La seguridad ya no es una objeción: el debate sobre el futuro de Almaraz pasa a ser político, económico y jurídico.
El Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho sí. Su conclusión es inequívoca: la central de Almaraz mantiene el nivel de seguridad necesario para seguir operando hasta la fecha solicitada por sus titulares, junio de 2030.
Desde ahora, cualquier excusa del Gobierno para mantener el cierre tendrá que ser distinta de la seguridad nuclear. Y no le quedan demasiadas. Porque para justificar jurídicamente su posición el gobierno ya no podrá recurrir a argumentos falsos y sesgados como los que emplea en la tribuna del Congreso de los Diputados para sostener su relato ideológico anti-nuclear ya que su decisión podrá ser revisada por los tribunales de justicia.
La Orden TED/773/2020 fijó el cese definitivo de Almaraz I el 1 de noviembre de 2027 y de Almaraz II el 31 de octubre de 2028. Aquella decisión respondía al protocolo que el gobierno dice pactado en 2019 entre las empresas y Enresa pero que en realidad fue suscrito bajo la presión gubernamental que amenazaba con cierres nucleares aún más prematuros.
Desde entonces han cambiado casi todas las circunstancias relevantes: una pandemia que derivó en cierre de nuestras centrales de carbón, la guerra de Ucrania con crisis internacional del gas con impacto en precios récord en la factura eléctrica, nuevas tensiones geopolíticas y de preocupación por la autonomía estratégica, el gran apagón peninsular de abril de 2025 y una demanda eléctrica creciente por la electrificación, los centros de datos y la inteligencia artificial que no va acompañada a la misma velocidad de la incorporación de la nueva generación necesaria, por la congestión de las redes y los retrasos burocráticos en la tramitación.
Nadie se cree en nuevo PNIEC para 2030 atendiendo a los datos reales de cómo vamos en 2026. Mantener intacta una decisión de 2019 después de que como ha cambiado el panorama energético mundial y nacional no es coherencia: es obstinación. Las asociaciones empresariales lo llaman suicidio económico. Algunos estudios, como el del PwC, han calculado un incremento de la factura eléctrica del 24% para domésticos y del 35% para industriales como consecuencia del cierre nuclear.
Almaraz produjo en 2025 unos 15.370 GWh, alrededor del 7% de la demanda eléctrica española y el equivalente al consumo de cuatro millones de hogares. Es energía firme, disponible día y noche, haga sol, llueva o no sople el viento. Según la propia central, esa producción evita unos seis millones de toneladas de CO2. Su cierre no sería sustituido automáticamente por renovables y baterías todavía inexistentes, sino durante muchas horas por ciclos combinados de gas: más importaciones, más emisiones y precios más caros y más expuestos a cada crisis internacional.
El apagón de 2025 reforzó esta evidencia. Se produjo con alta generación renovable, tres de los siete reactores fuera de servicio y otros dos operando al 70%, con autorización del operador del sistema. Tener más generación síncrona disponible habría mejorado la estabilidad de la red. Tras el incidente, precisamente, se reforzó la operación con centrales nucleares y de gas. Pese a ello, la decisión de cierre sigue sin apoyarse en un estudio integral que demuestre cómo prescindir de 15.370 GWh anuales sin aumentar el gas, las emisiones, los costes o los riesgos para el suministro. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo reclamó el pasado mayo una evaluación rigurosa de esas consecuencias económicas, sociales y energéticas.
También está Extremadura. Almaraz sostiene miles de empleos directos e indirectos, genera una actividad económica próxima a 200 millones de euros anuales y aporta ingresos esenciales a los municipios de Campo Arañuelo. Además, condiciona inversiones que necesitan energía firme y estabilidad de red: el campus de centros de datos de Navalmoral, con hasta 20.000 millones de euros previstos en diez años; la gigafactoría de baterías de Envision Energy, con más de 1.000 millones y hasta 3.000 empleos; y la expansión de Rheinmetall, que pretende duplicar sus actuales 600 puestos de trabajo. Cerrar primero y prometer después una “transición justa” sería repetir una fórmula conocida: el adjetivo llega cuando el empleo ya se ha ido.
Europa, mientras tanto, avanza en dirección contraria. La taxonomía comunitaria reconoce la nuclear como actividad sostenible bajo determinadas condiciones; el informe Draghi defiende una descarbonización tecnológicamente neutral, apoyada tanto en renovables como en nuclear; y la Comisión Europea ha instado a evitar cierres prematuros que aumenten la dependencia de combustibles fósiles importados. España corre el riesgo de convertirse en la excepción que clausura activos seguros mientras sus socios prolongan reactores y recuperan la energía nuclear como instrumento de autonomía estratégica y competitividad.
Además, el Congreso ha hablado. En julio de 2022 aprobó una resolución que instaba a prolongar la vida útil de las centrales nucleares. El 12 de febrero de 2025 volvió a pedir que se extendiera su operación conforme a criterios técnicos y económicos. Y el 17 de junio de 2025 tomó en consideración una proposición de ley para garantizar la aportación nuclear a la descarbonización, cuya tramitación sigue bloqueada mediante sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas. Tras el apagón, la Cámara también exigió actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional evaluando los efectos de un posible cese nuclear.
Esas resoluciones no sustituyen a una ley, pero expresan reiteradamente la voluntad política de la mayoría parlamentaria. Un Gobierno en minoría puede desoírla; lo que no puede es presentarse después como depositario de una legitimidad democrática superior. Rechazar ahora la prórroga supondría enfrentarse a los titulares de las centrales, que tienen derecho a operar en un mercado abierto a la competencia con respeto del gobierno a la neutralidad tecnológica; enfrentarse a las instituciones extremeñas que se han pronunciado reiteradamente a favor de la prórroga; enfrentarse a varias resoluciones del pleno del Congreso en el mismo sentido; y desoír las recomendaciones insistentes de Bruselas.
Queda la cuestión jurídica, bastante menos sencilla de lo que sugiere el relato oficial. El Ministerio conserva formalmente la competencia para resolver, pero competencia no significa libertad para decidir arbitrariamente. El informe del CSN es vinculante cuando es negativo y, cuando es favorable, respecto de los límites y condiciones de seguridad. El regulador no concede por sí solo la renovación, pero elimina el principal fundamento técnico para denegarla.
El Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas regula expresamente la renovación de las autorizaciones y ordena tramitarla por el mismo procedimiento seguido para concederlas. No existe una prohibición legal de prolongar la operación de las centrales existentes, ni el calendario político de 2019 constituye un mandato legal inamovible. La Orden de 2020 fijó las fechas solicitadas entonces por los titulares; ahora esos mismos titulares piden junio de 2030 y el CSN acredita que es seguro. Sostener que una orden ministerial anterior impide modificar la autorización que ella misma concedió resulta, como mínimo, discutible.
Una negativa tendría que identificar el fundamento jurídico concreto y justificar qué interés general exige cerrar antes de 2030 una instalación segura, rentable y relevante para el sistema y los consumidores que opera en un mercado en competencia y en el que el gobierno debe observar la neutralidad tecnológica. Y la resolución podría ser recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
