El Ministerio de Gobernación de Guatemala y la Comisión Portuaria Nacional (CPN) suscribieron un convenio marco de cooperación interinstitucional para robustecer los controles y las medidas de seguridad en las terminales portuarias frente a las operaciones del crimen organizado transnacional.
El acuerdo prevé mecanismos de coordinación, asistencia e intercambio de información entre ambas entidades. La meta es fortalecer la identificación de riesgos, anticipar amenazas y mejorar la respuesta estatal ante posibles actividades ilícitas que utilicen la infraestructura logística y comercial del país.
Guatemala tiene una ubicación estratégica para el comercio internacional y para su conexión con los mercados globales. El movimiento de mercancías a través de los puertos sostiene actividades productivas y comerciales, aunque también expone a las terminales a intentos de infiltración de estructuras dedicadas al narcotráfico, el contrabando y otros delitos transnacionales.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, afirmó que el convenio permitirá ampliar las capacidades de análisis institucional y mejorar la actuación conjunta. “La seguridad portuaria y el desarrollo económico no son objetivos separados, sino responsabilidades que se complementan”, señaló durante el acto de firma.
El titular de Gobernación sostuvo que el intercambio de datos, dentro de las competencias legales de cada institución, puede dar al Estado mayores herramientas para anticiparse a hechos delictivos.
A su criterio, un sistema de protección adecuado en los puertos resguarda las operaciones comerciales legítimas y fortalece la confianza de los actores de la cadena logística.
“Cuando las instituciones comparten información relevante, dentro del marco de sus competencias y con pleno respeto a la ley, el Estado adquiere una mayor capacidad para anticiparse”, expresó Villeda Sandoval.
El director general de la Comisión Portuaria Nacional, Leonel Molina, destacó la necesidad de consolidar la coordinación entre el sector público y el privado para reforzar los controles en las instalaciones portuarias. Según indicó, el instrumento se integra a la visión de seguridad fronteriza que impulsa el Ministerio de Gobernación.
Para Molina, la cooperación permitirá “fortalecer y generar esa coordinación público-privada” que se requiere para elevar los estándares de protección en las terminales. El acuerdo abarca tanto a empresas portuarias nacionales como a terminales privadas.
El viceministro de Antinarcóticos, Víctor Cruz Reynoso, sostuvo que el documento aportará respaldo legal y valor estratégico al intercambio de información. También remarcó que facilitará la trazabilidad de datos sobre las cargas y sobre todo aquello que ingrese a las instalaciones bajo control portuario.
El convenio contempla el uso de mecanismos tecnológicos para compartir información, el desarrollo de programas de capacitación especializada y la conformación de equipos multisectoriales. Las instituciones también prevén la elaboración de estrategias conjuntas para reforzar la seguridad en las zonas portuarias del territorio guatemalteco.
La iniciativa se alinea con las disposiciones del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), que fija estándares para la protección de puertos y embarcaciones frente a amenazas a la seguridad.
La firma del acuerdo coincide con un proceso de profesionalización de 20 agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica y la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los policías participaron en el Programa de Formación contra el Contrabando, Seguridad Fronteriza y Antinarcóticos. La capacitación incluyó visitas a la Empresa Portuaria Quetzal, en Escuintla, y al Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital, donde conocieron procedimientos de inspección, controles multisectoriales y medidas para prevenir el ingreso de ilícitos.
Cruz Reynoso indicó que el personal especializado deberá transformar la información obtenida en inteligencia para reforzar la protección de puertos, aeropuertos y puestos fronterizos ante el crimen organizado transnacional.