Los médicos madrileños arrancan este lunes la quinta semana de huelga contra el Estatuto Marco

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid arrancan este lunes la quinta semana de huelga médica intermitente contra el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta por el Consejo de Ministros, y para exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se prolongará hasta el viernes día 19. El acto central tendrá lugar este mismo lunes con una manifestación frente al Ministerio de Sanidad a partir de las 12.00 horas, en la que participarán delegados sindicales y profesionales sanitarios llegados de diferentes puntos del país.

Tras ella, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid y convocante de la huelga autonómica, se han organizado distintas concentraciones para los próximos días de huelga. Así, el martes a las 10.00 horas tendrá lugar una concentración frente al Hospital 12 de Octubre y el miércoles a la misma hora, frente al Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

El jueves la protesta llegará frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en la calle Aduana, a partir de las 10.00 horas y, finalmente, el viernes tendrá lugar otra concentración a esa misma hora frente al Hospital Ramón y Cajal.

Esta quinta semana de huelga médica será la última hasta después del verano. Los sindicatos aseguran que, por responsabilidad, no promoverán nuevas movilizaciones durante los meses estivales, debido una etapa compleja para el sistema sanitario por la reducción de profesionales y el periodo vacacional. No obstante, prevén retomar las protestas el próximo mes de septiembre.

Llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto se encuentra ahora en fase de consulta pública.

Una decisión que ha sido criticada por el Comité de Huelga estatal, que mantiene los paros, y por las Comunidades Autónomas, que defienden que es el Ministerio el responsable de buscar una solución y han llamado a un acuerdo estatal impulsado por el departamento de Mónica García para dar solución a este conflicto.

La ministra, por su lado, ha reiterado en los últimos días que el Ministerio seguirá trabajando "con diálogo, acuerdos y consensos" para mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

No obstante, ha subrayado que ahora corresponde a las Comunidades Autónomas atender las reivindicaciones sindicales, como la reducción de las horas de guardia, la creación de mesas específicas de diálogo y participación para los médicos y la implantación de la jornada ordinaria de 35 horas.

Hasta el momento, la Consejería de Sanidad ha estimado en 16.456.119 euros el perjuicio causado por los paros llevados a cabo desde diciembre, con 10.470 cirugías, 215.344 consultas y 21.733 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

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