendrá 30 días corridos para observarla; vencido ese plazo, se tendrá por conformada. El cedente responderá solidariamente por las obligaciones devengadas hasta la inscripción.

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