Para los sindicatos, España vivió ayer algo parecido a un domingo. Para la patronal, un miércoles cualquiera. Catorce años después de la última huelga general, ... la movilización por la vivienda, convocada a las puertas de las elecciones del 29 de noviembre, dejó grandes fábricas paralizadas, carreteras cortadas y comercios abiertos. Seat no fabricó un solo coche en Martorell, y las líneas de Ebro en la Zona Franca de Barcelona tampoco se movieron. En la hostelería, los balances de sindicatos y empresarios llegaron a separarse cerca de sesenta puntos.
La luz contó una historia parecida. A las ocho de la mañana, el consumo eléctrico era un 10,2% inferior al del martes. La diferencia se fue estrechando hasta prácticamente desaparecer a primera hora de la tarde, pero volvió a ampliarse después. A las 17.35 horas, la demanda era un 2,7% menor que la del día anterior, según los datos de Red Eléctrica. En la última huelga general, el 14 de noviembre de 2012, la caída llegó al 11,4% durante las primeras horas. Aunque la economía es otra.
El mayor peso de los servicios y la extensión del teletrabajo han reducido la dependencia de los centros de producción. No ocurre lo mismo en la industria y la logística, donde los piquetes y las dificultades de acceso siguen bastando para frenar la actividad.
Los motivos de la protesta tampoco son los de entonces. En marzo de 2012, los sindicatos salieron contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy y, ocho meses después, contra los recortes y las políticas de austeridad. Esta vez, la vivienda se convirtió en el eje de una movilización que denunció también los bajos salarios, la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la vida. Bajo el lema «Salarios. Vivienda. Precios», UGT y CC OO convocaron la primera huelga general estatal desde 2012, y la primera bajo un Gobierno de Pedro Sánchez. La protesta, impulsada por el movimiento de inquilinas, no reunió a todo el mapa sindical: CSIF, USO y Fetico no se sumaron.
Los sindicatos cifraron en el 90% el seguimiento en automoción, con una adhesión mayoritaria en Cataluña
Durante el día, ni UGT ni CC OO dieron una sola cifra absoluta de seguimiento, ni por autonomías. Sus líderes hablaron de éxito, pero con matices. «El paro ha sido exitoso», afirmó el secretario general de CC OO, Unai Sordo, que reconoció un respaldo mayoritario en algunas comunidades y «no tan mayoritario» en otras. El líder de UGT, Pepe Álvarez, habló de un resultado «visible», «reconocible» y «por encima de las expectativas», sobre todo en Cataluña, el Mediterráneo y la cornisa cantábrica. CEOE y Cepyme ofrecieron una lectura muy distinta.
La patronal habló de una huelga de «mínimos históricos» y la calificó directamente de «fracaso». Según los datos recabados por las organizaciones empresariales, el seguimiento fue inferior al 5% de media, tanto por sectores como por territorios.
Pero una cosa fue el número de trabajadores que pararon y otra las empresas que vieron interrumpida su actividad. En Cataluña, donde los sindicatos aseguraron haber logrado uno de los mayores respaldos, Pimec, la patronal de las pequeñas empresas catalanas, cifró la participación en el 8,3% Pero más de una de cada cuatro empresas, el 27,5%, reconoció haber reducido o paralizado su actividad, y más de la mitad de las afectadas no tenía ningún trabajador en huelga.
La industria concentró buena parte de los paros. UGT y CC OO cifraron en el 90% el seguimiento en automoción y en los puertos de Valencia y Algeciras, en el 85% en la industria cárnica y en el 75% en el sector energético. Confemetal, en cambio, estimó una participación del 14% en el conjunto del metal, que incluye industria, comercio y servicios, y aseguró que la mayoría de los centros de trabajo mantuvieron su actividad. La patronal situó las mayores incidencias en un número reducido de grandes plantas muy sindicalizadas, con problemas puntuales de acceso y retrasos en los turnos.
El 99% de los camioneros trabajó con normalidad, según ASTIC, pero los piquetes bloquearon accesos y paralizan cargas y descargas
Las grandes plantas de automoción ofrecieron, sin embargo, otra imagen. Seat suspendió la producción en Martorell desde el turno de noche y mantuvo unos servicios mínimos de 200 trabajadores para mantenimiento, seguridad y asistencia médica. Tampoco produjo Ebro en la Zona Franca de Barcelona, donde los piquetes dificultaron el acceso de la plantilla. En Volkswagen Navarra, UGT y CC OO elevaron al 90% el seguimiento entre los trabajadores de Landaben, mientras el sindicato LAB señaló que durante la noche apenas se había fabricado el 15% de lo habitual.
En otras plantas la respuesta fue menor. En Michelin Vitoria, una factoría con unos 3.300 empleados, UGT situó la participación en el 30% del personal de producción. En Stellantis Vigo, el seguimiento rondó el 20% durante el turno de noche, según fuentes sindicales. Parte de la fábrica ya estaba parada por falta de componentes, al margen de la huelga. En Cádiz, por el contrario, CC OO cifró en el 100% el respaldo en el sector aeroespacial, en el 90% en logística y por encima del 85% en el naval. Los sindicatos destacaron también paros casi totales en grandes industrias asturianas como Arcelor, Thyssen y Fertiberia.
CC OO cifró los paros en el 68,7% y el 63,8%, respectivamente, frente al seguimiento mínimo que comunicó la patronal hostelera
Entre los camioneros, el paro apenas tuvo eco, pero sus efectos sí llegaron a la carretera. La patronal ASTIC, que agrupa a empresas de transporte pesado de media y larga distancia, aseguró que el 99% de sus conductores trabajó con normalidad. Los problemas llegaron en los accesos. Los piquetes impidieron la entrada y salida de camiones en el complejo petroquímico de Tarragona, el mayor del sur de Europa según la asociación, y algunas plantas de Castilla y León y Aragón suspendieron cargas y descargas porque los trabajadores de sus almacenes se sumaron a la huelga.
En la Administración pública, la huelga apenas se dejó sentir en los ámbitos consultados por este periódico. La Comunidad de Madrid cifró el seguimiento en el sector público regional en el 9,6%, y el Gobierno de Aragón, en el 12%. En Andalucía, según la Junta, solo el 1,2% de los docentes secundó los paros. Sordo atribuyó parte de la escasa participación en las administraciones al «boicot» de los sindicatos corporativos.
