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Zapatero aprobó en 2005 un código ético que prohibía a altos cargos aceptar regalos valiosos y estipulaba que debían pasar a Patrimonio del Estado.
La UDEF halló 103 joyas, valoradas en más de 1,3 millones de euros, en la caja fuerte de Zapatero, quien deberá explicar su origen ante el juez Calama.
Zapatero está imputado por tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando, y deberá acreditar documentalmente el origen y fecha de las joyas.
El caso ha reabierto el debate sobre la costumbre entre ministros de quedarse con regalos oficiales, pese a la normativa existente.
José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, tras llegar a la Moncloa, un código ético que prohibía a todos los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración aceptar regalos de gran valor, como las joyas con rubíes y diamantes que la UDEF halló en su caja fuerte.
El documento fue aprobado el 3 de marzo de 2005 por el Consejo de Ministros, presidido entonces por Zapatero, y lleva por nombre "Código de buen gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado".
El primer artículo del Código estipula que la actuación de los citados cargos debe regirse por los "principios éticos" de "integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad, austeridad y honradez", entre otros.
Su artículo 3.6 determina que deberán "rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía".
"En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional", agrega el documento, "se incorporarán al patrimonio del Estado", según lo regulado en la Ley 33/2003.
Según la versión ofrecida por el entorno de Zapatero, buena parte de las 103 joyas incautadas por la UDEF proceden de una herencia familiar que recibió su mujer, Sonsoles Espinosa, aunque otras podrían proceder de regalos que recibió en algunos viajes.
El portavoz de Zapatero, Luis Arroyo, habló de las "joyas de la abuela" y aseguró que un "experto" las había tasado en "entre 30.000 y 50.000 euros".
El informe pericial encargado por el juez José Luis Calama ha cifrado ahora su valor en más de 1,3 millones de euros.
El expresidente está citado a declarar ante el juez Calama la próxima semana, los días 17 y 18 de junio: entonces deberá dar explicaciones sobre el origen de estas alhajas.
Ya está imputado por cuatro delitos: tráfico de influencias, blanqueo, delito fiscal y contrabando (por incumplir la obligación de declarar las joyas ante Hacienda, al introducirlas en España).