¿La nueva Pataz? Algamarca y el riesgo de una disputa minera por el control del territorio

La expansión de la minería ilegal en Algamarca, en la provincia de Cajabamba, eleva la presión sobre el cerro Anticlinal, una zona que concentra yacimientos de oro y donde convergen operaciones formales, trabajadores en proceso de regularización y grupos que extraen mineral sin autorización. La multiplicación de campamentos, socavones y rutas de transporte abre el riesgo de disputas territoriales y episodios de violencia.

La actividad se concentra en las alturas del cerro Anticlinal de Algamarca, donde se encuentra una concesión de Panamerican Silver. En distintos puntos de la montaña se instalaron grupos que buscan llegar a las vetas mediante excavaciones subterráneas. Sus labores avanzan en un territorio donde las delimitaciones de las concesiones, los espacios de trabajo artesanal y las zonas restringidas se superponen.

Las laderas muestran los efectos de esa expansión. Hay desmontes de roca, caminos abiertos para vehículos de carga y bocaminas cubiertas con planchas o aseguradas con candados. Junto a las entradas de los túneles se levantan estructuras de madera, calamina y plástico que sirven para guardar combustible, motores, herramientas y alimentos. Algunos trabajadores permanecen durante la noche para vigilar las áreas donde extraen mineral.

La cantidad de instalaciones supera la capacidad de vigilancia en la zona. En uno de los sectores del cerro se identificaron 12 campamentos, aunque detrás de una elevación se observaban más puntos de extracción. La geografía dificulta el control: las trochas conectan zonas alejadas, los socavones quedan ocultos entre quebradas y los accesos pueden cambiar con rapidez según el avance de las excavaciones.

Los túneles sin autorización forman parte de una cadena que requiere logística y recursos. En áreas como La Chilca, donde no está permitida la actividad minera sin autorización, hay conexiones de agua, ductos de ventilación, generadores eléctricos, motores, retroexcavadoras y madera para reforzar las galerías. Las operaciones tienen tamaños distintos, pero comparten una infraestructura destinada a sostener jornadas prolongadas bajo tierra.

El mineral extraído sale de la montaña en volquetes que circulan por caminos de tierra hacia plantas de procesamiento ubicadas en Trujillo. Desde la zona parten entre 30 y 40 camiones por semana, según trabajadores vinculados a la actividad. Ese flujo permite dimensionar una economía que no termina en los socavones y que incluye transporte, compra de insumos, mantenimiento de maquinaria y procesamiento del material aurífero.

La extracción sin autorización ocurre cerca de labores artesanales, de trabajadores inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y de operaciones formales. Esa cercanía se repite en San José, en la falda del cerro Algamarca, donde se advirtió la presencia de cientos de personas vinculadas a labores ilegales. La coexistencia de estos grupos vuelve más compleja la identificación de responsabilidades y los controles sobre cada zona.

La limitada presencia policial agrava ese escenario. La comisaría local tenía cuatro efectivos asignados, aunque dos se encontraban con licencia. Durante un recorrido por el área, solo un agente acompañó la inspección, mientras otro permaneció en la dependencia. La dotación resulta insuficiente frente a una zona extensa, con numerosos accesos y una actividad que se desarrolla en puntos alejados del centro poblado.

En los alrededores de los campamentos se escuchan detonaciones asociadas a las labores mineras. También se registró el tránsito de personas encapuchadas en motocicleta cerca de las excavaciones. El temor es que la disputa por vetas, accesos y rutas de salida reproduzca conflictos ocurridos en otras zonas auríferas de La Libertad, donde la presencia de organizaciones ilegales derivó en ataques y enfrentamientos por el control territorial.

La minería forma parte de la economía y de la historia local de Algamarca. En el centro poblado, varios negocios dependen de la venta de insumos, alimentos, herramientas o servicios relacionados con la actividad. Los socavones de algunos mineros artesanales alcanzan hasta 300 metros de profundidad y, en ciertos casos, conectan con otras galerías. Esa red subterránea también refleja la falta de delimitaciones visibles en una montaña atravesada por décadas de extracción.

Un trabajador inscrito en el proceso de formalización explicó que los mineros suelen negociar cuando sus excavaciones se cruzan. “Llegas a una zona, comunicas, se llega a un acuerdo. Se trata de respetar, que no escale la violencia, se respeta esa zona y todos pueden trabajar tranquilos”, señaló. Esa dinámica, basada en arreglos entre grupos, busca evitar choques directos, aunque no reemplaza la intervención de las autoridades ni la definición legal de los derechos sobre el terreno.

La asociación Amasba reúne a 92 mineros inscritos en el Reinfo y mantiene desde 2024 un acuerdo con Panamerican Silver para trabajar dentro de un sector de la concesión. Cuatro empresas vinculadas a sus asociados ya tienen autorización para reiniciar operaciones formales. La organización sostiene que colaboró con la construcción de la comisaría y la remodelación de la municipalidad, además de aplicar controles sobre el ingreso de personas ajenas al polígono donde trabajan.

San José queda fuera de ese acuerdo porque Panamerican Silver desarrolla actividades en un área que cuenta con aprobación de su estudio de impacto ambiental. Por ese motivo, quienes extraen mineral allí sin autorización son considerados ilegales, incluso si pertenecen a grupos que buscan incorporarse al proceso de formalización. La delimitación entre las áreas habilitadas y las zonas restringidas será determinante para contener una expansión que ya transformó las laderas del cerro Anticlinal de Algamarca.