Caída de precios, importaciones y fertilizantes más caros: las razones detrás del paro agrario indefinido que paraliza varias regiones del Perú

Miles de agricultores peruanos bloquean carreteras en nueve regiones del país desde el inicio de un paro agrario indefinido convocado por la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), organización que agrupa a productores arroceros, bananeros, cañicultores, cafetaleros, lecheros y limoneros. La medida de fuerza responde a una crisis que los gremios describen como insostenible: caída de precios por segundo año consecutivo, incremento del costo de fertilizantes, combustible e insumos agrícolas, y el ingreso masivo de arroz importado que derrumba los precios del producto nacional.

Según la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran), al inicio de la jornada no había tránsito en 13 puntos viales: nueve en Piura, uno en San Martín, uno en Huánuco y uno en Puno. A lo largo del día, los bloqueos se extendieron a Arequipa, Lambayeque, Tumbes y Ucayali, donde los manifestantes mantuvieron cortada la carretera Federico Basadre y la vía que conecta Tingo María con Tocache. En Piura, más de 14.000 agricultores participaron de la paralización en distintos puntos de la Panamericana Norte, las vías hacia Sullana, Sechura, Catacaos y el puente La Manuela, entre otros corredores estratégicos.

El pliego de reclamos de Conveagro tiene cuatro ejes. El primero es la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, que los gremios exigen desde hace más de dos meses sin obtener respuesta del Ejecutivo. El segundo es la suspensión o reducción de las importaciones de arroz: los productores denuncian que el ingreso de producto extranjero a precios más bajos hace inviable la producción nacional. “No es un capricho. Es una causa justa”, señalaron varios manifestantes durante las movilizaciones.

El tercero es el alza de fertilizantes e insumos, que ha reducido drásticamente la rentabilidad del cultivo. El cuarto es la exigencia de medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño, cuyas proyecciones del ENFEN apuntan a una intensidad moderada con riesgo de sequía en la sierra sur y lluvias excesivas en el norte.

En Lambayeque, el dirigente de la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque —que agrupa a más de 32.000 productores—, Carlos Guevara, resumió la situación: “Todos los cultivos están afectados. Hay una caída de precios en el campo por dos años consecutivos que nos preocupa y estamos perdiendo el capital”. La organización convocó una “marcha de sacrificio” hacia el Gobierno Regional de Lambayeque para visibilizar la crisis.

Conveagro advirtió además que si el gobierno no atiende sus demandas, exigirá la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

En respuesta a la paralización, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) emitió un comunicado el mismo 25 de mayo en el que detalló tres líneas de acción que el Ejecutivo ejecuta de forma multisectorial bajo la coordinación de la PCM.

La primera es la aplicación estricta de la Ley N° 31071, que obliga a las entidades públicas a priorizar la compra de alimentos de la agricultura familiar. Como resultado concreto, el Midagri informó que ya se concretó la venta de 410 toneladas de arroz nacional por más de S/ 1,4 millones. Los gremios consideran el volumen insuficiente frente a la sobreproducción acumulada.

La segunda acción es el combate al comercio desleal mediante un frente conjunto entre la Policía Nacional, la Sunat y el Senasa, con 180 operativos anuales que ya lograron la incautación de 84.915 kilos de arroz ilegal en la frontera de Tumbes. La tercera es el despliegue de comisiones gubernamentales en Ucayali, Huánuco, San Martín, Lambayeque y Piura para acelerar el Registro de Productores y viabilizar infraestructura de riego, requisitos para acceder a créditos del Estado.

El Midagri cerró su comunicado con un llamado al diálogo institucional, asegurando que los canales de negociación “se mantienen permanentemente abiertos al más alto nivel”. Sin embargo, no estableció plazos ni compromisos concretos frente a las demandas centrales del pliego de reclamos.

Los bloqueos generaron afectaciones inmediatas en el transporte de pasajeros y carga, el abastecimiento de mercados y los servicios educativos. La Dirección Regional de Educación de Piura informó que varias instituciones educativas optaron por clases remotas ante la imposibilidad de garantizar el desplazamiento de estudiantes y docentes.

Comerciantes y transportistas alertaron que la paralización coincidió con uno de los principales días de abastecimiento de frutas, verduras y productos agrícolas hacia mercados del país, con riesgo de incremento de precios en los próximos días. Especialistas advierten que si los bloqueos se extienden, los efectos sobre el abastecimiento de alimentos y el transporte de carga podrían agravarse.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura desplegó fiscales en los puntos de bloqueo para monitorear la situación y exhortó a los dirigentes a abstenerse de actos de violencia, advirtiéndoles sobre los delitos en los que podrían incurrir por entorpecimiento de servicios públicos.

La Dirección Regional de Agricultura de Piura respaldó públicamente las demandas de los productores y anunció que durante la campaña complementaria reducirá entre 5.000 y 8.000 hectáreas de siembra de arroz en la región —que actualmente registra cerca de 50.000 hectáreas anuales— para reducir la sobreoferta. Como alternativa, promueve la siembra de menestras y ajonjolí, con mayor demanda en mercados internacionales.