Una investigación antidumping en el Perú puede extenderse hasta 18 meses. En algunos expedientes, incluso las actuaciones previas a la decisión final acumulan retrasos mientras los equipos técnicos del Indecopi deben terminar un caso complejo antes de avanzar con otro. Para la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el problema ya no es solo la duración de los procedimientos, sino la pérdida de capacidad operativa de una entidad clave para vigilar la competencia en el mercado.
“Indecopi ha perdido mucha fuerza dentro de los organismos del Estado. Debería ser repotenciado, tener a la cabeza a alguien que realmente entienda las complejidades del mercado, la libre competencia y el libre comercio, y reforzar sus equipos técnicos”, señaló Silvia Hooker, gerenta de Asuntos Internacionales de la SNI, en entrevista con Infobae Perú.
Hooker sostuvo que la institución conserva funcionarios especializados, pero que sus equipos se han reducido progresivamente. Según explicó, la falta de personal y la disminución del número de sesiones de las comisiones han provocado que los expedientes se acumulen y que algunas etapas importantes se acerquen al límite de los plazos establecidos.
“Deberían estar trabajando tres o cuatro casos a la vez, porque todas las industrias merecen la misma atención”, afirmó. La especialista precisó que el problema no debe atribuirse a los funcionarios que tramitan las investigaciones, sino a la falta de “manos técnicas especializadas” para analizar la información presentada por las empresas.
Hooker conoce la institución desde dentro. Durante diez años integró la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios y luego fue vocal de la Sala Especializada en Competencia del Tribunal del Indecopi, cuya Sala Plena llegó a presidir.
La representante de la SNI sostuvo que los retrasos no deben atribuirse únicamente a los funcionarios que tramitan los expedientes. A su juicio, el problema responde a la reducción de personal especializado y del número de sesiones de las comisiones que deben resolver los casos.
“Han sobrevivido equipos técnicos, pero se han ido reduciendo a la mínima expresión”, afirmó. Según explicó, la falta de especialistas obliga a terminar investigaciones complejas antes de avanzar con otros expedientes, lo que genera una acumulación creciente.
El plazo ordinario para resolver una investigación antidumping es de un año, aunque puede extenderse hasta 18 meses cuando el caso es complejo. Hooker indicó que los últimos procedimientos vinculados al acero agotaron prácticamente ese periodo y que otras investigaciones están próximas a alcanzar el plazo máximo sin haber llegado a la etapa de hechos esenciales, previa a una resolución definitiva.
“Deberían estar trabajando tres o cuatro casos a la vez, porque todas las industrias merecen la misma atención”, sostuvo.
Uno de los procedimientos recientes corresponde a las importaciones de tubos de acero laminados en caliente procedentes de China. La solicitud fue presentada en octubre de 2024, la investigación comenzó formalmente en enero de 2025 y la resolución definitiva se publicó en julio de 2026.
El Indecopi concluyó que existían prácticas de dumping y daño importante a la producción nacional, por lo que impuso derechos de entre US$49,2 y US$193,6 por tonelada, según la empresa exportadora, durante un periodo de cinco años.
La demora no es el único obstáculo señalado por la SNI. Hooker también cuestionó el volumen de información que las empresas deben presentar antes de que el Indecopi decida iniciar una investigación.
Según explicó, formular una denuncia requiere realizar prácticamente una investigación previa, contratar asesoría especializada y entregar información técnica sobre la existencia de dumping, el daño ocasionado y la relación entre ambos.
Las empresas grandes pueden asumir esos costos, aunque también enfrentan dificultades. Para una pequeña industria, en cambio, cumplir con esos requisitos puede resultar inviable. “Si las grandes padecen, las pequeñas imagínate. No existen para Indecopi en estos casos”, afirmó.
Hooker consideró que los procedimientos podrían iniciarse cuando existan indicios razonables de dumping, daño y relación causal, y completar el análisis durante la investigación. Actualmente, sostuvo, se exige buena parte de esa información antes de abrir el expediente y, aun así, la resolución puede tardar un año y medio.
