La controversia por el arancel impuesto a Colombia revela una preocupante subordinación de la política comercial ecuatoriana a intereses electorales
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunión con Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia.Tomado de X @DanielNoboaOk
El pasado viernes el Gobierno ecuatoriano dejó en evidencia que la tasa de seguridad impuesta a los productos colombianos responde más a cálculos políticos que a criterios técnicos o económicos. Pero es lamentable que su permanencia o eliminación esté condicionada ya directamente a los resultados que arrojen hoy domingo las elecciones presidenciales de Colombia.
Adoptar medidas como estas, usando la tasa como herramienta para mover el voto, o aplicar una mera reducción, como se pretendía desde mañana lunes, está lejos de ser una salida viable. Si gana o entra a segunda vuelta el candidato de derecha, en teoría el arancel se eliminaría y los problemas ante la CAN quedarían subsanados pero, ¿qué pasa si eso no sucede?
Tomar este tipo de decisiones es someter a Ecuador a una suerte, con nuevos y futuros conflictos. Lo que el Gobierno parece no haber comprendido es que la CAN ya emitió una disposición de carácter supranacional que ordena la eliminación del arancel y que es de cumplimiento obligatorio. No acatarla es violar normas que pueden acarrear sanciones y una afectación a la imagen del país como socio comercial confiable en la región. Las decisiones en materia de comercio exterior deben alejarse de egos y conveniencias partidistas, y tomarse con tecnicismo.
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