Hacia un Consejo Fiscal Independiente que devuelva confianza a la inversión

La discusión sobre la sostenibilidad fiscal es una conversación sobre el futuro productivo de México. Las recomendaciones recientes del Fondo Monetario Internacional coinciden con propuestas que desde Coparmex hemos planteado con insistencia: reducir el endeudamiento, mejorar la calidad del gasto y crear un Consejo Fiscal Independiente que aporte transparencia y previsibilidad a la conducción de las finanzas públicas.

La economía mexicana enfrenta el doble desafío de elevar su potencial de crecimiento y, al mismo tiempo, colocar la deuda en una trayectoria sostenible. Las proyecciones de crecimiento moderado para 2026 y 2027 obligan a priorizar la eficiencia del gasto público y a evitar que el endeudamiento se convierta en el mecanismo por defecto para financiar el desarrollo. Gastar más no es la solución; gastar mejor sí lo es.

Un Consejo Fiscal Independiente es una herramienta para generar confianza. Con autonomía técnica, este órgano evaluaría los supuestos macroeconómicos de los Paquetes Económicos, monitorearía riesgos fiscales y ofrecería análisis públicos sobre la evolución de la deuda. Esa transparencia reduce la incertidumbre y, por ende, el costo del capital. Inversores nacionales y extranjeros necesitan reglas claras y evaluaciones imparciales que permitan planear a mediano y largo plazo.

La calidad del gasto debe ser el centro de la política fiscal. México requiere una revisión rigurosa de programas de bajo impacto, la eliminación de duplicidades y la priorización de inversiones que elevated la productividad: infraestructura logística, energía competitiva, conectividad digital y capital humano. La evaluación de resultados debe dejar de ser una aspiración para convertirse en una práctica cotidiana, con indicadores públicos y metas vinculantes.

La inversión privada será el motor que permita cambiar recursos en empleos formales y en mayor valor agregado. Pero la inversión no llega por decreto: llega cuando hay certidumbre jurídica, infraestructura suficiente y reglas estables.

Por eso, las recomendaciones del FMI sobre reducción de obstáculos regulatorios y fortalecimiento institucional son complementarias a la agenda fiscal: la sostenibilidad macroeconómica y la competitividad estructural deben crecer de la mano.

Reducir el déficit y ordenar la deuda no puede significar recortes indiscriminados que afecten la inversión productiva o la protección social. La consolidación fiscal debe ser inteligente: priorizar gasto que multiplique la productividad y proteger programas que fomenten capital humano y cohesión social.

Ese equilibrio exige una hoja de ruta técnica, pública y con plazos claros, donde el Consejo Fiscal Independiente juegue un papel central.

Además, la política fiscal debe articularse con incentivos que promuevan la formalización y la innovación en las MiPyMEs, que son la columna vertebral del empleo en México. Facilitar acceso a crédito para modernización, apoyar certificaciones y promover esquemas de cofinanciamiento público-privado son medidas que, bien diseñadas, elevan la recaudación potencial sin aumentar la carga fiscal sobre quienes ya cumplen.

La sostenibilidad de las finanzas públicas es condición necesaria, no un fin en sí mismo. Su propósito último debe ser crear un entorno donde la inversión productiva florezca, se generen empleos de calidad y las familias tengan más oportunidades.

México tiene recursos, talento y una posición estratégica para aprovechar el nearshoring y atraer capital productivo. Para hacerlo necesitamos una política fiscal responsable, gasto orientado a productividad y un Consejo Fiscal Independiente que devuelva previsibilidad y confianza.

Esa combinación es la que permitirá que la deuda deje de ser un freno y se convierta en un instrumento manejado con prudencia para impulsar un crecimiento sostenido e inclusivo.

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