El oro de Nicaragua en la mira: Senadores piden al Tesoro de EE.UU. suspender compras del metal

Dos senadores demócratas de Estados Unidos exigieron al Departamento del Tesoro la suspensión inmediata en la compra de oro a Nicaragua, señalando que estos fondos constituyen un soporte financiero directo para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de alimentar estructuras del crimen organizado comparables al Clan del Golfo en Colombia, indica una publicación del medio regional Centroamérica 360.

La advertencia, enviada mediante una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent, agrega presión sobre el gobierno estadounidense para replantear la continuidad de operaciones que, aseguran, contradicen las sanciones ya impuestas contra el círculo presidencial nicaragüense y sus aliados. La petición enfatiza la necesidad de fortalecer los controles sobre el origen y trazabilidad del metal precioso, dado su creciente peso en las exportaciones nicaragüenses y el impacto regional del comercio ilícito.

En abril de 2026, la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó a funcionarios y empresas relacionadas con el negocio aurífero en Nicaragua, incluyendo a miembros de la familia Ortega Murillo. Pese a estas medidas, los senadores Ron Wyden y Elizabeth Warren afirman que la United States Mint continúa con la adquisición de oro proveniente del país centroamericano. Esta situación, sostienen, “oxigena financieramente a estructuras que sostienen regímenes autoritarios y organizaciones del crimen organizado”, según consta en la carta citada por Centroamérica 360.

La importancia del oro como fuente de recursos para el aparato político nicaragüense se ha incrementado a la par de los precios internacionales y la expansión de la minería artesanal, lo que dificulta la identificación del origen del metal. Los legisladores destacan: “Los beneficios derivados de la minería de oro constituyen una de las principales fuentes de financiación de la dictadura”, a la par que denuncian prácticas estatales de confiscación de inversiones extranjeras y control sobre el sector minero.

Según investigaciones periodísticas referidas por los senadores y recogidas por Centroamérica 360, existen amplias pruebas de que el oro procedente de Nicaragua, Colombia y Venezuela puede estar vinculado a grupos armados, redes de narcotráfico y graves violaciones de los derechos humanos.

Los senadores advierten que la falta de controles efectivos en la cadena de suministro incrementa la probabilidad de que el metal comprado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos se mezcle con producción ilícita procedente de zonas bajo influencia de organizaciones criminales latinoamericanas.

En este sentido, Ron Wyden y Elizabeth Warren solicitaron una auditoría exhaustiva sobre el origen de todo el oro adquirido por la United States Mint, exigiendo la publicación de los resultados y la implementación de mecanismos más estrictos de trazabilidad en las compras de oro extranjero, reporta el medio regional.

Además, exigieron el cese inmediato de adquisiciones que no cumplan con estándares claros de legalidad y transparencia, y recordaron que la ley estadounidense obliga a que el oro para acuñar monedas sea de origen nacional, lo que fundamenta la suspensión de importaciones desde países considerados de alto riesgo.

Nicaragua ha experimentado una transformación en la industria extractiva mediante las empresas mineras de capital chino que han recibido concesiones. Según datos del diario oficial La Gaceta(Nicaragua) y de la ONG ambientalista nicaragüense Fundación del Río, el Estado autorizó en los últimos cinco años la operación de al menos 20 entidades corporativas relacionadas con intereses chinos, que concentran más del 8.5 % del territorio nacional en contratos mineros.

La expansión de la minería en Nicaragua se da en un contexto de sanciones impuestas por Estados Unidos al sector aurífero nacional. En abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)del Departamento del Tesoro sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo, a un viceministro, a otros cuatro individuos y a siete compañías mineras, todos vinculados a la extracción y comercialización de oro.

La consolidación del oro como el principal producto de exportación de Nicaragua ocurre en un entorno donde la legislación internacional y las sanciones estadounidenses buscan limitar los recursos de regímenes señalados por represión política y corrupción.

La misiva demandó que el Tesoro de Estados Unidos publique los resultados de sus auditorías y refuerce los controles para garantizar que ningún recurso de origen ilícito entre a la cadena de valor institucional, en especial cuando las exportaciones auríferas de Nicaragua se han visto impulsadas por la minería artesanal, sector muy difícil de rastrear conforme a los estándares internacionales citados por Wyden y Warren en su petición.