México: entre Trump y Rocha Moya

En el primer minuto del sábado, hora de Washington, entraron en vigor los aranceles de 50 por ciento sobre cerca de 20 mil millones de dólares en productos canadienses. Unas horas antes, en Culiacán, Rubén Rocha Moya había retomado la gubernatura de Sinaloa tras 112 días de licencia.

Son dos hechos separados por más de 3 mil kilómetros y aparentemente desconectados. Pero juntos ayudan a entender el terreno sobre el que México tendrá que negociar con Estados Unidos en los próximos meses.

Canadá hizo casi todo lo que aconsejaría el manual de un negociador prudente. Hace un año retiró la mayor parte de sus represalias arancelarias contra Estados Unidos. En las últimas semanas negoció intensamente con el equipo de Jamieson Greer y llegó a trabajar sobre un borrador que, según los trascendidos, reducía a 25 por ciento los aranceles al acero y al aluminio canadienses y a 15 por ciento los aplicados a sus automóviles.

Es decir, prácticamente las mismas concesiones que México lleva meses buscando para esos sectores.

Greer acusó a Ottawa de negarse a firmar en los términos pactados días antes. El primer ministro Mark Carney respondió que las condiciones eran injustas y anunció represalias “dólar por dólar”. Los nuevos gravámenes entraron en vigor amparados en la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, un instrumento punitivo que ningún presidente estadounidense había utilizado en casi un siglo.

El episodio deja al menos dos lecciones que deberían estudiarse cuidadosamente en la Ciudad de México.

La primera es que, con esta Casa Blanca, los acuerdos preliminares no son acuerdos. Son fotografías de un instante que pueden borrarse en cuestión de horas.

La segunda es todavía más importante: las concesiones pueden comprar tiempo, pero no necesariamente certidumbre.

Si Canadá, el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de realizar importantes concesiones, terminó enfrentando el arancel máximo, el margen de cualquier otro negociador es probablemente menor de lo que se admite en público.

Mientras los negociadores canadienses apuraban las últimas horas, Rocha Moya anunció su regreso al gobierno de Sinaloa. Argumentó que la FGR no encontró “los mínimos elementos de prueba” en su contra.

Pero conviene separar esa afirmación de lo que sí sabemos: la acusación de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York sigue vigente y Washington no ha retirado los cargos; la solicitud de detención con fines de extradición no se ha ejecutado; la Secretaría de Gobernación calificó el regreso como una “decisión personal” y señaló que las investigaciones continúan abiertas; y 23 gobernadores del propio oficialismo le pidieron actuar con “madurez y responsabilidad”.

La reacción estadounidense fue igualmente significativa. El Departamento de Estado recordó que el Cártel de Sinaloa “no podría operar sin la ayuda de funcionarios corruptos”.

El problema para México no consiste en suponer que Washington convertirá automáticamente el caso Rocha en un argumento arancelario. Consiste en algo más complejo.

Su regreso proporciona un argumento adicional a quienes en Washington sostienen que México no está haciendo lo suficiente para desmontar las redes políticas e institucionales que permiten operar a las organizaciones criminales.

Y eso ocurre justo cuando Trump acaba de demostrar con Canadá que está dispuesto a utilizar al máximo la enorme asimetría que existe entre Estados Unidos y sus socios comerciales.