Air-e, en la lupa de entes de control por posible corrupción

La Procuraduría y la Fiscalía avanzan en distintas investigaciones sobre actuaciones durante los casi dos años de intervención de la empresa. El capítulo más reciente corresponde a un contrato por hasta $1 billón con una firma china. También se indagan presuntos sobrecostos y otras posibles irregularidades.

En mayo de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas y Energía de ese momento, Edwin Palma, participaron en China de una visita de Estado que ha vuelto a la palestra pública ante la firma de un contrato entre la empresa Air-e, intervenida actualmente por la Superintendencia de Servicios, y China National Machinery Export & Import Corporation (CMC) para financiar obras de infraestructura eléctrica por hasta un billón de pesos en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, en el marco de esa visita se dio el primer acercamiento de la compañía china con el Gobierno colombiano. Así quedó constatado en un informe del Ministerio de Minas y Energía a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Defensa y Seguridad Nacional del Congreso de la República, en el cual se indicó que CMC fue una de las 40 empresas chinas que participó en un foro empresarial que fue organizado por la Oficina de ProColombia en Beijing y la Embajada de Colombia en China, en el cual participó el entonces ministro Palma con el fin de “fortalecer la promoción de proyectos energéticos colombianos ante potenciales inversionistas y socios estratégicos del país asiático”.

En dicho informe también se deja por sentado que Palma presentó “el portafolio de proyectos del sector minero-energético, destacando aquellos susceptibles de recibir apoyo financiero a través de mecanismos de cooperación internacional o inversión privada”.

Todo parece indicar que una de las iniciativas incluidas en ese portafolio estaba relacionada con las necesidades de mejoramiento de la infraestructura eléctrica de Air-e, un diagnóstico que Palma conocía de primera mano tras haber ejercido como agente interventor de la compañía.

A partir de ese primer acercamiento se habría abierto el camino para las conversaciones que posteriormente derivaron en el acuerdo entre Air-e Intervenida y CMC. De acuerdo con la propia empresa de energía, el proceso de negociación se extendió por casi un año, hasta la suscripción del contrato anunciada el pasado 26 de agosto.

La firma del contrato entre Air-e Intervenida y CMC no solo ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acceder a recursos para financiar las obras que requiere la infraestructura eléctrica del Caribe, sino que ha ahondado las alertas ante la crisis financiera de la empresa.

De acuerdo con expertos del sector energético, la falta de claridad frente a las condiciones del acuerdo podría profundizar las dificultades que atraviesa la compañía, particularmente si las obligaciones derivadas de la operación terminan comprometiendo su patrimonio, sus ingresos futuros o la capacidad de pago de una empresa cuya intervención tiene fines liquidatorios.

La Procuraduría General de la Nación ya puso la lupa sobre el negocio y requirió a Air-e que entregue una copia del contrato y de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y de riesgos que soportaron su estructuración, negociación y firma.

También pidió conocer el esquema de financiación, el origen de los recursos, las garantías, las fuentes de pago y los mecanismos que eventualmente se hayan establecido sobre activos, ingresos o derechos económicos de la compañía.

En un segundo requerimiento, dirigido a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el Ministerio Público pidió establecer si la entidad conoció previamente las negociaciones con CMC y si el agente especial informó formalmente las condiciones y compromisos patrimoniales derivados del negocio.

Uno de los puntos centrales de la indagación está precisamente en determinar qué impacto tendría el contrato sobre las finanzas de Air-e. En ese sentido, la Procuraduría pidió a la Superservicios explicar qué evaluación ha realizado sobre el patrimonio, el nivel de endeudamiento, el flujo de caja, la capacidad de pago y la sostenibilidad financiera de la empresa. También preguntó por las garantías y fuentes de pago, incluyendo una eventual afectación de activos, infraestructura eléctrica, ingresos tarifarios, cuentas por cobrar o derechos económicos futuros.

Asimismo, la Procuraduría busca establecer cómo encaja una obligación con una vigencia anunciada de 60 meses dentro de la eventual solución empresarial de la compañía. En particular, pidió explicar qué ocurriría con las obligaciones adquiridas si termina la administración temporal, llega un nuevo operador o inversionista, se transfieren activos, se reorganiza la empresa o se ordena su liquidación.

Además, solicitó conocer si los proyectos que serían financiados ya están incluidos en los planes de inversión reconocidos o susceptibles de reconocimiento regulatorio y qué efecto podría tener el negocio sobre las tarifas que pagan los usuarios.

En ambos casos, la Procuraduría estableció un plazo de cinco días hábiles para recibir la información y los respectivos soportes. Es de anotar que este medio ha conocido que el Ministerio Público no descarta solicitar el apoyo de la Contraloría General de la Nación para poner en marcha una auditoría forense. En medio de ese proceso se podría dar una inspección a las oficinas de la empresa para conocer mayores detalles del acuerdo comercial.