Posada pide investigar fortuna de las Farc y excluir a su cúpula de la JEP

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Un informe elaborado por la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional sobre las finanzas de las extintas Farc estableció que, entre 1995 y 2015, esa organización armada ilegal generó ingresos por $19 billones 285.584 millones frente a egresos por $5 billones 920.714 millones, arrojando un remanente financiero estimado en $13,3 billones. Ante los datos contenidos en el documento, la senadora María Clara Posada solicitó a las autoridades judiciales rastrear el paradero de esos recursos y pidió a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, adelantar acciones formales ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La congresista fundamentó su pronunciamiento en las advertencias de la Contraloría General de la República, según las cuales la antigua guerrilla aportó $46.194 millones y dejó de entregar el 81,8% de los inmuebles y el 96,5% de los bienes muebles que se comprometió a inventariar para el fondo de reparación a las víctimas.

De acuerdo con Posada, ante dependencias de la justicia transicional —como la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA)— ya cursan solicitudes dirigidas a clarificar las operaciones económicas del colectivo armado. Por ello, instó a la Defensoría a aplicar el artículo 67 de la Ley 1922 de 2018 para instaurar un incidente de desacato que concluya en la exclusión de los integrantes del antiguo Secretariado del esquema transicional por incumplimiento de sus obligaciones con los afectados por el conflicto.

El documento oficial desglosa las fuentes de financiamiento del grupo armado a partir de evidencias periciales y versiones de desmovilizados. El narcotráfico representó el principal flujo con $10 billones 530.036 millones (derivado de 198.973 kilos de sustancias ilícitas), seguido por el secuestro, que aportó $5 billones 776.945 millones. Asimismo, se contabilizaron $2 billones 794.266 millones en dineros de caja, $100.310 millones por concepto de otros ingresos, $69.627 millones en apoyos externos y $65.761 millones procedentes de la extorsión. Renglones como asaltos a entidades financieras ($6.112 millones) y minería ilegal ($4.958 millones) complementaron el balance contable.

En materia de costos operativos, el reporte cuantifica desembolsos por más de $5,9 billones destinados al sostenimiento de tropas, material bélico, intendencia, sanidad, fármacos y logística de movilidad. Adicionalmente, se discriminaron adquisiciones e inversiones por $163.059 millones en predios rurales y urbanos, cabezas de ganado, vehículos comerciales, cultivos y negocios de fachada, elementos sobre los cuales se insiste en verificar si pasaron a manos del Estado para compensar el daño causado a la población civil.

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