Cadena perpetua

El fallo y sentencia de una corte de Nueva York en contra de Ismael El Mayo Zambada cierra un primer capítulo respecto a su traslado, llegada, arresto y juicio. Sin embargo, quedan muchas preguntas aún por responder.

Al aceptar los cargos y la sentencia, ¿se cierra cualquier posibilidad de negociación?

Es decir, información valiosa, jugosa para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos a cambio de beneficios para El Mayo.

Y la respuesta es que no necesariamente. Recordemos que el sistema de justicia de Estados Unidos ofrece beneficios y privilegios carcelarios y de sentencia (reducida y acomodada a prisiones de menor rigor) a cambio de información.

Su red de contactos, su sistema de producción e internación de estupefacientes a los Estados Unidos y muchos temas adicionales, detalles técnicos de personas, redes, contactos del lado americano, flujo del dinero. Todo esto sirve a las agencias americanas para aprender el sistema y hacerse de instrumentos eficientes y útiles para combatirlo.

Pero además está lo político. A diferencia de gobiernos estadounidenses del pasado, que se concentraban mayormente en la red, su operación, los dineros y contactos, al gobierno de Trump le interesa esencialmente la protección política que desde gobiernos mexicanos han recibido las redes del crimen organizado.

La principal disputa con Claudia Sheinbaum y su gobierno el día de hoy no es por las diferencias técnicas del acuerdo comercial y las tarifas de aranceles en qué líneas productivas, sino por los narcopolíticos y la protección que el gobierno de México les ha brindado.

Siempre ha existido la “cooperación” o “protección” de gobiernos estatales y municipales al narcotráfico en México. Desde tiempos del PRI y, sin duda, después durante los gobiernos del PAN. Ahí está el aún controvertido caso de Genaro García Luna con una condena de 34 años de cárcel.

Los gobernadores se hacían de la vista gorda, recibían dinero a cambio de su parcial ceguera y los grupos operaban. Sucedió en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua y tantos otros.

Muchos años se habló del Ejército mexicano infiltrado. Las agencias americanas señalaban infiltraciones por parte del narco, como militares de alto rango involucrados con los cárteles. El inolvidable caso de Jesús Gutiérrez Rebollo, para no ir más lejos.

De ahí que en la última década y media muchos operativos en México con información e inteligencia de Estados Unidos hayan sido depositados en la Marina, como una corporación, menos “penetrada” por los grupos de narcotraficantes.

¿Por qué hoy hay un señalamiento preciso del FBI, la DEA y el Departamento de Justicia en contra de políticos mexicanos? ¿Qué es diferente al pasado?

Una hipótesis de los expertos es la cuantía. No sólo han crecido las cantidades de drogas, sino que se han diversificado las líneas de negocio: mariguana, cocaína, heroína, metanfetaminas y el mortal fentanilo entre las actividades de los cárteles.

Otra es que hoy hay más políticos mexicanos involucrados con cárteles en estados donde no existía una tradición de narcotráfico habitual como Sinaloa. Ahora hay cárteles en Tabasco (La Barredora) o en el Estado de México y hasta en Chiapas, aunque muchos señalan que son subgrupos o células asociadas a las grandes organizaciones dominantes (CJNG, Cártel de Sinaloa, etcétera).

Lo cierto es que la sentencia de El Mayo no elimina por completo las preocupaciones —evidentes a los ojos de México entero— del expresidente López Obrador por lo que Zambada pudiera contar.