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El SRI recaudó $121 millones con la tasa de seguridad en tres meses; si Ecuador pierde ante el TJCAN, deberá devolverlos con intereses
Comienza una nueva etapa legal entre Ecuador y Colombia por los arancéles.Angelo Chamba
El plazo de diez días hábiles que la Comunidad Andina (CAN) dio a Ecuador y Colombia para retirar sus aranceles recíprocos venció el pasado 21 de mayo sin que ninguno de los dos países acatara las resoluciones.
Lejos de cerrar el conflicto, el vencimiento abre una nueva fase jurídica que podría extenderse por años y derivar en multas y devoluciones millonarias para ambos Estados.
Lo que se sabe, en buena parte de forma extraoficial: el Gobierno ecuatoriano presentó dos recursos de reconsideración ante la Secretaría General de la CAN y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del organismo, confirmó a Expreso una fuente del equipo negociador.
Uno de los recursos ya fue admitido a trámite y el segundo debe completarse hoy. "Principalmente para que la resolución sea revocada", explicó la fuente.
El objetivo es echar abajo las resoluciones 2582 y 2581, que ordenan retirar la tasa de seguridad del 100% y levantar la restricción del Puente de Rumichaca como único paso terrestre habilitado.
Colombia estaría preparando una demanda de incumplimiento ante la Secretaría General de la CAN contra Ecuador, que podría presentarse en las próximas horas, según Olivia Díazgranados, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración.
Ecuador podría hacer lo mismo. "Ecuador obviamente hará lo mismo contra Colombia, porque igual no está cumpliendo. Es como una rueda: nos demandamos y no pasa nada", dijo.
La paradoja es evidente: ambos países violan las resoluciones de la CAN, pero ambos podrían activar el mismo mecanismo jurídico para denunciarse mutuamente por ese mismo incumplimiento.
La demanda de incumplimiento es el instrumento que permite a un país miembro denunciar ante el organismo que otro viola el ordenamiento jurídico andino.
Tiene dos fases: una prejudicial ante la Secretaría General, y una judicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN). En la primera, la Secretaría emite un dictamen; si el país no acata, el caso escala al Tribunal.
El proceso completo tiene tres etapas. La primera ya se cumplió: la CAN se pronunció el 7 de mayo declarando ilegales los aranceles de ambos países. La segunda es la etapa de incumplimiento, en la que ambos podrían demandarse mutuamente.
La tercera, si no hay acuerdo, escala al TJCAN, donde una sentencia puede tardar más de dos años.
En el sector productivo, la jornada arrancó con incertidumbre. Gremios de transporte, bodegas y aduanas se enteraron de la movida jurídica por los medios de comunicación y esta mañana buscaban respuestas oficiales.
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