El Gobierno asegura que el consumidor no pagará más por el aceite de oliva tras la retirada forzosa de 188.000 toneladas

Un hombre compra una botella de aceite de oliva virgen extra en un supermercado de Barcelona, esta semana. / MANU MITRU / EPC

Aunque el Gobierno asegura que, con su decisión de retirar del mercado un 12% de la producción de aceite de oliva de la actual campaña, los consumidores quedan totalmente protegidos ante posibles subidas de precio de este producto, lo cierto es que ni los elaboradores, ni los fabricantes y envasadores, ni tampoco aquellos que se dedican a investigar cómo se comporta el mercado, tienen muy claro que el importe que paga el comprador final vaya a mantenerse dentro de unas semanas.

Es una medida, según ha subrayado ya en varias ocasiones el ministro de Agricultura, Luis Planas, "absolutamente necesaria, oportuna y basada en el derecho europeo" y con ella se busca, como primer objetivo, "asegurar que el conjunto del sector sea rentable" y proteger al productor primario, pero sin descuidar, ha afirmado Planas, al consumidor final. En su opinión, la decisión no tendrá efectos sobre los precios de venta al público, y por ello ha hecho un llamamiento para que "nadie aproveche esta ocasión para especular". Ha advertido, en este sentido, que el Gobierno "estará detrás para evitarlo".

Dentro de un par de meses, el propio ministerio pondrá en marcha un mecanismo de control para hacer un seguimiento de los efectos de la retirada y analizará el impacto económico que ha tenido sobre la cesta de la compra. Hasta entonces, no está previsto que la retirada del mercado de las 188.000 toneladas de aceite previstas llegue a afectar al precio en los puntos de venta, entre otras razones porque el producto que está saliendo ahora al mercado es el que se produjo durante la cosecha pasada.

"Lo que no está claro es qué va a pasar cuando se terminen los estocs", apunta Rafael Pico Acevedo, director general de Asoliva, la patronal de las empresas exportadoras de aceite de oliva. "Estamos hablando de un alimento que ya sufrió en la anterior espiral inflacionista, la de 2022, y del que, ahora, en un momento en el que vuelven a subir los precios en tantos otros productos, va y se decide retirar una parte de la producción del mercado", reflexiona Pico Acevedo.

Archivo - Una persona echa aceite de una aceitera / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Así, aunque la industria no suele reaccionar con tanta inmediatez en la aplicación de subidas de precio, no puede evitar que las cadenas de distribución tengan sus propios planes. Además, alerta del director general de Asoliva, es posible que con esta medida, "que solo aplica España", los productores de otros países aprovechen el hueco con precios más competitivos y "sería lógico que las grandes cadenas fueran a buscarles a ellos el aceite".

El aceite de oliva fue el paradigma de la intensa subida del IPC que se desató hace cuatro años, con el inicio de la guerra de Ucrania, pero también por las malas cosecha que hubo como consecuencia de la sequía. Entre febrero de 2022 y septiembre de 2024, su precio más que duplicó su valor, registrando un incremento acumulado superior al 115% en origen y alrededor del 130 % en supermercados. Durante este periodo, el litro pasó de rondar los 3,30 euros en origen a situarse en torno a los 7,20 euros. En los establecimientos comerciales pasó de rondar los 4,50 euros costar entre los 9 y los 11.

Tras alcanzar su máximo histórico ahora hace dos años, el aceite ha ido bajando progresivamente hasta más del 55% en origen, hasta situarse en los 3,12 euros el kilo actuales. En los supermercados, el coste del litro se ha reducido aproximadamente a la mitad, regresando a una horquilla de entre 4,20 euros y 5,50 en marcas de distribución.

Ya antes de que se decretara la inmovilización de aceite español, estaba entrando una cantidad importante de aceite de oliva extranjero a España. Solo entre enero y agosto de este año, se ha importado 73.351 toneladas de Túnez y otras 24.414 toneladas de Marruecos, asegura el sindicato agrario JARC. A estas cifras hay que sumar las importaciones procedentes de otros países extracomunitarios, como Egipto, Argentina, Perú o Chile.

"Una parte importante de estas importaciones procede de países que compiten con costes de producción muy inferiores a los que soportan los productores de aquí", constata JARC, que insiste en que "antes de aplicar medidas de retirada obligatoria, se habría tenido que actuar sobre las importaciones procedentes de terceros países", velando para que cumplan los estándares marcados a los agricultores europeos en materia de seguridad alimentaria, trazabilidad, condiciones laborales y sostenibilidad ambiental. "No se puede exigir cada vez más a los productores de aquí y, al mismo tiempo, permitir la entrada de productos elaborados en condiciones menos exigentes", lamenta la organización.

Las razones que argumenta el Gobierno pasan por la necesidad de que los productores tengan márgenes de rentabilidad en una campaña de producción abundante, en la que las estimaciones de cosecha (1,6 millones de toneladas) y las existencias de la pasada (357.000 toneladas) apuntan a un volumen cercano a los dos millones de toneladas. "Está pensada para dar estabilidad al mercado y apoyar a quien más lo necesita", asegura el ministro, quien recuerda que es una decisión "fruto de un trabajo riguroso, realizado durante meses, en el que se han analizado las campañas de aceite de oliva de los últimos 20 años, y que se base en el derecho europeo y nacional".