Nicaragua autorizó salidas religiosas, pero mantuvo restricciones para otras procesiones

Cuatro fueron las procesiones católicas autorizadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para realizarse fuera de sus parroquias entre finales de septiembre y octubre de 2026, después de varios años de restricciones. Según Confidencial.digital, los permisos abarcaron celebraciones puntuales y mantuvieron la presencia de las autoridades durante los recorridos.

Las autorizaciones correspondieron a San Jerónimo de Masaya, San Miguel Arcángel de Managua, San Francisco de Asís de Camoapa y la Virgen de la Merced de Matagalpa. Desde 2022, esas expresiones religiosas se realizaban dentro de los templos por decisión de la Policía Nacional.

Los permisos no incluyeron todas las procesiones previstas. De las 10 celebraciones realizadas entre el 27 de septiembre y el 18 de octubre que no podían salir de sus parroquias, seis continuaron dentro de los recintos religiosos.

La decisión permitió cuatro recorridos en festividades patronales de amplia convocatoria, pero no restableció de forma general la realización de procesiones en espacios públicos. Algunas de las actividades autorizadas tuvieron cobertura de medios propagandísticos, de acuerdo con la información publicada por Confidencial.digital.

La investigadora Martha Patricia Molina documentó más de 16,564 actividades de piedad popular prohibidas en Nicaragua entre 2019 y mediados de 2025.

El relevamiento forma parte de su estudio Nicaragua: Una Iglesia Perseguida. Las restricciones comenzaron a aplicarse de forma más extendida en 2022, aunque hubo excepciones para Santo Domingo en Managua, San Jerónimo de León y la Gritería en honor a la Virgen María.

Las parroquias recibieron las autorizaciones sin una preparación previa para organizar los recorridos. Molina señaló que los sacerdotes tuvieron que resolver la logística en un plazo acotado y bajo observación de las autoridades.

“Ha sido una decisión de último momento y los sacerdotes han tenido que asumir el reto de sacar las procesiones sin una preparación previa casi obligados y no han desaprovechado la oportunidad”, dijo Molina al medio.

La investigadora sostuvo que las celebraciones se realizaron “sin libertad plena y bajo la vigilancia” de las autoridades. También indicó que algunos sacerdotes no recibieron instrucciones para organizar procesiones.

Otros religiosos, según Molina, recibieron visitas de policías que tomaron fotografías, grabaron videos y pidieron información sobre el trabajo pastoral de las parroquias.

La investigadora rechazó las versiones sobre un supuesto entendimiento entre la Iglesia católica y el Gobierno. Entre las referencias mencionadas figuró una atribución al cardenal Leopoldo José Brenes.

La procesión de San Jerónimo de Masaya salió el 20 de septiembre, durante el inicio de las fiestas patronales, y recorrió siete cuadras.

La autorización no alcanzó a la procesión de La Octava, prevista para la mañana del 7 de octubre y extendida hasta el día siguiente.

En reemplazo de esa actividad, la parroquia celebró una eucaristía. La imagen permaneció expuesta en el templo antes de regresar a su altar.

El caso de Masaya mostró que las autorizaciones fueron definidas para actos concretos. El permiso otorgado para una salida no abarcó necesariamente el programa completo de cada festividad.