El gobierno de la 4T pierde terreno frente al avance del crimen organizado digital

El crimen organizado ya no necesita controlar una plaza, instalar retenes o desplegar hombres armados para ampliar su poder. Ahora también opera mediante redes de extorsión telefónica, robo de información, ataques de ransomware, criptomonedas y mercados clandestinos de datos.

Mientras estas organizaciones diversifican y profesionalizan sus actividades en el entorno digital, México enfrenta el desafío de desarrollar una política de seguridad capaz de responder a una amenaza que ya no reconoce fronteras entre el mundo físico y el virtual.

Durante décadas, la imagen del crimen organizado en el país estuvo asociada con el control territorial, las rutas del narcotráfico, las disputas entre cárteles y los enfrentamientos armados.

Sin embargo, esa perspectiva resulta insuficiente para explicar la dimensión actual de las estructuras delictivas. El poder criminal también se construye, se financia y se expande en el ciberespacio, donde existen nuevas oportunidades para obtener recursos, vulnerar instituciones, extorsionar a ciudadanos y comprometer información de empresas y gobiernos.

La transformación es profunda. Las organizaciones criminales pueden utilizar criptomonedas para movilizar recursos, recurrir a bases de datos robadas para identificar víctimas, desplegar campañas masivas de fraude mediante llamadas y aplicaciones de mensajería, contratar servicios especializados de ciberdelincuencia e incluso aprovechar infraestructuras de ransomware para paralizar organizaciones y exigir rescates.

El territorio criminal ya no se limita a un espacio geográfico: también comprende servidores, redes de comunicación, plataformas financieras, sistemas informáticos y bases de datos. El problema es que la respuesta del Estado mexicano todavía enfrenta importantes rezagos de coordinación, capacidad operativa y actualización institucional para atender esta nueva dimensión de la delincuencia.

Uno de los principales desafíos para las autoridades es la creciente relación entre el crimen organizado y las tecnologías financieras. Los criptoactivos, particularmente las monedas estables o stablecoins, ofrecen mecanismos de transferencia internacional que pueden ser aprovechados tanto por usuarios legítimos como por redes dedicadas al lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

De acuerdo con Chainalysis, las direcciones de criptomonedas vinculadas con actividades ilícitas recibieron al menos 154 mil millones de dólares durante 2025. La firma estimó que las stablecoins concentraron aproximadamente 84% del volumen de transacciones ilícitas identificado en ese ecosistema.

Su relativa estabilidad de precio, liquidez y facilidad para realizar transferencias transfronterizas las convierten en instrumentos atractivos para determinados actores criminales. Esto no significa que las criptomonedas sean ilícitas por naturaleza, sino que su utilización en actividades delictivas exige capacidades de rastreo financiero y cooperación internacional cada vez más sofisticadas.

A este escenario se suma el crecimiento del ransomware, un modelo delictivo que evolucionó de ataques ejecutados por individuos aislados a estructuras organizadas que comercializan herramientas, accesos, infraestructura y servicios de extorsión. En este esquema, quienes ejecutan un ataque no necesariamente desarrollaron el programa malicioso: pueden adquirir o contratar los recursos necesarios para vulnerar una organización y obtener beneficios económicos.

La dimensión regional confirma la magnitud del problema. Recorded Future documentó 452 incidentes de ransomware en América Latina y el Caribe durante 2025, de los cuales 78 afectaron a organizaciones mexicanas. Entre los sectores más perjudicados en la región estuvieron manufactura, salud, gobierno, tecnologías de la información y educación.

El riesgo va mucho más allá del robo de información. Un ataque puede interrumpir servicios hospitalarios, comprometer sistemas administrativos, detener líneas de producción, afectar operaciones logísticas y provocar pérdidas económicas que repercuten incluso en organizaciones que no fueron atacadas directamente.

En México, la convergencia entre delincuencia organizada y ciberdelincuencia ya tiene manifestaciones concretas. Las herramientas digitales permiten ampliar los mecanismos de operación, reducir la exposición física de los responsables y multiplicar el número de víctimas potenciales.

Durante octubre de 2026, la Unidad de Investigación de SILIKN documentó la actividad de redes como CyberCartel, vinculadas con esquemas que combinan fraude, robo de información y extorsión mediante infraestructura tecnológica especializada. Estos casos reflejan una tendencia preocupante: la profesionalización de los servicios criminales y la integración de distintas modalidades delictivas dentro de un mismo ecosistema.

La extorsión telefónica también evidencia esta transformación. De acuerdo con el monitoreo de la Unidad de Investigación de SILIKN, los intentos de fraude, estafa y extorsión telefónica registraron incrementos de hasta 90% durante 2026. La cifra fue retomada en un reportaje publicado por Expansión el 5 de noviembre de ese año.