El Gobierno ordena a las almazaras almacenar el 12% del aceite de oliva producido en la nueva campaña

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha activado por primera vez desde su creación el mecanismo de retirada de aceite de oliva del mercado y ordenó la inmovilización temporal de 188.000 toneladas, equivalentes al 12% de la producción mensual de cada almazara, ante el riesgo de que una cosecha excepcionalmente abundante hunda los precios en origen.

El efecto de la sobreoferta ya se reflejaba en las cotizaciones antes de la publicación de la orden. En la semana 41 del año, el aceite de oliva virgen extra se pagaba en España a 331,86 euros por cada 100 kilogramos, un 22% menos que en la misma semana de 2025, mientras el aceite de oliva virgen se situaba en 306,99 euros por cada 100 kilogramos.

La resolución, dictada por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y fija un porcentaje inferior al máximo previsto, que ascendía al 20%.

El aforo elaborado por las comunidades autónomas sitúa la producción de la presente campaña en 1.602.596 toneladas, un 23% por encima de la anterior y un 35% superior a la media de las últimas seis campañas, según el Informe Sectorial 2026 sobre Aceite de Oliva, elaborado por AgroBank y Agrifood Comunicación. De confirmarse, sería la cuarta cosecha de mayor volumen registrada en el país, que concentra el 64% de la producción de la Unión Europea y el 38% de la mundial.

A la cifra de producción se suman las existencias de enlace de la campaña anterior, que cerraron en 357.040 toneladas, un 23,3% más que un año antes, según el Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), que recoge los datos reportados por los operadores y que el ministerio publicó el 28 de octubre.

La combinación de ambos factores alcanza el 120% del promedio de disponibilidades de las últimas seis campañas, el umbral que la Orden APA/1145/2026 establece como condición indispensable para activar el mecanismo de retirada.

Las condiciones meteorológicas de la primavera pasada, con temperaturas suaves y precipitaciones abundantes en las principales zonas olivareras, favorecieron una buena floración y un cuajado del fruto superior al habitual, factores que explican el salto productivo respecto a campañas previas.

Organizaciones como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) y Cooperativas Agroalimentarias venían pidiendo al Gobierno que activara el mecanismo, al advertir de que el precio del aceite de oliva virgen extra, en torno a tres euros por kilogramo, no cubre los costes de producción, especialmente en las explotaciones de secano y olivar tradicional.

Según los cálculos propios de COAG, al cruzar el aforo nacional, las existencias de enlace y la media histórica de importaciones, el volumen a inmovilizar debía rondar las 188.700 toneladas, equivalentes al 11,78% de la producción de cada almazara, una estimación prácticamente idéntica al 12% finalmente fijado por el ministerio.

Cada almazara deberá mantener almacenado, en instalaciones propias o ajenas, el 12% de la producción que declare mensualmente a partir de noviembre. Los volúmenes retirados permanecerán fuera del mercado hasta el 30 de septiembre de 2027, aunque la resolución podrá modificarse a partir del 31 de diciembre de este año en función de cómo evolucione la producción.

Los operadores conservan plena libertad para elegir qué categoría de aceite retiran, ya sea virgen extra, virgen o lampante, lo que en la práctica les permite apartar las calidades de menor valor y mantener en el mercado las partidas de mayor rentabilidad. Para vigilar el cumplimiento de la norma se creará un grupo técnico de seguimiento, coordinado por el ministerio y encargado de aprobar un plan de control que ejecutarán las comunidades autónomas según sus competencias.

El mecanismo está amparado por la Comisión Europea y fue traspuesto a la legislación española en 2021 mediante real decreto, aunque esta es la primera vez que se pone en marcha desde su creación. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) emitió en las últimas semanas un informe crítico en el que advierte de que la retirada constituye una restricción relevante a la libre competencia, capaz de elevar los precios que pagan los consumidores finales y de generar ineficiencias en la cadena de valor.

El organismo supervisor cuestiona además la premisa del ministerio de que la norma resulte neutra desde el punto de vista competitivo, al considerar que amortiguar las futuras subidas de precio en campañas de escasez se logra a costa de limitar las bajadas en las de cosechas abundantes. El propio informe de la CNMC estima que la obligación de inmovilizar el producto durante toda la campaña generará un coste directo de almacenamiento de entre 9,24 y 11,68 millones de euros en el escenario de aplicación máxima, un sobrecoste que, advierte, podría acabar trasladándose al precio final en los lineales.