Ricardo Delgado, de Analytica: “La industria y la construcción no sólo generan empleo, generan territorialidad”

El programa de estabilización del Gobierno avanza con medidas destinadas a profundizar las desregulaciones, baja de impuestos y del costo del financiamiento para empresas y familias, junto con mayores facilidades para importar no solo bienes de consumo final, sino más aún de insumos y equipos para la producción con las nuevas tecnologías que en el pasado se importaban, mientras que en paralelo crecen las preocupaciones de referentes de la industria manufacturera, la construcción y el comercio por la caída de la actividad y disminución del empleo asalariado registrado.

Con ese escenario, Infobae entrevistó a Ricardo Delgado, economista y socio y presidente de Analytica, consultora de empresas y gobiernos, además de haber sido consultor para el PNUD, el Banco Mundial y el BID, para que analice la coyuntura de la macroeconomía y la microeconomía.

— ¿El mercado laboral es el flanco más débil de la gestión Milei, o es un problema estructural de la Argentina que excede a este gobierno?

— Es un problema estructural que se agravó. Desde 2010 la Argentina no crea empleo privado formal en términos netos, y pasaron gobiernos de todos los signos políticos. El presidente Milei recibió una economía donde el peso de la informalidad y las condiciones de contratación más precarias ya eran crecientes: de 4,6 asalariados del sector privado por cada monotributista en 2012 se pasó a 3,1 a fines de 2023. Durante esta gestión la relación empeoró aún más y actualmente es de 2,8. En paralelo, la informalidad pasó del 41% a fines de 2023 al 44,2 por ciento.

Lo preocupante es que estos datos se dan en una economía que acumula un crecimiento de 5,3% en lo que va de la gestión. Se destruyen empleos de calidad y los que se crean son más precarios. Si los sectores que más demandan trabajo, la industria, la construcción y el comercio (casi 40% del total) están en dificultades, este aspecto solo puede profundizarse.

— El presidente Milei presenta la reforma laboral como uno de los hitos de su gestión, pero el empleo informal es el segmento que más creció, tanto en cantidad de puestos como en mejora salarial. ¿Cómo se explica esa contradicción?

— No es una contradicción: es una cuestión de secuencia. La reforma vuelve más barato contratar y despedir; no genera demanda de trabajo, que en realidad depende de la actividad de las actividades intensivas en empleo, justamente las más rezagadas. Además, la ley se sancionó en febrero: quien afirme que funcionó o que fracasó está haciendo política, no análisis.

Lo que sí preocupa es que buena parte del incremento de la informalidad no responde a personas que ingresan al mercado, sino a trabajadores que se desplazan dentro de él. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 240.000 empleos asalariados privados registrados y 80.000 públicos, frente a 160.000 altas de monotributo.

Es decir, no tenemos una economía que formaliza empleo, sino una que apenas lo reclasifica, y de manera parcial.

— Al margen de los proyectos del RIGI, ¿Ve que las empresas aprovechan los cambios en la legislación laboral para bajar el costo de las nuevas contrataciones?

— Sí, y era lo que la ley buscaba. Se usan de manera intensiva tres herramientas: período de prueba extendido, banco de horas y la figura del prestador independiente. La rebaja de contribuciones para nuevas contrataciones entró en casi todos los presupuestos. Pero conviene ser preciso sobre el efecto. Un contrato más barato no convence a nadie de expandirse: acelera a quien ya decidió hacerlo.

Con la capacidad instalada industrial que utiliza solo 6 de cada 10 máquinas, la restricción no es el costo laboral, es la demanda. Lo que se observa no es tanto creación de empleo como sustitución: menos plantilla estable, más rotación, más tercerización.

— Los juicios laborales, tanto por despidos como por accidentes de trabajo, crecen de forma sostenida. ¿La nueva legislación laboral no logró ponerles freno?

— Todavía no, las causas siguen creciendo y parece previsible. Los juicios que ingresan hoy corresponden en buena medida a hechos anteriores a la reforma, y cuando se anuncia que cambian las reglas de reparación conviene demandar antes del cambio. El problema de fondo, igual, no es la ley: son los incentivos. Honorarios, tasas judiciales, criterios periciales, fueros provinciales.

Santa Fe proyecta 349 juicios cada 10.000 trabajadores contra 138 del promedio nacional, con la misma ley nacional. Sin acuerdo con las provincias, ninguna reforma nacional mueve la aguja. Y una aclaración: bajar la litigiosidad no puede convertirse en un eufemismo para restringir el acceso a la reparación.