Cuba abre su economía al capital privado con su mayor paquete de reformas en décadas

La Asamblea Nacional aprueba 176 medidas para liberalizar y descentralizar el modelo económico de la isla, con cambios en banca, inversión extranjera, empresas privadas, subsidios y comercio exterior

Cuba ha aprobado uno de los mayores giros económicos de su historia reciente. La Asamblea Nacional del Poder Popular ha dado luz verde a un paquete de 176 medidas con las que el Gobierno busca liberalizar y descentralizar una economía golpeada por años de crisis, falta de divisas, apagones, inflación, deterioro de servicios básicos y restricciones externas.

El plan supone una apertura inédita a mecanismos de mercado y a una mayor participación del sector privado, aunque las autoridades cubanas insisten en que no se trata de una renuncia al socialismo. El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó las reformas como un conjunto de transformaciones estratégicas para “conservar lo esencial” del modelo cubano, pero adaptándolo a una situación económica que el propio Gobierno describe como una de las más complejas desde el llamado Periodo Especial.

El giro afecta a áreas centrales de la economía: banca, inversión extranjera, turismo, empresas privadas, agricultura, comercio exterior, subsidios, salarios y funcionamiento de las empresas estatales. La magnitud del paquete ha llevado a varios analistas y medios internacionales a interpretarlo como la reforma más profunda en décadas.

Una de las novedades más llamativas es la autorización de operaciones de banca privada bajo supervisión del Banco Central de Cuba. El paquete abre la puerta a instituciones financieras con capital privado, nacional o extranjero, en igualdad de condiciones regulatorias con la banca estatal.

También se prevé permitir instituciones financieras no bancarias para otorgar microcréditos, facilitar nuevas vías de capitalización para los bancos y eliminar restricciones en pagos en divisas entre negocios con capital extranjero y proveedores nacionales.

La reforma contempla, además, la apertura de cuentas en divisas por parte de personas jurídicas y naturales sin autorización administrativa previa, un cambio relevante en una economía marcada por la escasez de moneda fuerte y por la existencia de distintos circuitos monetarios.

El Gobierno cubano también quiere atraer capital exterior. Las reformas prevén que los cubanos residentes fuera de la isla puedan invertir directamente en igualdad de condiciones con el capital extranjero y las empresas estatales.

El paquete incluye medidas para reducir trabas burocráticas, flexibilizar cuentas bancarias foráneas y ampliar los derechos de superficie y usufructo para proyectos de inversión. También se busca facilitar que los inversionistas extranjeros dispongan de sus ingresos en divisas y accedan al mercado cambiario.

Esta apertura llega en un momento especialmente delicado para la isla. La economía cubana atraviesa una crisis prolongada, con fuerte dependencia de importaciones, falta de combustible, caída de ingresos en divisas y dificultades para atraer inversión internacional.

El sector privado, que ya había ganado terreno en los últimos años a través de las mipymes, también recibirá más margen de actuación. Entre las medidas figura la posibilidad de autorizar solicitudes pendientes de nuevos actores económicos y permitir que empresas privadas superen el límite actual de 100 trabajadores.

Además, una misma persona natural podrá ser titular de más de una empresa privada o tener participación en varias sociedades. También se permitirá a estas entidades desarrollar actividades adicionales sin abandonar su objeto principal.

La reforma incorpora por primera vez la posibilidad de crear mipymes en la agricultura, un sector que hasta ahora había estado mucho más limitado y donde las cooperativas tenían un papel dominante.

El sector agropecuario es otro de los puntos centrales del paquete. Cuba prevé otorgar derechos de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales por tiempo indeterminado. La medida afectará a producciones agropecuarias, forestales y tabacaleras, así como a proyectos de ecoturismo y agroturismo.

También se autorizará a cooperativas a importar y comercializar combustibles como insumo, realizar comercio exterior de forma directa, gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en el exterior.