El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, aseguró el 12 de octubre de 2026 que el Fondo Milagro comenzó a operar el 7 de octubre para atender a los damnificados del terremoto de 7,4 que afectó a miles de familias el 10 de agosto. En ese sentido, dijo que el plan de reconstrucción está en marcha y que los recursos se destinarán a viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías.
Durante una alocución, De la Espriella expuso: “Hoy la reconstrucción es una realidad. Ya tiene que pasar de las palabras a las obras. Por eso, desde el miércoles 7 de octubre, el Fondo Milagro comenzó a disponer de un billón de pesos para atender viviendas, colegios, centros de salud, acueductos y vías”.
El fondo está bajo la gerencia del empresario antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo, quien explicó que todavía se recopila información para identificar las necesidades de las zonas afectadas y completar la estructura jurídica de la entidad. En esa tarea participan el Ministerio del Interior y la Presidencia.
Uribe Tamayo señaló que antes de distribuir los recursos será necesario establecer cuáles son las áreas más perjudicdas, calcular el costo de la reconstrucción y definir las fuentes de financiación. El análisis incluirá los daños cubiertos por pólizas de seguros y aquellos que deberán ser asumidos por particulares.
“Tenemos que ser asertivos con los recursos y el tiempo. Lo primero es la información y luego la planeación de la reconstrucción”, dijo Uribe Tamayo durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Cali, en una reunión en la que también participaron el ministro Rodrigo Lara y el alcalde Alejandro Eder.
Conforme a sus declaraciones, “la regla que le he impuesto al Fondo Milagro es que la plata de la tragedia no pasa por manos de intermediarios, llega directamente al pueblo que la necesita. Así es como se hacen las cosas en el gobierno del Tigre”, explicó.
El encargado del Fondo Milagro señaló que su objetivo es que exista una trazabilidad de los recursos utilizados para la reconstrucción de las zonas del país afectadas por el terremoto de 7,4 del 10 de agosto de 2026. “Mi instrucción ha sido que cada peso tiene que tener un destino verificable, cada contratación debe poder explicarse. Ninguna tragedia puede convertirse en un negocio”.
Para ese efecto, dijo que el Fondo Milagro tomará como referencia el modelo del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, creado tras el terremoto que afectó a Armenia y otras zonas del país en 1999.
El Fondo Milagro comenzó a operar con una disponibilidad inicial de $1 billón para atender y reconstruir los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. El mecanismo mantendrá los recursos públicos bajo control del Tesoro Nacional mientras financia la recuperación.
El Gobierno nacional prevé contratar otros $2,7 billones durante noviembre de 2026, una operación que podría llevar la capacidad de movilización del fondo a cerca de $4 billones en sus primeras etapas. La estructura fue respaldada por el acto administrativo GCD 012 de 2026 y el contrato 6.001-2026.
Los recursos permanecerán en el Sistema de Cuenta Única Nacional y no serán transferidos por adelantado a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. (Fiducoldex(, la entidad que administrará el patrimonio autónomo. Los desembolsos solo se realizarán cuando existan obligaciones exigibles y se comprube el cumplimiento de cada contrato.
El capital funcionará como un patrimonio autónomo, separado del presupuesto ordinario del Ministerio de Hacienda y del patrimonio propio de Fiducoldex. Esta figura permitirá recibir y administrar dinero de distintas fuentes mediante una contabilidad independiente.
La financiación abarcará asistencia humanitaria, vivienda temporal o definitiva y obras de salud, educación, transporte, agua potable, saneamiento básico, energía y telecomunicaciones. También podrá cubrir los componentes técnicos necesarios para poner en marcha cada proyecto de reconstrucción.
La dirección del mecanismo estará a cargo de un Consejo Directivo con siete integrantes con voto: cinco representantes del presidente de la República, un delegado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otro del Ministerio de Hacienda. El mandatario también elegirá a quien encabece esa instancia.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) contará con un delegado con voz, pero sin voto. El Ministerio de Hacienda ejercerá la Secretaría Técnica, también sin derecho a voto.