La Aduana Paraná comunicó este jueves 17 de septiembre resoluciones definitivas en 25 sumarios contenciosos por infracciones al Código Aduanero. Las multas publicadas superan en conjunto los $10 millones y, además, se dispuso el comiso de la mercadería secuestrada en cada una de las actuaciones.
En total, las sanciones económicas consignadas alcanzan los $10.017.095,29. Los importes individuales van desde poco más de $168.000 hasta una multa superior a $1,2 millones, según surge del aviso oficial.
Las actuaciones fueron encuadradas en el artículo 987 del Código Aduanero, que contempla infracciones relacionadas con la tenencia con fines comerciales o industriales de mercadería extranjera cuando no puede acreditarse su ingreso y libramiento legal al mercado argentino.
Las resoluciones de la Aduana Paraná incluyen tanto el pago de una multa como el decomiso de los bienes que habían sido secuestrados durante los procedimientos que dieron origen a los respectivos sumarios.
Entre las sanciones publicadas aparecen montos de $556.367,67, $553.572,47, $756.364,38, $840.404,88 y $1.201.778,96, además de otros valores distribuidos entre los diferentes expedientes administrativos.
El aviso, sin embargo, no especifica qué tipo de productos fueron incautados en cada uno de los procedimientos. Por ese motivo, con la información publicada no puede determinarse si se trataba de indumentaria, electrónica, bebidas u otro tipo de mercadería extranjera.
El artículo 987 no supone por sí mismo una condena penal por contrabando. La figura utilizada en estos expedientes corresponde al ámbito administrativo aduanero y se vincula con la imposibilidad de demostrar el ingreso legal de mercadería extranjera mantenida con fines comerciales o industriales.
Por ese motivo, aunque las resoluciones utilizan la expresión “fallo condena”, se trata de decisiones adoptadas dentro de sumarios contenciosos de la Aduana Paraná y no de sentencias penales contra las personas involucradas.
El aviso también menciona cinco causas judiciales relacionadas con las actuaciones administrativas. No obstante, la existencia de esos expedientes judiciales no implica por sí sola que exista una condena penal firme.
Las personas alcanzadas por las resoluciones cuentan con 15 días hábiles para abonar las multas dispuestas. Dentro de ese mismo plazo también pueden recurrir la decisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación o presentar una demanda contenciosa ante la Justicia competente.
En caso de optar por alguna de esas vías, deberán comunicar la presentación por escrito a la Aduana Paraná. Si transcurre el plazo sin que exista una impugnación, las resoluciones quedarán firmes en sede administrativa.
Además de las sanciones económicas, las medidas mantienen el decomiso de la mercadería secuestrada. El conjunto de actuaciones refleja más de $10 millones en multas administrativas, mientras que los eventuales avances de las causas judiciales asociadas seguirán su trámite por separado.
