Escándalo con las SIRA: aseguran que Alberto Fernández estaba al tanto de todo

El avance de la investigación en la Justicia Federal por presuntas maniobras ilícitas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) sumó un testimonio de alto impacto político y judicial que sacude a la anterior gestión de gobierno. Durante una entrevista televisiva el viernes por la noche en el programa ¿La Ves?, emitido por la señal TN, el financista Francisco Hauque rompió el silencio y lanzó graves denuncias que involucran de forma directa a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo de ese período, asegurando que el expresidente Alberto Fernández estaba al tanto de la red de cobro de coimas montada para agilizar los permisos de importación y el acceso a los dólares oficiales.

Hauque, quien se encuentra investigado en el expediente judicial, utilizó su aparición en los medios de comunicación como una herramienta de protección personal. Al respecto, el financista dejó una fuerte definición sobre los motivos de su exposición pública al afirmar que estar en ese programa era "una póliza de seguro de vida". A lo largo de su relato, el denunciante buscó desmarcarse de las acusaciones y negó rotundamente tener una relación comercial o ser socio de Elías Picirillo, el financista conocido en el ambiente como el "rey del blue". Sobre el vínculo que los unía, aclaró de manera taxativa que solo le prestó dinero, precisando que la suma entregada se ubicó en torno a los 3.000.000 de dólares.

Al profundizar sobre el conocimiento que las autoridades políticas de la gestión del Frente de Todos tenían acerca del esquema paralelo para acelerar los tiempos del SIRA, Hauque fue contundente en sus declaraciones televisivas. "Él participaba como en todos los negocios", sentenció en referencia a Alberto Fernández, y sumó a las acusaciones al exsecretario de Comercio de ese mandato al indicar que también sabía Matías Tombolini. No obstante, el financista evitó relacionar con la investigación al exministro de Economía, Sergio Massa, como así también a los funcionarios directamente vinculados con su conducción ministerial.

De acuerdo con el testimonio brindado por Hauque, el engranaje de la supuesta organización delictiva se habría iniciado a través de Valeria Fernández, la auditora externa del Banco Central, que actualmente se encuentra imputada en la causa. Según su versión, fue ella quien le acercó el denominado modelo de negocio a Juan Pablo Biondi, quien se desempeñó como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación entre 2019 y 2021. Posteriormente, Biondi se lo llevó a Miguel Ángel Pesce, que "estaba al tanto de todo", sostuvo el financista apuntando contra el expresidente de la máxima entidad bancaria del país, aunque luego minimizó su propio rol y el de Picirillo al considerar que en el fondo ambos son perejiles.

El financista aprovechó la entrevista para desligarse de las sospechas que indican que él participaba activamente de las maniobras ilícitas mediante el uso de casas de cambio. Si bien reconoció que tuvo una agencia cambiaria en el año 2019, aclaró que tiempo después procedió a cerrarla y se defendió alegando que de la operatoria en sí no tiene los conocimientos de cómo funcionaba esa trama. En contraposición, relató que en varias ocasiones estuvo sentado en mesas donde compartió mucho con Picirillo, y que en esas reuniones pudo presenciar muchas situaciones que parecen de ciencia ficción, las cuales hoy forman parte del expediente penal.

Hacia el final de su intervención, Hauque manifestó una profunda preocupación por su integridad física y la de su entorno familiar, revelando detalles de las intimidaciones que viene sufriendo. "Algo me pueden hacer, más por lo que acabo de contar", advirtió con temor. El financista denunció que Picirillo junto a otros sectores oscuros del poder le metieron la droga y confirmó que actualmente se encuentra amenazado y cuenta con custodia de la policía. Al respecto, detalló que sufrió una de las advertencias en un restaurante de Puerto Madero, describiéndolas como "amenazas sofisticadas ejecutadas por personas que trabajan con servicios de inteligencia y te hablan de tu familia".

La causa judicial, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi junto al juez Ariel Lijo, investiga el acceso preferencial al dólar oficial durante el último cepo cambiario, las ventas millonarias de divisas al mercado paralelo y las autorizaciones para importar otorgadas durante los años 2022 y 2023, manteniendo bajo la mira de la Justicia a más de 50 personas y empresas. El avance del caso logró un punto de inflexión tras el peritaje oficial sobre uno de los teléfonos celulares secuestrados a Martín Migueles, exsocio y amigo de Picirillo. El análisis de los chats de Migueles, un joven que comenzó como ladero en las oficinas del "rey del blue", reveló la existencia de este sistema paralelo y la participación de cómplices que operaban bajo los sobrenombres de "la vieja del Central", "la señora" y "Pato" para facilitar el ingreso de mercaderías y la obtención de dólares baratos.

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