Turismo, agricultura, puertos, energía y manufactura enfrentan riesgos que pueden comenzar antes de que un ciclón toque tierra y prolongarse mucho después de que el fenómeno se disipe.
Turismo y agricultura, entre las actividades más expuestasIlustración: El Economista
Septiembre y octubre representan el periodo históricamente más crítico de la temporada de ciclones tropicales para México. De los 270 sistemas que impactaron algún punto de las costas del país entre 1971 y 2020, 99 lo hicieron en septiembre y 69 en octubre, por lo que ambos meses concentraron en conjunto 62.3% de los impactos registrados durante esos 50 años, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El escenario de 2026 agrega otros elementos de riesgo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una actividad ciclónica superior al promedio en el Pacífico, con entre 18 y 21 sistemas con nombre, mientras que las lluvias tendrían un nuevo repunte durante septiembre y octubre. Además, entre las entidades con mayor incidencia histórica de impactos aparecen Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.
A ello se suma El Niño. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó el 3 de septiembre que el fenómeno ya se encuentra consolidado y continuará fortaleciéndose, con una probabilidad cercana a 100% de persistir tanto entre septiembre y noviembre de este año como de diciembre de 2026 a febrero de 2027. El organismo prevé que alcance una intensidad muy fuerte antes de su máximo hacia finales del año.
Sin embargo, la amenaza para la economía mexicana no puede medirse únicamente por el número o categoría de los huracanes. Una cancelación hotelera, la suspensión de operaciones en un puerto, una cosecha dañada, un corte eléctrico o la interrupción de una carretera pueden trasladar los efectos desde las costas hacia empresas ubicadas a cientos de kilómetros.
Para Bernardo Bastien-Olvera, investigador de la UNAM especializado en cambio climático y sus impactos sociales y económicos, el problema surge cuando los choques climáticos golpean a sociedades y actividades productivas que ya presentan condiciones de vulnerabilidad.
En entrevista con El Economista, el especialista explicó que estas condiciones preexistentes pueden amplificar los efectos de fenómenos extremos y convertir un evento climático en un problema con consecuencias económicas y sociales de mayor alcance.
La concentración de infraestructura y actividad económica en los destinos costeros convierte al turismo en uno de los sectores donde los efectos de un ciclón pueden hacerse visibles con mayor rapidez.
Quintana Roo, uno de los cinco estados con mayor incidencia histórica de impactos ciclónicos, contaba a junio de este año con 1,479 establecimientos de hospedaje y 140,592 habitaciones. Sólo Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, concentraba 215 establecimientos y 47,344 cuartos, según la Secretaría de Turismo federal.
Pero el costo para un hotel puede comenzar incluso antes de que el fenómeno llegue.
Claudio Guerrero, gerente de Restaurantes del Hotel Kempinski Cancún, explicó en entrevista con El Economista que desde que aumenta la probabilidad de un impacto pueden aparecer cancelaciones, modificaciones de vuelos o huéspedes que deciden abandonar anticipadamente el destino. Al mismo tiempo, los establecimientos comienzan a movilizar mobiliario, proteger instalaciones y preparar al personal.
Si posteriormente existen afectaciones, se acumulan dos tipos de presión: el ingreso que dejó de generarse mientras la actividad estuvo suspendida y los recursos necesarios para reparar la infraestructura.
La agricultura presenta una exposición diferente. Bastien-Olvera la ubica entre las actividades particularmente sensibles porque los cultivos dependen directamente de las condiciones meteorológicas, mientras que los trabajadores agrícolas también están expuestos a calor extremo y otros eventos.
El riesgo adquiere relevancia en estados con alta producción agroalimentaria. Sinaloa, por ejemplo, está entre las entidades con mayor incidencia de ciclones y produce más de 12 millones de toneladas de alimentos con un valor superior a 80,000 millones de pesos, de acuerdo con Agricultura.
