Mientras el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset evalúa negociar un acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, la acusación de la Fiscalía paraguaya a la madre de sus hijos, Gianina García Troche, detalló parte de sus maniobras criminales. La estructura criminal combinaba proveedores bolivianos, pistas clandestinas en el Chaco paraguayo, estancias usadas como centros de acopio, camiones de gran porte y empresas exportadoras.
Marset, que se mantuvo prófugo durante varios años, fue encontrado en marzo en Santa Cruz de la Sierra y enviado de manera inmediata a Estados Unidos, donde será juzgado. García Troche, en tanto, fue detenida en julio de 2024 en Barajas –según su defensa se entregó– y está en prisión preventiva en Paraguay, mientras espera el juicio contra ella por narcotráfico.
Marset llegó a Paraguay en 2018, según la reconstrucción que hizo la Fiscalía paraguaya citada por El País. En ese momento comenzó a utilizar documentos falsos brasileños y bolivianos, con la identidad de Gabriel de Souza Beumer. Una vez instalado en Paraguay, se presentó como empresario de espectáculos a través de Mastian Productions, una fachada que le servía para justificar su patrimonio y su actividad en el país.
La acusación contra García Troche señala que las cargas descubiertas en Bélgica y Países Bajos totalizaron 17.340 kilos de cocaína, que están valuados en hasta USD 434 millones en el mercado europeo.
En la acusación contra García Torche se reconstruye cómo era la operativa de la organización criminal que lideraba Marset y Miguel Insfrán Galeano, conocido como Tío Rico.
Esta alianza tenía tres patas. El narcotraficante uruguayo ya había forjado los contactos por su pasado delictivo y se encargaba de coordinar con proveedores y compradores internacionales. Tío Rico y sus personas de confianza estaban a cargo de la logística dentro de Paraguay. En tercer lugar había una facción boliviana encargada de proveer la cocaína.
La ruta de la droga comenzaba en Bolivia, de acuerdo a la acusación citada por El País. Se trasladaba en aeronaves con matrícula de ese país y era descargada en un establecimiento rural dentro de la Reserva Natural Cabrera-Timane, en Alto Paraguay, cerca de la frontera con Bolivia. Allí había una pista y un aeródromo clandestinos.
Con la droga descargada en ese lugar, se activaba el transporte de la droga de forma aérea pero en este caso dentro del país. Hubo casi 1.000 vuelos.
La estancia San Agustín era uno de los puntos clave de la operativa criminal. Allí, de acuerdo a lo que informó el diario uruguayo, había hangares, pistas clandestinas, viviendas para integrantes del grupo, radios tierra-aire, reflectores para guiar aterrizajes nocturnos, reservas de combustibles y piezas de aviones. El lugar también servía como acopio de droga.
La estancia Nuevo Horizonte, vinculada a Tío Rico, también tuvo un rol similar.
El transporte de la cocaína desde una estancia a la otra era vía terrestre. Tío Rico era quien se encargaba de proveer los camiones, que llevaban la droga hacia depósitos del Departamento Central. Allí se la escondía dentro de mercaderías lícitas, como harina de soja, antes de ser cargada en contenedores. Los productos elegidos para la carga tenían que ser catalogados como de bajo perfil o de menor control. Los destinos finales eran puertos de Europa o África.
Pero el grupo tenía también que saber disimular: necesitaban aparentar que había un comercio exterior real. Para hacerlo, integrantes de vinculados a empresas exportadoras hacían trámites ante Aduanas, organismos estatales, compañías marítimas y puertos.
Representantes de empresas paraguayas mandaban correos a supuestas importadoras extranjeras, que en general eran compañías clonadas. Con esto, generaban facturas preliminares, justificaban exportaciones y dejaban registros financieros a través de transferencias internacionales.
Además, la coordinación de la compra-venta de cocaína se realizaba a través de un sistema de mensajería encriptado. Las cargas llevaban marcas para identificar su pertenencia dentro de la organización. En Uruguay, se incautaron ladrillos de cocaína con la estampa del Primer Cartel Uruguayo, atribuido a Marset. El cobro de la droga tenía también su propio sistema.
Si bien para el pasado miércoles 20 estaba prevista la audiencia entre Marset y la Fiscalía de Estados Unidos, esta instancia se prorrogó hasta el 1° de julio.
