Hay acuerdo en endurecer sanciones, pero el Gobierno no logra destrabar la ley

La Libertad Avanza intentará conseguir este martes dictamen para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Aunque existe acuerdo en endurecer sanciones contra la explotación ilegal de recursos en Malvinas, los artículos vinculados con seguridad, inteligencia y facultades del Ejecutivo siguen generando resistencia entre bloques aliados.

El Gobierno nacional buscará este martes destrabar uno de los proyectos que considera estratégicos para la cuestión Malvinas, pero el escenario en la Cámara de Diputados aparece todavía incierto.

A las 16 está previsto un plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde La Libertad Avanza intentará conseguir las firmas necesarias para emitir dictamen sobre la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso el 17 de septiembre y comenzó a ser analizada formalmente a fines de ese mes.

El problema para el oficialismo es que el proyecto va mucho más allá de la cuestión estrictamente vinculada con Malvinas. Además de endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina en las islas y espacios marítimos en disputa, incorpora modificaciones en materia de defensa, seguridad, inteligencia e infraestructuras críticas. Esos capítulos concentran buena parte de los cuestionamientos de la oposición dialoguista.

Uno de los puntos con mayor consenso es la ampliación de las sanciones actualmente previstas para la explotación de hidrocarburos en Malvinas.

El texto propone reemplazar la Ley 26.659 y extender las prohibiciones a cualquier explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo actividades pesqueras y mineras. También prevé sanciones económicas, inhabilitaciones para operar en la Argentina y un registro público de infractores.

El Gobierno presentó la iniciativa como una herramienta para fortalecer la defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Sin embargo, la controversia aparece en otros capítulos incluidos dentro del mismo proyecto.

Sectores del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas cuestionan que una ley presentada bajo el eje Malvinas incorpore al mismo tiempo cambios profundos sobre la organización de la seguridad nacional y el rol de las Fuerzas Armadas. Algunos legisladores incluso plantearon la posibilidad de separar esos temas y tratarlos mediante iniciativas diferentes.

El Consejo de Seguridad Nacional, uno de los puntos sensibles

La iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado permanentemente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría Legal y Técnica.

Ese organismo tendría facultades para coordinar respuestas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia frente a amenazas consideradas graves.

Además, el proyecto contempla herramientas de emergencia que podrían incluir restricciones financieras, bloqueo de activos, suspensión de autorizaciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.

Desde sectores opositores se reclama incorporar representación parlamentaria dentro del Consejo y establecer controles más precisos sobre algunas de esas atribuciones. Hasta el momento, el Ejecutivo no aceptó todos esos cambios.

Otro de los artículos que generó resistencia fue el que proponía castigar determinadas acciones de interferencia extranjera sobre procesos electorales y campañas coordinadas de desinformación.