El costoso subsidio al desorden en la CDMX

La pregunta pertinente en la Ciudad de México no es si hemos resultado afectados por alguna marcha, bloqueo o plantón, sino cuántas veces esta misma semana nos han afectado este tipo de manifestaciones que han encontrado, en la renuncia de la autoridad, un modus vivendi. El gobierno capitalino, de la mano del federal, ha decidido pasar a los ciudadanos la factura del subsidio al desorden, al confundir la “no represión” con la pura ausencia de autoridad.

Hay una regla básica en la economía: las personas responden a los incentivos y las instituciones definen las reglas del juego. En la Ciudad de México, los grupos pequeños o gremiales descubrieron que bloquear las calles les genera un beneficio enorme a un costo personal prácticamente nulo; mientras que millones de ciudadanos, incapaces de una acción colectiva, sufren afectaciones diversas: desde perder dos horas de su vida en el tráfico o cancelar una cita de trabajo, hasta ver mermadas las entregas comerciales en una larga lista de consecuencias personales en todos los rangos de daño y afectación.

La incapacidad social para organizarse y señalar directamente la responsabilidad del gobierno de Clara Brugada o de Claudia Sheinbaum ha permitido que esos pequeños grupos sí tengan la fuerza del chantaje a la autoridad. Un caso evidente se ha dado durante estos últimos días con la protesta de repartidores por aplicación contra los nuevos controles de emplacamiento e identificación. Aunque esta medida buscaba frenar el uso de motocicletas en asaltos y agresiones, la parálisis vehicular en diferentes zonas de la ciudad dobló a la autoridad. El mensaje del gobierno es nefasto: bloquear las calles para evitar cumplir las reglas de seguridad pública es un negocio muy rentable en la CDMX.

Bajo la visión electorera del régimen, hay votos que cuidar y hay que evitar que las cámaras capten cualquier actuación de la autoridad para restablecer el orden; pero en la realidad económica, la certidumbre de las reglas es el pilar para que cualquier mercado funcione. Cuando el Estado abandona su obligación de garantizar la libre circulación, eleva el costo de hacer negocios. Es un impuesto invisible que asfixia a los ciudadanos y a los pequeños comercios, que frena la logística urbana y desperdicia millones de pesos en combustible y horas de trabajo perdidas.

El peligro de este esquema perverso de anarquía impulsada por la omisión oficial va más allá de las consecuencias financieras. Cuando el gobierno abandona la custodia de las calles, los ciudadanos, atrapados y desesperados, terminan por explotar en enfrentamientos directos con los manifestantes. Ese es el síntoma de un vacío de autoridad que arriesga la paz social.

Tolerar el cierre de vialidades bajo cualquier pretexto no es una postura progresista -ni pedir la aplicación del derecho al libre tránsito es una postura intransigente-; es una renuncia al Estado de derecho que frena la productividad de la ciudad y del país. Mientras las leyes funcionen dependiendo la capacidad para estrangular el tráfico, el costo de la impunidad se pagará todos los días; porque, además, ese es el piso para permitir otros delitos de mayor impacto con la patente de corso, como usar impunemente motocicletas no regularizadas para cometer toda clase de ilícitos.

En la Ciudad de México, los grupos pequeños o gremiales descubrieron que bloquear las calles les genera un beneficio enorme a un costo personal prácticamente nulo.

Su trayectoria profesional ha estado dedicada a diferentes medios. Actualmente es columnista del diario El Economista y conductor de noticieros en Televisa. Es titular del espacio noticioso de las 14 horas en Foro TV.

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