El Gobierno analiza llevar al Congreso parte de la desregulación marítima luego del conflicto que paralizó la actividad en los puertos y derivó en la suspensión del decreto 690/2026. El Ejecutivo mantiene como prioridad la reforma del cabotaje y tampoco descartó que posteriormente se discutan por vía legislativa modificaciones al régimen de practicaje.
En la Casa Rosada reconocieron que la suspensión de la normativa representó un retroceso respecto del esquema inicialmente planteado, aunque aseguraron que se mantiene el objetivo de revisar las regulaciones y los costos vinculados con la navegación comercial. “Se está revisando el paquete de Desregulación, pero se va a avanzar”, señalaron desde Nación.
La alternativa que aparece con mayor claridad es enviar al Congreso modificaciones sobre el cabotaje, es decir, el transporte de mercaderías o pasajeros entre distintos puntos del territorio argentino. En el Ejecutivo calificaron la cuestión como “un tema muy importante para el futuro del comercio del país”.
La situación del practicaje, en cambio, seguirá inicialmente otro camino. Se trata del servicio mediante el cual profesionales especializados asisten a las embarcaciones durante la navegación y las maniobras realizadas en ríos, canales, pasos y puertos.
Aunque el Gobierno no descartó transformar la reforma del sector en un proyecto de ley, primero avanzará con la mesa de trabajo creada después de la suspensión del decreto 690. La intención oficial será alcanzar un nuevo esquema mediante el diálogo con los actores involucrados.
La mesa funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contará con representantes de Prefectura Naval, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y el sector privado. Entre los participantes estará John Ryan, presidente de la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje.
La creación de esa instancia quedó formalizada a través del decreto 716, que suspendió la aplicación de la reforma anterior. Según estableció la normativa, el objetivo será “lograr los consensos necesarios” para elaborar una nueva regulación sobre practicaje y pilotaje.
El Ejecutivo buscará revisar los puntos que desencadenaron el conflicto sin volver a poner en riesgo la continuidad de las operaciones portuarias. Por ese motivo, una eventual intervención del Congreso sobre el practicaje quedó planteada como una posibilidad posterior y no como una decisión ya adoptada.
Antes de la disputa, el Ministerio de Desregulación trabajaba en un paquete legislativo más amplio sobre navegación y Marina Mercante. Entre otros puntos, el borrador contemplaba cambios importantes en el régimen de cabotaje.
La iniciativa define al cabotaje como el transporte de pasajeros o cargas entre puntos del territorio nacional y contempla habilitar, bajo determinadas condiciones, la participación de embarcaciones de bandera extranjera.
El proyecto también introduce modificaciones en aspectos de la Ley de Navegación, las reglas relacionadas con dotaciones y tripulaciones y el régimen de promoción de la Marina Mercante. Sin embargo, ese borrador no contenía la desregulación específica del practicaje que posteriormente fue instrumentada mediante el decreto 690.
La norma suspendida eliminaba el límite numérico para la inscripción de prácticos habilitados, permitía contratarlos directamente como profesionales independientes y flexibilizaba la contratación de los medios empleados para trasladarlos hasta los buques. Además, facultaba a la ANPYN a establecer tarifas máximas para las prestaciones.
El decreto también establecía mecanismos excepcionales destinados a garantizar el servicio. Entre ellos, contemplaba que Prefectura pudiera prestar directamente tareas de practicaje, pilotaje o baquía, requerir la intervención de la Armada y habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de zona frente a situaciones que impidieran el funcionamiento habitual.
Esas disposiciones quedaron en el centro de la controversia. Durante el conflicto, Prefectura intimó a los profesionales para que retomaran sus tareas, mientras organizaciones vinculadas con capitanes y trabajadores marítimos cuestionaron la posibilidad de reemplazar a prácticos sin las habilitaciones habituales.
La disputa llegó a detener el movimiento de más de un centenar de embarcaciones y afectó exportaciones, combustibles y operaciones relacionadas con proyectos energéticos. Tras ese escenario, el Gobierno decidió suspender la reforma y abrir una instancia de negociación.
