La elección presidencial de Colombia es ilustrativa: en el siglo XXI ya no existen elecciones nacionales químicamente puras. Ninguna democracia vota dentro de un espacio cerrado contra el mundo. Hoy día, las fronteras físicas sirven todavía para ordenar pasaportes, aduanas y ejércitos; pero en el mundo de la comunicación ya no contienen las ideas, los miedos, las campañas, las simpatías ni las conversaciones públicas.
Colombia vota hoy entre una izquierda que busca continuidad con Iván Cepeda, una derecha tradicional representada por Paloma Valencia y una derecha más dura, punitiva y plebiscitaria encarnada por Abelardo De la Espriella. Pero esa disputa no ocurre sólo en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla. También se libra en Miami, Madrid, Quito, Washington y en las redes sociales de millones de colombianos que viven fuera de su país.
Ese es el dato de fondo: más de 1.4 millones de colombianos están habilitados para votar en el exterior. No hablamos de espectadores extranjeros opinando sobre una elección ajena, sino de ciudadanos que conservan derechos políticos, vínculos familiares, intereses económicos y pertenencia nacional. En una elección cerrada, ese voto no es decorativo: puede ser decisivo. México debería entenderlo bien. En 2024, solamente algo más de 258 mil mexicanas y mexicanos pudieron votar desde el extranjero, aunque fuera del país viven alrededor de 12 millones de connacionales y muchos más pertenecen a familias binacionales.
Por eso es tan peligroso hablar de “injerencia extranjera” como si toda voz emitida desde fuera fuera ilegítima. ¿Es injerencia que un colombiano en Miami pida votar por De la Espriella? ¿Lo es que un colombiano en Madrid defienda a Cepeda? ¿Lo es que una organización internacional advierta sobre riesgos autoritarios? ¿Lo es que un medio extranjero publique una investigación sobre corrupción, narcotráfico o financiamiento ilegal? Si la respuesta del poder es siempre “sí”, entonces la defensa de la soberanía electoral se convierte en pretexto para reducir el debate democrático.
El caso colombiano muestra con precisión la diferencia que una democracia madura debe saber trazar. Una cosa es la opinión exterior; otra, muy distinta, la intervención de un gobierno extranjero en funciones. Que la congresista republicana María Elvira Salazar, desde Florida, exprese simpatía por De la Espriella tiene carga política, desde luego. Habla al electorado conservador colombiano en Estados Unidos y conecta la campaña con el anticomunismo latino de Miami. Pero sigue siendo una expresión política. Se combate con crítica, no con censura.
Distinto es el episodio de Ecuador. El presidente Daniel Noboa sostuvo una videollamada con De la Espriella y anunció la eliminación de aranceles a productos colombianos, presentando la decisión como parte de un entendimiento con el candidato opositor a pocos días de la elección. Ahí la línea cambia: ya no se trata sólo de opinión, sino de poder estatal proyectado sobre una contienda vecina. Esa diferencia es esencial. Confundir ambas cosas sería un error jurídico y democrático de enormes consecuencias.
Por eso resulta preocupante que en México se pretenda incorporar la “injerencia extranjera” como causal amplia de nulidad electoral. La intención puede parecer patriótica, pero la fórmula es peligrosa. En política, todo influye: una portada de The New York Times, un informe de Human Rights Watch, una audiencia en el Congreso de Estados Unidos, una investigación periodística, un editorial de The Economist, una comunidad migrante organizada o la opinión de un expresidente extranjero. La pregunta no es si influyen. Claro que influyen. La pregunta es si, por influir, deben ser prohibidos, perseguidos o usados como pretexto para anular elecciones.
México necesita una regla clara: lo ilegal debe ser el dinero extranjero clandestino, la operación encubierta, la manipulación digital financiada, el uso de inteligencia indebida, la coerción diplomática y la intervención directa de gobiernos extranjeros. No la opinión, la crítica, el respaldo público ni el debate internacional.
La soberanía no consiste en cerrar los oídos. Consiste en impedir que poderes extranjeros compren, chantajeen o manipulen una elección. Una democracia madura tolera opiniones externas; una democracia insegura las persigue. Una democracia fuerte sanciona el financiamiento ilegal; una democracia frágil anula comicios con categorías vagas.
La lección colombiana es contundente: una elección puede estar atravesada por mensajes externos sin dejar de ser nacional. Lo que debe prohibirse no es que el mundo opine. Lo que debe sancionarse es que el mundo compre, financie, chantajee o intervenga clandestinamente.
Todo lo demás pertenece al territorio de la libertad. Y una democracia que empieza a temerle a la libertad de expresión, incluso cuando llega desde fuera, no está defendiendo su soberanía: está confesando su fragilidad.
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