La violencia criminal y la violencia política en Michoacán han sido desde hace años fenómenos críticos –al parecer, intratables–. Una variable clave para entender esta situación es la fragmentación extrema de las organizaciones criminales que operan en el estado. Hay alrededor de 70 grupos criminales, empezando por algunas de las células más agresivas del CJNG, como Los Rs –la milicia que ha sido señalada por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan–, y Los Guerrero, compadres de El Mencho, asentados en Tanhuato. Entre los rivales del CJNG cabe destacar a Cárteles Unidos, cuyo líder, El Abuelo Farías, es uno de los principales blancos de la DEA. También en contra del CJNG están ahora Los Viagras, una organización que se ha especializado en la extorsión a productores agrícolas y que recientemente se ganó la distinción de ser designada como terrorista. Mención aparte merece Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, del Cártel de Zicuirán, que ha permanecido intocable por años, se dice que gracias a sus buenas relaciones en el gobierno. La lista sigue.
Esta multiplicidad de grupos y de líderes criminales lleva años enfrascada en una cambiante guerra de todos contra todos. Los Viagras y el CJNG, por ejemplo, sostuvieron por años un sangriento conflicto, hasta que formaron una alianza circunstancial en 2023 (ambos con la idea de exterminar primero a Cárteles Unidos). Sin embargo, tras la muerte de El Mencho, Los Viagras intentaron apropiarse de plazas del CJNG y la alianza se disolvió.
La tragedia de Michoacán es que la densidad de organizaciones criminales es tan alta –y los conflictos tan feroces– que los constantes arrestos no parecen servir de nada. En cuanto el gobierno logra neutralizar a una célula, otra ocupa su lugar de forma casi inmediata. Peor todavía, en un contexto tan incierto y tan riesgoso, la reacción de los criminales ante los operativos no es el autocontrol. No se esconden ni intentan mantener un perfil bajo. Por el contrario, llevan la violencia al límite.
En los últimos días tuvimos un ejemplo. El 1 de agosto fue detenido Alfonso Fernández Magallón, alias Poncho La Quiringua, uno de los principales socios de El Abuelo Farías al interior de Cárteles Unidos. Tras el arresto se produjeron inmediatamente bloqueos e incendios por parte de comandos armados en Los Reyes y municipios aledaños. Pero no solo eso, en esos mismos días circuló el rumor de que el propio Abuelo Farías sintió pasos en la azotea y habría ofrecido una recompensa millonaria para quien le diera información sobre los agentes de inteligencia militar, así como sobre el personal de agencias estadounidenses, desplegados en Michoacán.
El 5 de agosto el Departamento de Agricultura de Estados Unidos suspendió temporalmente las inspecciones y, con ello, las exportaciones de aguacate michoacano hacia territorio estadounidense. La medida se activó tras una alerta formal de seguridad emitida por la propia administración de Donald Trump, que citó una “amenaza” contra el personal de inspección fitosanitaria. Fue necesaria la intervención directa de la presidenta Sheinbaum, quien anunció el refuerzo de la seguridad en zonas aguacateras –con mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional– y ofreció resguardo directo a los inspectores estadounidenses. Con esos compromisos, Washington acordó reanudar parcialmente las inspecciones el sábado pasado.
El Abuelo Farías se pasó de la raya. Si efectivamente tuvo la ocurrencia de andar ofreciendo recompensas por información de militares mexicanos y de agentes de Estados Unidos, sospecho que sus días están contados. Sin embargo, su falta de prudencia no es una mera excentricidad. En contextos tan revueltos como el de Michoacán, la violencia de las organizaciones criminales deja de ser instrumental y tiende a volverse demostrativa. Se ataca al Ejército, se bloquea una autopista o se conspira para asesinar agentes de la DEA, no con un objetivo concreto, sino para proyectar poder.
Lo peor es que en los próximos meses habrá un factor adicional de inestabilidad en Michoacán. En 2027 se elegirá gobernador y alcaldes en los 113 municipios del estado. De forma previsible, como ha pasado en los últimos procesos electorales, la guerra de todos contra todos se trasladará a la arena política. Ojalá me equivoque, pero, como están las cosas, es difícil imaginar un escenario en el que las elecciones terminen bien: sin que los criminales impongan a sus gallos en las boletas y sin candidatos amenazados o asesinados.
Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.
