Campesinos califican de “absurdo” el programa “Precio Justo” de Claudia Sheinbaum al dejar fuera a más de dos millones de productores de maíz, alertando por un aumento histórico en la importación de alimentos

Campesinos califican de “absurdo” el programa “Precio Justo” de Claudia Sheinbaum al dejar fuera a más de dos millones de productores de maíz, alertando por un aumento histórico en la importación de alimentos | Cuenta de X @columbalopezg, Archivo GH

MÉXICO.- El nuevo programa federal “Precio Justo” para el maíz enfrenta severos cuestionamientos por parte del sector agrícola nacional, cuyos dirigentes califican la estrategia como una “política absurda” e ineficaz. De acuerdo con un reporte periodístico del diario El Financiero, elaborado con despachos de la agencia de noticias EFE y comunicados de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), el esquema actual abandona las responsabilidades institucionales al dejar fuera a millones de productores.

Mientras el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López, promueve el plan como un avance de bienestar, las organizaciones campesinas denuncian que la cobertura real es marginal y que la fijación de precios sigue bajo el control de los intermediarios.

Para comprender la magnitud de esta inconformidad y su impacto directo en las mesas de las familias mexicanas, es necesario analizar las cifras de exclusión, la dependencia alimentaria del país y la crisis climática que agrava la producción.

La Secretaría de Agricultura entregará hasta 24,000 pesos a productores agrícolas y apicultores mediante el programa Producción para el Bienestar, priorizando tierras de pequeña escala en el sur de México

Más de 61 mil productores participarán en el primer esquema de ordenamiento y comercialización de maíz blanco en México: #PrecioJusto.Conoce más detalles aquí: https://t.co/uAP1q1YG48#TransformandoElCampoMexicano pic.twitter.com/mw5pdJLY0X

La principal debilidad señalada por la UNTA radica en la brecha entre el padrón total de agricultores y los beneficiarios reales del programa para el ciclo agrícola actual. Las cifras oficiales exponen una cobertura insuficiente:

Esta diferencia estadística significa que la gran mayoría de los trabajadores del campo carece de los incentivos oficiales, una situación que ya desató tensiones sociales y protestas de productores en el estado de Sinaloa, quienes exigen mejores condiciones de comercialización y apoyos económicos directos.

El debate gira en torno al uso de jarabe de maíz de alta fructuosa frente al azúcar producida en México. /Reuters

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Álvaro López Ríos, secretario general de la UNTA, argumenta que el diseño del programa perjudica la soberanía alimentaria mediante tres mecanismos específicos:

Los agricultores acusan a la Secretaría de Agricultura de evadir su obligación legal de establecer un precio de garantía formal para el maíz blanco, un instrumento que históricamente otorgaba certeza económica antes de iniciar las cosechas.

Al no existir un precio de garantía generalizado, la definición de los costos de compra queda bajo el criterio de los acopiadores y grandes compradores. Los campesinos señalan que esto convierte el discurso de “buena voluntad” del gobierno en una simulación que favorece la manipulación del mercado.

La dirigencia de la UNTA sostiene que la falta de rentabilidad y el desamparo institucional condenan a los trabajadores agrícolas a un “exilio productivo del campo”, forzándolos a abandonar la siembra por falta de garantías económicas.

Fotografía cedida este viernes por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que muestra a un campesino en un cultivo de cebada, en un campo de Ciudad de México (México). EFE/ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

(Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural/EFE/ Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)