Cambio profundo en Aduanas: se preparan para el autodespacho de empresas, menor burocracia y polémicos precintos

Si ya sos suscriptor podés ingresar con tu usuario y contraseña.

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se prepara para la aplicación del proyecto de ley de Competitividad y Reducción de Costo de Vida, que propuso el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue aprobado por el Senado y ahora se discute en Diputados. Su director, Joaquín Serra, dijo ayer que el organismo prevé medidas ante la posibilidad que abre el proyecto de autodespacho aduanero (que permite importar y/o exportar sin necesidad de contar obligatoriamente con un despachante de Aduana). También planteó que el diferimiento del pago de tributos en las importaciones (otro aspecto que prevé el proyecto) les podría llevar a adaptar sus gestiones y habló de la necesidad de fortalecer el relacionamiento con la Dirección General Impositiva (DGI) que deberá ser más estrecho y con mayor intercambio de información.

Esto fue en el marco de las XIV Jornadas Tributarias de la DGI que se llevaron a cabo ayer en la sede de la Facultad de Ingeniería.

Serra, que fue director general de Rentas entre 2014 y 2020, señaló que tanto la DGI como Aduanas están viviendo un cambio de paradigma profundo al pasar de la “persecución y el control” a la “prevención, asistencia y acompañamiento”.

Por lo pronto, el director de Aduanas comentó que, ante la opción de autodespacho que abre el proyecto de ley de Competitividad para las empresas, el organismo lanzará aplicaciones para que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que la adopten, puedan enviarles información con mayor facilidad, considerando que probablemente no van a contar con un software propio avanzado para hacerlo. Además, anunció que Aduanas fortalecerá un área de asistencia para las pymes que se decidan por el autodespacho.

“El personal de Aduanas está acostumbrado a tratar con despachantes de Aduanas de muchos años operando en el sistema, pero ahora se abre la función de autodespacho a un público que no necesariamente está acostumbrado al ámbito aduanero”, advirtió.

En cuanto a un mejor intercambio de información entre la DGI y Aduanas que promueve la ley, Serra reconoció que es cierto que actualmente se duplica con frecuencia el ingreso de datos, lo que no solo eleva los costos, sino que desestimula, aumenta los riesgos de errores y fraudes.

“Ya hay equipos de ambos organismos trabajando para que el operador no tenga que presentar la información si ésta ya la tiene uno de los organismos”, afirmó Serra.

También el proyecto contempla que, en los casos de devolución de tributos a exportadores OEC (certificaciones de cadenas logísticas seguras) a 30 días (en vez de los 180 días actuales), Aduana se abocará a liberar las mercaderías y la DGI a controlar el reintegro de los tributos que las empresas deben efectuar cuando aplique la medida.

Autoridades del MEF y la DNA conversaron, en su momento, que ese beneficio debe aplicar según el historial y cantidad de operaciones aduaneras que realizan las empresas al año (a mayor número de operaciones, menos riesgo de morosidad o evasión). “Ahora la mora pasa a ser incorporada, tal como ya lo está en el Código Tributario”, agregó Serra.

Otro cambio es que la Ventanilla Única de Comercio Electrónico (VUCE) tendrá que incorporar más certificados electrónicos, ya que la ley apunta a que los documentos se presenten exclusivamente de esa forma.

De esta manera, Aduanas terminará eliminando su archivo físico de la documentación complementaria, así como también caducará la obligación a las empresas de mantenerla en papel por cinco años, como ocurre actualmente.

Un tema que generó murmullos en la audiencia (la mayoría abogados), fue el de los precintos que, en ciertos casos, ya no serán obligatorios. Según defendió Serra, muchos precintos son más caros de instalar que las cargas y, por ende, no tienen sentido; eliminarlos bajará los costos a las empresas.

Al respecto, algunos presentes manifestaron, en un receso del evento, que no se debería bajar la trazabilidad con eliminación de precintos, en la medida en que todo tipo de cargamento podría sufrir infiltraciones de mercancías ilegales, como drogas.

También hubo cuestionamientos sobre el foco de la DNA en la recaudación y en alivianar y agilizar procesos, con lo que están de acuerdo, pero esperaban más énfasis en el combate al narcotráfico.