La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, en rueda de prensa.
JCCM
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado este martes el primer paso para aprobar una nueva Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas que permitirá catalogar como estratégicos proyectos empresariales desde un millón de euros de inversión y cinco empleos directos cuando se desarrollen en municipios de hasta 5.000 habitantes.
La norma, que encara ahora su tramitación parlamentaria con el objetivo de aprobarse en las Cortes regionales "antes de final de año", establecerá además una vía excepcional para proyectos que no alcancen esos mínimos pero tengan un impacto relevante en la región.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha explicado que el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de ley, cuyo objetivo es crear un marco de tramitación permanente, acompañamiento, asesoramiento y seguimiento para las inversiones que reciban la declaración de estratégicas.
La nueva regulación establece diferentes umbrales en función del tamaño del municipio donde vaya a instalarse la inversión. Así, en localidades de más de 30.000 habitantes serán necesarios 10 millones de euros y 30 empleos directos.
El mínimo baja a 7,5 millones y 20 empleos en municipios de entre 20.001 y 30.000 habitantes; a cinco millones y 15 empleos entre 10.001 y 20.000 habitantes; y a tres millones y diez empleos entre 5.001 y 10.000 habitantes. En los municipios de hasta 5.000 habitantes, el umbral se sitúa en un millón de euros y cinco puestos de trabajo directos.
La norma también contempla que el Consejo de Gobierno pueda declarar estratégicamente un proyecto que no cumpla esos umbrales cuando considere que puede generar un "impacto relevante" en Castilla-La Mancha.
Entre los criterios que podrán justificar esta declaración excepcional figuran el carácter innovador del proyecto, la generación o ampliación de cadenas de valor, la mejora de la competitividad, la creación o mantenimiento de empleo significativo o un avance tecnológico relevante para la industrialización regional.
La declaración no estará limitada a un único ámbito económico. El anteproyecto contempla actividades industriales, agricultura, energía y agua, construcción, comercio, logística, hostelería, producción audiovisual y servicios sociales, entre otros sectores.
Franco ha señalado que las inversiones serán consideradas estratégicas atendiendo a criterios de crecimiento económico, generación de empleo, riqueza, competitividad, sostenibilidad, economía social y cohesión territorial.
Una de las consecuencias de obtener esta consideración será que los proyectos podrán beneficiarse de tramitación preferente y reducción de plazos, además de acceder de forma prioritaria a programas de ayudas y a declaración de interés regional.
La solicitud para obtener la declaración, cuando sea planteada por los propios proyectos, deberá resolverse en un plazo de tres meses.
El anteproyecto incorpora además dos novedades que la consejera ha destacado expresamente. La primera es la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que ampliarán las actuales Unidades de Acompañamiento Empresarial creadas con la Ley de Proyectos Prioritarios de 2020.
La segunda será la creación de una Comisión de Valoración de Inversiones Empresariales Estratégicas, presidida por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y con representación de los departamentos del Gobierno regional relacionados con la atracción empresarial. La futura ley será aplicable a inversiones de capital regional, nacional e internacional.
Incorpora además dos novedades que la consejera ha destacado expresamente. La primera es la creación de Unidades de Acompañamiento y Financiación en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, que ampliarán las actuales Unidades de Acompañamiento Empresarial creadas con la Ley de Proyectos Prioritarios de 2020.
