Por el RIGI, Dal Poggetto estimó un gasto tributario de u$s8.500 millones

El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino. Esta vez, el detonante fue Marina Dal Poggetto, directora ejecutiva de la consultora Eco Go, quien estimó que el programa implica un gasto tributario de u$s8.500 millones.

La cifra encendió una discusión técnica entre especialistas. Algunos sostienen que no hay pérdida de recursos porque esas inversiones nunca se habrían concretado sin el RIGI. Otros, en cambio, ponen reparos y advierten que el costo fiscal podría ser mayor de lo que el Gobierno reconoce.

El debate no es solo sobre números: se trata de determinar si el régimen es una herramienta efectiva para atraer capitales o un esquema demasiado generoso que resigna ingresos públicos sin garantías de adicionalidad.

En diálogo con Jairo Straccia en el programa Buenas Tardes China, Dal Poggetto desglosó su cálculo. Con el régimen tributario general, todos los proyectos adheridos al RIGI deberían pagar impuestos por u$s26.000 millones. Dado que el régimen existe y ofrece beneficios, esa cifra se reduce a u$s17.500 millones.

La diferencia entre ambos montos da como resultado u$s8.500 millones. Ese es el "gasto tributario", un concepto que aparece siempre en los presupuestos nacionales y que mide cuánto deja de recaudar el Estado por incentivos fiscales.

Dal Poggetto aclaró que el beneficio representa un tercio de lo que pagaría una empresa con balance similar pero fuera del RIGI, y un 25% de la inversión comprometida.

Frente a la crítica de que, sin el régimen, esas inversiones no existirían y la recaudación sería cero, la economista diferenció dos conceptos. Una cosa es el gasto tributario formal, que se reporta en las cuentas públicas. Otra, muy distinta, es el análisis de costo-beneficio efectivo del programa.

Dal Poggetto propuso un razonamiento clave: si ningún proyecto se hubiese hecho sin el RIGI, el Estado tendría un beneficio neto de u$s17.500 millones. Pero si todos los proyectos se hubiesen concretado de todos modos, habría un perjuicio fiscal directo.

Su "break even" indica que, si un tercio de los proyectos (o más) se habrían llevado adelante sin incentivos, el saldo es negativo para las arcas públicas. Si menos de un tercio son independientes del régimen, el saldo es positivo.

Es decir: el resultado fiscal del RIGI depende de cuántas inversiones son realmente adicionales, algo imposible de medir con certeza antes de que los proyectos arranquen.

Sebastián Cao, analista económico en Econométrica, salió al cruce de Dal Poggetto con dureza. "0% de acuerdo. En el mejor de los casos vas a recaudar el 25% de algo, más las regalías. El 10% resignado de cero inversiones sin RIGI es cero", escribió.

Cao citó el caso de La Rioja como evidencia. A diferencia de Catamarca y San Juan, que comparten la misma cordillera pero tienen RIGI, La Rioja no registra inversiones mineras significativas. Para él, eso demuestra que sin incentivos no hay capitales.

Aldo Abram, director ejecutivo de Libertad y Progreso, coincidió. Calificó de "muy ingenuo" pensar que esas inversiones se hubieran materializado de todos modos. "Al contrario, como el RIGI permitió hacerlas y esa plata se gasta mayormente en el país, los que reciben esa demanda pagan más impuestos que si esos capitales no hubieran llegado", argumentó.

Ambos economistas apuntan a un efecto multiplicador: las inversiones del RIGI generan actividad económica local, salarios, consumo y, por ende, más recaudación indirecta.

Pero Dal Poggetto también recibió respaldo de colegas que valoran su enfoque analítico. Juan Carlos Hallak, profesor e investigador en la UBA, destacó que el trabajo "ayuda a pensar mejor las bondades y costos del RIGI".