Beijing reforzó este martes su arsenal legal para restringir la libertad de movimiento de sus ciudadanos. Las nuevas Disposiciones sobre Administración de Entrada y Salida, aprobadas por el Consejo de Estado el 31 de julio y en vigor desde el 15 de septiembre, permiten vetar la salida del país a personas que hayan incurrido en actividades ilegales relacionadas con la exportación de tecnología cuando pongan en riesgo la seguridad industrial o tecnológica nacional. La norma, de 19 artículos, es la actualización más significativa del marco migratorio chino desde la Ley de Administración de Entrada y Salida de 2013.
El texto establece que un ciudadano que cometa actos ilegales o delictivos en el extranjero que perjudiquen la seguridad nacional podrá quedar inhabilitado para volver a salir de China durante un período de entre seis meses y tres años, contados desde su regreso. La misma sanción se aplicará a quien vulnere las regulaciones de importación o exportación de tecnología cuando ese incumplimiento comprometa la seguridad industrial. El artículo inaugural señala que la norma busca proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo del país, y habilita a las autoridades a no notificar a los afectados cuando esa comunicación pudiera perjudicar una investigación en curso.
Los extranjeros, por su parte, podrán ver denegada su entrada durante uno a cinco años si aportan información falsa en una solicitud de visado o en el puesto fronterizo, o si figuran en listas oficiales de sanciones, según detalla el bufete DLA Piper en un análisis dirigido a empresas multinacionales.
Mark Jia, profesor de Derecho en la Universidad de Georgetown, señaló que la definición amplia del concepto de seguridad nacional facilita que una persona quede sujeta a una prohibición de salida sin las garantías procesales básicas que el propio texto promete. Trivium, consultora especializada en política china, señaló que la norma es otra muestra de la determinación de Beijing por impedir la transferencia de conocimiento tecnológico sensible.
Shen Yu-chung, subdirector del Consejo de Asuntos Continentales de Taiwán, afirmó el lunes que la reforma legaliza prácticas de control fronterizo hasta ahora sin fundamento jurídico claro y amplía la discrecionalidad de los organismos que la aplican, con especial atención al lenguaje sobre control de exportaciones, que podría afectar a taiwaneses del sector tecnológico. El Gobierno chino rechazó esas objeciones y sostuvo que la norma ofrece mayor protección legal a los ciudadanos de Taiwán.
La Administración del Ciberespacio de China intentó disipar la alarma: precisó, en una publicación de la semana pasada, que las medidas apuntan a actividades ilegales transfronterizas y no a ciudadanos comunes con motivos legítimos de viaje. La reforma incluye además disposiciones para impedir que ciudadanos chinos sean engañados para viajar al exterior y forzados luego a participar en esquemas de estafa telefónica y digital.
El nuevo marco llega meses después de que Beijing bloqueara, en abril, la adquisición por Meta de la empresa de inteligencia artificial Manus, valorada en cerca de USD 2.000 millones. Manus, fundada en Beijing en 2022 como Butterfly Effect, había trasladado su sede a Singapur en 2025 para distanciarse de su origen chino, pero conservaba vínculos con talento e infraestructura tecnológica del país.
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ordenó deshacer la operación por riesgos de transferencia tecnológica, y el Financial Times informó entonces que los dos cofundadores de Manus quedaron impedidos de salir de China durante la investigación.
Las restricciones de salida no son nuevas en China, pero su alcance creció de forma sostenida desde que Xi Jinping asumió el poder en 2012. Un informe de 2023 de Safeguard Defenders, organización española de defensa de derechos humanos, estimó que decenas de miles de personas están sujetas en cada momento a alguna prohibición de salida, cifra que no incluye a los millones de tibetanos y uigures de Xinjiang restringidos por motivos étnicos.
Según ese informe, entre 2018 y 2023 se aprobaron o modificaron al menos 5 leyes con ese propósito, hasta sumar 15 normas vigentes. Un análisis de Reuters sobre la base de datos del Tribunal Supremo Popular detectó un aumento de 8 veces en los casos judiciales que mencionan estos vetos entre 2016 y 2022.
La norma se inscribe en la creciente fricción tecnológica entre Washington y Beijing por el liderazgo en inteligencia artificial y semiconductores.
