Reactivación de minería traería al país US$4.700 millones en 4 años

Después de cuatro años marcados por unas cifras negativas del sector minero, con una caída del 18 % en su Producto Interno Bruto (PIB), con un desplome en la inversión del 88 % de la inversión extranjera directa, y una incertidumbre general, ahora se abre otro panorama para esta industria.

En el reciente congreso de la Asociación Colombiana de Minería, el presidente del gremio, Juan Carlos Nariño, expuso su optimismo ante las oportunidades que se abren con el nuevo gobierno.

Señaló que entre 2024 y 2025 se perdieron 14.600 empleos en el subsector del carbón. Eso fue derivado de una política dirigida, que ningún otro sector económico enfrentó. El gobierno del presidente Gustavo Petro la llevó de la conversación pública agresiva a decretos, leyes, resoluciones y nuevos impuestos.

De allí que desbloquear al sector significaría inversiones de US$4.700 millones en los próximos cuatro años en la construcción de nuevas minas, viabilizando las minas que están licenciadas o en fase final de exploración o licenciamiento. Atraería US$360 millones en exploración en promedio todos los años al país, y ayudaría así a terminar el atraso de conocimiento geológico y geocientífico que tenemos del territorio.

Explicó que actualmente esas inversiones están actualmente alrededor de US$90 millones anuales. “Por eso destrabar ese potencial minero nos ayudaría igualmente a estabilizar las rentas de la nación en el mediano plazo, pasando de aportes en renta y regalías de $4,5 billones a casi $6 billones todos los años”, aseguró Nariño.

Efectivamente, el tono que ha adoptado el gobierno frente a la minería ha generado un ambiente de optimismo en el sector, que ve oportunidades para reactivar y dinamizar las ventas, la inversión extranjera y la exploración a partir de un cambio en el entorno regulatorio.

En el congreso de minería, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, anunció la derogación de 10 resoluciones que delimitaban los distritos mineros, un mecanismo implementado durante el gobierno anterior que abarca 119 municipios.

La derogatoria abre una nueva oportunidad para la exploración y explotación de metales y minerales en 10 % del territorio nacional. De acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero Energética, los distritos mineros abarcan 10,4 millones de hectáreas, frente a una extensión total del territorio cercana a 114 millones de hectáreas.

“Es una decisión de futuro y no afecta los derechos de los ciudadanos. Era contradictorio llamarlos distritos mineros y no poder aprovechar la minería. La ley quería organizar el territorio, pero la limitó y la exploración e inversión extranjera cayeron”, afirmó Arboleda.

Los distritos mineros, como fueron denominados por la administración anterior, son modelos de gobernanza y planificación socioambiental orientados a organizar la actividad minera y fortalecer su desarrollo sostenible.

Sin embargo, el Ministerio de Minas y Energía señaló que este modelo tiene efectos directos sobre las decisiones de inversión, debido a que quienes operan dentro de estos polígonos quedan sujetos a procesos de reconversión con alcances y plazos indeterminados, lo que añade incertidumbre a la llegada de capital extranjero.

La entidad también sostuvo que no existe un régimen claro para la delimitación de los distritos ni una adecuada armonización con el ordenamiento territorial de los municipios, “lo que genera duplicidad de instrumentos, incertidumbre sobre el régimen aplicable y costos de transacción más altos”.

La propuesta de derogatoria comprende zonas de los departamentos de Antioquia, Nariño, Chocó, Huila, Valle del Cauca, Boyacá, Córdoba, La Guajira, Cauca, Cesar y Norte de Santander, además de incluir la región del litoral Pacífico.

En caso de que el proyecto avance, la Agencia Nacional de Minería y las dependencias competentes del MinMinas deberán adoptar, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigencia de la resolución, las medidas necesarias para actualizar el Catastro Minero y los demás sistemas de información y cartografía oficial. El objetivo será suprimir las capas y restricciones asociadas a los distritos mineros.

Desde el sector empresarial, Omar Osma, presidente de Collective Mining, consideró que los distritos no son necesarios para desarrollar procesos mineros. Agregó que el gobierno actual no encontró un ambiente propicio para implementar este modelo, debido a la necesidad de adelantar procesos de concertación con las comunidades.